No hizo ninguna alusión durante su dilatada exposición del martes, pero en las planillas realizadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, se detalla una serie de recortes presupuestario en términos del Producto para alcanzar el supuesto equilibrio fiscal. Uno de los rubros más sensibles, es el de jubilaciones y pensiones, que se achicará en 20.073 millones de pesos, sin contar con una inflación que el propio titular de Hacienda anticipó que empeorará en los próximos meses.
De acuerdo con la planilla que circuló luego de la alocución de Caputo, se destaca una contracción de 0,4 por ciento en porcentaje del PIB del año próximo, lo que se traduce en casi un congelamiento total de los haberes. Actualmente, el porcentaje de la Seguridad Social representa el 6,7 por ciento del PIB, equivalente a 31.114.312,3 millones de pesos (31,1 billones de pesos). Esto representa también el 46,2 por ciento del Presupuesto.
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El supuesto tijeretazo sobre "la casta" empezará con los adultos mayores. Un 0,4 por ciento, implica 20.079 millones de pesos menos para el año próximo y un congelamiento virtual frente a una inflación que se supone estará por encima del 200 por ciento. De cumplirse esta inercia inflacionaria, el poder adquisitivo de haberes se reducirían en términos reales en más de un 30 por ciento.
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La paradoja es que el proyecto de Presupuesto 2024, presentado por el ex ministro de Economía Sergio Massa, usaba como supuesto que la inflación en el 2023 iba a llegar al 136 por ciento y un gasto previsional del 7,2 por ciento del PIB. Pero Caputo aseguró que se vienen aumentos en los próximos meses mucho mayores. Por esta razón, de nada sirve mostrar reducciones de gasto público y déficits fiscales en porcentaje del PIB para bajar la inflación.
Cambios en la movilidad
Además del recorte, el Gobierno buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral. Mientras tanto definirá aumentos por decreto, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía. Tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, la propuesta deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley.
De parte del equipo económico, la intención pasa por suspender la movilidad jubilatoria que actualmente está prevista por ley. De todos modos, todavía no hay acuerdo dentro de La Libertad Avanza. Esto mantiene en alerta a los adultos mayores sobre si sus haberes se verán perjudicados o no con las medidas liberalizadoras que impulsó el mandatario. El vocero presidencial Manuel Adorni justificó las medidas bajo la idea de "no hay opción".
Dentro del Gobierno libertario dan por sentado que puede aparecer un decreto que anule la ley de movilidad jubilatoria que impulsó Alberto Fernández y que los incrementos a futuro se den directamente por DNU, según considere Milei. El objetivo no es otro que reducir el valor real de las jubilaciones para poder destinarles menos dinero.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50 por ciento del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50 por ciento de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del INDEC.
En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
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