El gobierno de Javier Milei refuerza desde este viernes su programa para seguir licuando el gasto presupuestario en jubilaciones y pensiones, el cual busca llevar los montos y actualizaciones del haber previsional mínimo a niveles cercanos a una prestación social. Esta semana, el vocero oficial rechazó las versiones que circulaban al respecto, pero lo cierto es que en marzo se relanza la moratoria previsional, con condiciones que pueden llegar a dejar a fuera más de la mitad de los potenciales beneficiarios del programa, dado que, mientras actualiza la cuota a pagar por los adherentes al nivel de la inflación, se redujo a la mitad (en términos nominales) los topes de ingresos y patrimonio que deberán demostrar quienes se inscriban.
Según fuentes oficiales, a noviembre quedaban cerca de 500.000 potenciales inscriptos a la moratoria. El mileismo pretende licuar, como está haciendo con los salarios, los ahorros de las personas en los bancos y las transferencias a las provincias, hasta su desaparición. Con la reducción de los topes patrimoniales que se exige –a contramano de una triplicación de los costos de los hogares—se empuja a los adultos mayores a terminar adhiriéndose a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), creada por el macrismo, dejando ese haber en 107.300 pesos mensuales a partir del 1 de marzo.
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El paquete económico tiene como claro objetivo alcanzar un equilibrio fiscal a cualquier costo este año que le abra las puertas a eventuales desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanzar en el plan dolarizador que sostiene el el mandatario anarco capitalista. La práctica discursiva de La Libertad Avanza es negar el ajuste que está llevando adelante en materia de gasto público, a partir con recortes presupuestario en todas las áreas –menos en el pago de deuda—, licuando el ingresos de las familias. Esta semana el Gobierno, a través de su vocero, desmintió las versiones que publicaban algunos medios colegas sobre intención oficial de convertir las jubilaciones en planes sociales.
Si bien no será de forma directa, las modificaciones en materia jubilatoria, que comienzan a estar en vigencia y que busca introducir próximamente, buscan llevar los haberes a niveles cercanos (aunque lo nieguen) a un beneficio social, impulsando vis a vis la capitalización de los asalariados con altos ingresos en un sistema privado. El FMI viene hace tiempo presionando por el peso de los haberes previsionales en las arcas públicas y la vuelta de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión (las AFJP’s).
Para que te quedes afuera
Desde este viernes comienzan a regir las modificaciones al régimen de moratoria para que quienes no posean 30 o más años de aportes puedan acceder a una jubilación. Entre los cambios más importantes respecto del programa que operativo hasta noviembre último es una actualización de las cuotas en sintonía con la suba del haber mínimo; algo que no resultaría descabellado si no fuera en simultáneo con una reducción nominal en los topes de ingresos. Con el porcentaje de suba del haber jubilatorio definido en un 27,18 por ciento desde marzo, el importe base mensual con el cual se abonan los años de aportes faltantes escalará desde los 13.140 pesos para diez cuotas hasta los 39.419 pesos si son 30 pagos.
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En simultáneo, estableció los parámetros patrimoniales que deberán rendir los potenciales inscriptos desde este viernes. En el caso del ingreso máximo que permitirá acceder al programa, la ANSES estableció por decreto, a contramano del desempeño de los precios internos de la economía, que pase de los 1,9 millones de pesos que regían hasta ahora a 1,07 millones desde este viernes. Además, en el análisis patrimonial se evaluarán los gastos realizados por los aspirantes a ingresar al esquema.
Ese relevamiento se focaliza en los gastos y consumos cuyo promedio mensual correspondiente a los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación, el cual no podrá ser superior al 80 por ciento del valor máximo permitido que habilita el cobro de asignaciones familiares, que equivalen a 861.922 pesos, frente a los 1,5 millones que tenían como tope previo.
Los aspirantes deberán demostrar que poseen inmuebles con valuación inferior a 4,7 millones de pesos, una cifra algo irrisoria que dejará a buena parte de los potenciales inscriptos fuera de carrera. También se reducen los topes máximos en tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor o por la Administración Nacional de Aviación Civil o la Prefectura Naval Argentina o créditos prendarios.
Previo a las elecciones generales, tras la prórroga en la moratoria –a contramano de la exigencia del Fondo—, había más de 370.000 personas con el trámite de jubilación en el marco del Plan de Deuda Previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social. De acuerdo con los cálculos que maneja el organismo, con las condiciones anteriores había un potencial de jubilarse para 800.000 personas. Con el actual recorte, se reduciría a menos de la mitad, esperan desde el organismo que conduce Mariano de los Heros, ex gerente de una la AFJP Nación.
Los programas (anti) sociales
Quienes no ingresen quedarán obligados a aceptar la pensión universal. La PUAM, que lanzó el macrismo en el marco de la Reparación Histórica que puso en marcha para justificar el blanqueo de capitales que iniciaría en simultáneo, implica un haber equivalente al 80 por ciento de la mínima, lo cual representa 107.300 pesos mensuales, un monto cercano a lo que podría ser un plan social.
El cobro por el Potenciar Trabajo se mantiene, luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara que dejarán de actualizarse por inflación, en los 78.000 pesos; mientras que por el Programa Acompañar, para mujeres que sufren violencia de géneros, se pagará desde marzo 202.800 pesos. Es decir, la jubilación podría quedar dentro del rango en que se mueven los programas sociales.
En paralelo, el Gobierno insistirá en la eliminación de la fórmula de actualización jubilatoria con el objetivo de establecer pautas de actualización de manera discrecional; lo que se anticipa será como hasta ahora ajustes por debajo de la inflación, licuando así el gasto de previsional.
Esa erogación había tocado un máximo de 8 por ciento del PIB en 2017 y con la inflación ese gasto se redujo a cerca del 6 por ciento del Producto actual, mientras el Gobierno vuelve a habilitar la posibilidad de una nueva proliferación de fondos de capitalización privados apuntado a sectores de ingresos altos, como en los '90, atentando así contra el actual sistema solidario.
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