La Ley Bases elimina moratoria para bajar futuras jubilaciones de trabajdores informales

El Gobierno circuló en las últimas horas el proyecto modificado de la Ley Bases, el cual contempla reformas estructurales en materia laboral y jubilatoria. Tras la licuación de salarios y haberes que viene aplicando desde diciembre la administración de La Libertad Avanza –a partir de una inflación desbocada e ingresos pisados—, el Ejecutivo busca ahora que el Congreso le convalide el tiro final para los futuros jubilados. Por un lado, se dispuso la eliminación de la moratoria previsional, un plan de pagos para acceder a una jubilación que permitió acceder a este derecho a nueve de cada diez mujeres. En simultáneo, dentro del capítulo laboral, se define un tope a la cantidad de años y en los montos reconocidos de aportes de trabajadores y trabajadoras informales en caso de ser registrados dentro del plan de regularización que propone el Gobierno.

En línea con seguir deprimiendo los ingresos y desfinanciando la Seguridad Social, el proyecto prevé que sólo se reconozca a los trabajadores en negro que sean formalizados –sin importar cuánto hace que trabajan ni cuál es el salario que perciben—hasta cinco años de antigüedad y con un salario mínimo para acceder al haber, el cual permitirá el acceso solo a una Prestación Básica Universal.

En más de una oportunidad el Gobierno rechazó que se buscara reemplazar el actual esquema solidario jubilatorio por una prestación mínima universal y, en todo caso, para quienes pudiesen acceder a un haber mayor, hacerlo con un sistema de capitalización privado. Pero más allá de las declaraciones oficiales, el proyecto de ley confirma que el camino es llevar a los adultos mayores a contar con ingresos de subsistencia (o por debajo de ellos). El cambio propuesto en la fórmula de movilidad fue un anticipo de esa intención, dado que la actualización se circunscribiría al desempeño de la inflación a nivel nacional, descartando cualquier mejora real de los ingresos.

El saqueo se perfeccionaría, a pedido del Fondo Monetario, con la eliminación de la moratoria previsional. En el capítulo X de la Ley Ómnibus se encuentra solamente un artículo, el 274, que solo advierte que deroga la Ley N° 27.705. Esta ley, publicada el 14 de marzo del año pasado, sancionada por el Congreso, creó el "Plan de Pago de Deuda Previsional", tiene por objetivo "el ingreso de aportes previsionales por parte de personas físicas para el acceso a las prestaciones previsionales, en las condiciones que se establecen por la presente ley". Por un lado, se conforma por la Unidad de Pago de Deuda Provisional y por el otro, por la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad, detalladas en la misma normativa.

La moratoria, desde sus inicios, permitió que nueve de cada diez perciban un haber previsional. Sin moratoria y ese reconocimiento, solo el 10 por ciento de las argentinas tendría acceso a la jubilación.

Un blanqueo para oscurece

El gobierno de Javier Milei incorporó en el proyecto de Ley Bases un plan de regularización laboral. El programa establece una amnistía para las empresas por incumplimientos en sus deberes de realizar los aportes patronales. En el proyecto se determina que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. “La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas”, señala el texto oficial.

Este esquema estimula la informalidad laboral, dado que no se penaliza la contratación irregular de trabajadores. “La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al 70 por ciento de las sumas adeudadas”, detalla el proyecto. Esto no sólo tiene efectos negativos en futuras contrataciones sino que además atenta contra la recaudación por Seguridad Social, desfinanciando la caja previsional de los jubilados.

Todavía más opaca es la regulación a la que serán sometidos los trabajadores no registrados. Sin importar cuánto tiempo lleven trabajando ni el salario que perciben después de cierta antigüedad, la iniciativa oficial contempla que “los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta 60 meses (cinco años) de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Este límite será para el cómputo de los años de servicios requeridos para la obtención de la Prestación Básica Universal –deja aquí de hablarse de una jubilación y se refiere un esquema más parecido a un plan social—y para la prestación por Desempleo. Por el contrario Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la Prestación Compensatoria ni de la Prestación Adicional por Permanencia (antigüedad, que está a cargo de las empresas).

Estos límites llevan a que, por el lado del límite de tiempo, la cantidad aportes serán insuficientes para acceder a una jubilación y, tomando en cuenta que sólo se computará el salario mínimo, los aportes solo permitirán un haber mínimo en el futuro. De esta manera, el Gobierno lleva adelante el sueño húmedo de reducir significativamente el gasto presupuestario en jubilaciones y pensiones, convergiendo a la mayoría de los actuales trabajadores a un esquema de prestación mínima (equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, que a marzo se ubica en 174 mil pesos).

“La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, se abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización correspondiente a los subsistemas de la seguridad social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas”, señala el proyecto.

Este esquema regulatorio erosiona los ingresos fiscales, en este caso particular, los referidos a la Seguridad Social. El histórico ajuste –reconocido como tal por el propio presidente Javier Milei—que lleva adelante el equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo tensiona la actividad económica y, por ende, los recursos tributarios futuros. Para el caso de la Seguridad Social, el impacto también pone en riesgo la sustentabilidad del régimen solidario de jubilaciones. El resultado buscado es mostrar un sistema previsional quebrado y un ingreso triunfal, como supuestas salvadoras, de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).