“Los jubilados y jubiladas no generan el déficit fiscal”, sostuvo el diputado Máximo Kirchner durante su intervención en la sesión que aprobó la nueva moratoria jubilatoria. Dos días después, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) publicó un informe en el que concluyó que, para robustecer el sistema previsional, el Frente de Todos debería profundizar sus políticas distributivas, revertir la reducción de las alícuotas de las contribuciones patronales pergeñada durante la década de 1990 y atacar de lleno la informalidad. Es decir, un Estado mucho más fuerte, lejos de la posición neoliberal de Cambiemos.
El Gobierno del Frente de Todos (FdT) osciló entre políticas expansivas, sobre todo durante la pandemia, que luego fueron mutando hacia una focalización de las políticas sociales, condicionadas también por el acuerdo con el FMI. No es novedad que la recuperación económica del 2021 (+10,4% promedio anual), sumado al crecimiento del 5,2% durante 2022, “no fueron suficientes para revertir la crisis social provocada por la caída de los salarios reales y el incremento de la desigualdad”, de acuerdo al análisis del CIFRA.
El año pasado, el Poder Ejecutivo implementó un subsidio extraordinario para jubilados y jubiladas durante abril y mayo, luego avanzó con la extensión del plazo de adhesión al régimen especial de regularización de las deudas previsionales (julio), un bono de refuerzo durante septiembre-noviembre y otro para diciembre y enero de este año.
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“Todo esto constituye una recomposición efímera dado que este monto extra no se incorpora a la base de cálculo de la fórmula de movilidad jubilatoria, de allí su carácter extraordinario”. Un escenario similar al debate por la suma fija para elevar el piso salarial de todos los trabajadores y trabajadoras, discusión abandonada por el oficialismo en nombre de la focalización y el acuerdo con el FMI.
Ampliación
Durante el período 2003 – 2015, los gobiernos kirchneristas lograron una expansión de la cobertura previsional de las personas de 65 años o más, que pasó del 65 por ciento en 2002 al 90,8 por ciento durante el último año del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Las diferentes moratorias fueron claves para esta política inclusiva, aunque como contrapartida se redujo la cantidad de aportantes por beneficiarios. En 2015, la relación era de 2 aportantes por cada beneficiario, durante el macrismo se redujo a 1,76 y actualmente dicha relación se ubica en 1,75. Que haya cada vez más monotributistas dentro del universo de “trabajadores registrados” tampoco ayuda.
Por otro lado, el Gobierno de Cambiemos sustituyó la moratoria previsional por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio inferior al del régimen contributivo. De esta manera, “se abandonó la búsqueda por una equiparación de derechos entre trabajadores formales e informales”, analizó CIFRA.
Más Estado
Más allá de los esfuerzos exhibidos, “el FdT no logró una mejoría significativa en los ingresos reales de la mayoría de la población, con un agravamiento de la regresividad en la distribución del ingreso”, puede leerse en el trabajo firmado por Nuria Mendizabal.
La regresividad del poder adquisitivo se explica, en parte, por la remarcación de precios impulsada por los grupos concentrados como forma de expandir su rentabilidad. Otra forma de ver una inflación de casi el 100 por ciento.
“Además de la recomposición real de los haberes jubilatorios y la mejora en la equidad del sistema, también se necesitan mecanismos de inclusión previsional en el marco de un mercado de trabajo formal deteriorado. Aunque la garantía de estos derechos choca con los límites fiscales que impone el acuerdo con el FMI”, concluyó CIFRA.
Como sostuvo Máximo Kirchner, los jubilados y jubiladas no generan el déficit fiscal.
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