La estrategia del Gobierno para que los jubilados pierdan 20 puntos contra la inflación y no los recuperen

El Gobierno envió al Congreso lo que espera sea el proyecto final de la Ley Bases (ley ómnibus) con varias modificaciones, entre ellas a la fórmula de movilidad jubilatoria. De aprobarse el nuevo texto, los jubilados tendrán actualizaciones mensuales en base a la inflación, pero recién a partir de abril. Esto implica que, entre diciembre de 2023 y marzo 2024, habrán perdido más de 20 puntos de su poder adquisitivo -según un cálculo hecho por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)- y que, si no se suman importantes bonos extras, no los van a recuperar. 

La propuesta no aclara si los bonos que vienen cobrando todos los meses desde septiembre de 2022 los jubilados y pensionados de haberes más bajos serán incorporados a la cuenta base. El vocero presidencial, Manuel Adorni, deslizó que el Gobierno otorgará bonos "en enero y febrero" para sopesar la pérdida del poder adquisitivo. Si fuese un monto similar al de diciembre, también el bono perdería poder adquisitivo. 

La trampa del empalme

El problema de cualquier fórmula es la inflación creciente porque en el cálculo hay un rezago, es decir, un atraso en la captación de los datos de actualización. Según explicó el director del CEPA, Hernán Letcher, "no importa si se actualiza por IPC o por recaudación o por salarios, siempre se actualiza con rezago o demora". La fórmula actual, por ejemplo, actualiza en marzo con datos de octubre a diciembre del año anterior.

Recién en marzo, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento de acuerdo a la evolución de los salarios y la recaudación tributaria acumulada entre octubre y diciembre de 2023. Y en el periodo abril tendrían un ajuste según el IPC “disponible”, o sea el que corresponde a marzo. "Interpreto el periodo abril, no mes de pago. Si es el periodo abril, se paga desde el 8 de mayo y se cierra sobre mediados de abril, cuando se obtiene el dato de la inflación de marzo", aclaró Letcher a este medio.

"La dinámica de una fórmula como la actual e incluso la utilizada por Mauricio Macri es que cuando baja la inflación, sucede el proceso contrario: la fórmula, como toma datos anteriores, se actualiza por encima de inflación y los jubilados ganan", apuntó Letcher. Con el sistema Milei, los jubilados, si bien no perderían con la inflación, tampoco pueden aspirar a ganarle porque solo acompañarían la dinámica de precios.

La trampa es la siguiente: ¿En qué punto se congela la jubilación para que, de ahí en más, se acompañe la evolución de precios? El punto de empalme no incluiría la inflación de enero y febrero en ningún cálculo, franja en la que se espera el pico inflacionario por la devaluación de diciembre. Eso "significa una brutal caída de los ingresos reales", remarcó Letcher.

Considerando en marzo una actualización de movilidad de 35% y utilizando la inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, "los bonos, en el ejercicio, se actualizaron a la par de la movilidad e inflación en cada período", destacaron desde el CEPA. Finalmente, de ocurrir este escenario, "las jubilaciones tendrían un cambio en la fórmula una vez que registren una pérdida de más de 20% en sólo tres meses. Si hoy son el 80% del valor que tenían en 2015, para el mes de abril equivaldrán al 60% del valor de 2015". De allí en adelante actualizarían por inflación. Es decir, no van a poder crecer en poder adquisitivo real, aunque tampoco perdiendo.

Ajuste y falta de sustentabilidad

Al inicio del flamante Gobierno, el Ministerio de Economía reconoció en una planilla oficial que pretende un ajuste del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en jubilaciones y pensiones. Si consigue "comerse" la inflación de ese periodo, podría encontrar en ese empalme la forma de llegar al recorte deseado por Luis Caputo con tranquilidad.

En un contexto en el que se contrae la economía, los salarios reales caen y se destruyen puestos de empleo registrado, una fórmula que siga el Índice de Precios al Consumidor otorgaría un incremento mayor respecto al que brindaría una que incluya salarios y recaudación; sin embargo, también es cierto que, en un contexto de crecimiento económico y recuperación de los salarios, la única forma de que los jubilados y pensionados participen de esa ganancia es a través de la inclusión de esas variables en la fórmula de actualización.

En el bienio 2018-2019 (los últimos dos años de la presidencia de Macri), junto con el cambio de la fórmula de movilidad, los haberes sufrieron una caída en torno al 20% que, sin embargo, no logró borrar del todo las mejoras logradas con la movilidad anterior. La movilidad de la Ley 27.426, compuesta en un 70% por IPC y un 30% por RIPTE, generó severos perjuicios en el poder de compra de los haberes, los desacopló parcialmente de los salarios al reducir su ponderación del 50% al 30% y los desligó totalmente de los recursos provocando grandes deterioros en la situación fiscal del organismo. Es decir, el cambio atentó contra las virtudes de suficiencia, sustitución y sustentabilidad del sistema previsional.

En otras palabras, la actualización vía recaudación y salarios presenta un comportamiento procíclico: los períodos de crecimiento permiten sensibles incrementos de los valores, mientras que, si cae el PBI, suele suceder que impacta negativamente sobre el indicador. Si la meta final de Milei es desterrar la inflación, suspender la Ley de Movilidad tampoco tendría justificación.