Este miércoles se llevará a cabo una sesión especial en el Congreso para que los diputados traten el proyecto para cambiar la movilidad jubilatoria que presentó semanas atrás la Coalición Cívica, espacio que integra el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. La propuesta se basa en que los haberes se actualicen por inflación a partir de abril, sumado a un incremento del 20,6 por ciento que subsane el desfasaje de enero. Sin embargo, la iniciativa expone debilidades para el mediano y largo plazo.
Con los parámetros actuales y de aplicar la nueva fórmula jubilatoria, el haber mínimo se elevaría a los 162.140,97 pesos con la actualización del 20,6 por ciento de enero. A su vez, si el Índice de Precios al Consumidor de febrero se ubica en el orden del 15 por ciento -como especulan la mayoría de las consultoras privadas-, la jubilación más baja se vería incrementada a los 182.307,76 pesos. Sumado a los bonos ya decretados, hasta la primera mitad del año deberían cobrar alrededor de 250.000 pesos, a menos que el Gobierno dé marcha atrás con esta medida.
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Las consultoras privadas que participaron del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central estimaron una inflación mensual de 14,3% en marzo y para el año de 210,2%. Con una recaudación a la baja, producto del ajuste que lleva a cabo el Gobierno, resultaría poco sostenible pagar subas de esta magnitud y a la vez recortar el gasto sustancialmente.
Por qué la Ley de Movilidad le conviene a los jubilados y a la macroeconomía
Es evidente la vinculación entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional. En este sentido, la inestabilidad macroeconómica, la sucesión de crisis y sus consecuencias en la evolución del PBI y la recaudación, el desempleo, la inflación, los salarios y la formalidad, resultan determinantes para el desempeño de una fórmula de actualización de las prestaciones. En una economía que se contrae y con una inflación que se acelera, no existe fórmula de movilidad que resulte airosa.
En un contexto en el que se contrae la economía, los salarios reales caen y se destruyen puestos de empleo registrado, una fórmula que tenga Índice de Precios al Consumidor otorgaría un incremento mayor respecto al que brindaría una que tenga salarios y recaudación; sin embargo, también es cierto que, en un contexto de crecimiento económico y recuperación de los salarios, la única forma de que los jubilados y pensionados participen de esa ganancia es a través de la inclusión de esas variables en la fórmula de actualización.
En otras palabras, la actualización vía recaudación y salarios presenta un comportamiento procíclico: los períodos de crecimiento permiten sensibles incrementos de los valores, mientras que, si cae el PBI, suele suceder que impacta negativamente sobre el indicador. Si la meta final de Milei es desterrar la inflación, suspender la Ley de Movilidad tampoco tendría justificación.
Aumento a jubilados en abril 2024
¿Cómo funcionarían los aumentos mensuales? El Indec publica la inflación a mediados de cada mes, mientras que la Anses paga las jubilaciones y pensiones desde principios de cada mes. El texto difundido por el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto señala que el aumento será "correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar". Es decir, en abril se pagaría un aumento que replique la inflación de febrero, en mayo se abonaría con los datos de marzo y así sucesivamente. Por una cuestión de difusión de datos, habría un desfasaje de un mes de forma constante.
En otro pasaje del proyecto, el bloque de legisladores remarcó que "en ningún caso la aplicación de la fórmula prevista por el presente artículo podrá producir la disminución de la prestación que percibe el beneficiario”. Así, no se podría suspender el aumento otorgado en marzo por la ley de movilidad vigente.
En la fundamentación del proyecto de ley se argumenta que una de las "peores emergencias" que atraviesa el país es el "padecimiento de los jubilados", quienes se ven afectados de manera significativa por la "escalada de precios en alimentos y medicamentos", y "carecen de alternativas para afrontar tales aumentos".
La norma que ingresó a la Cámara de Diputados lleva las firmas de los legisladores Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, quienes forman parte del la CC que lidera Elisa Carrió. En tanto, Carrió había cargado el miércoles contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por considerar que, con sus políticas económicas, quiere bajar el déficit fiscal con el "hambre de los jubilados".
Casi la mitad del ajuste del primer bimestre lo pagaron los jubilados
De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el acumulado del primer bimestre del año, el gasto primario habría caído un 33,6% interanual. Los rubros de mayor caída real interanual habrían sido: transferencias totales a provincias (-65%), Bienes y servicios (-46%) y prestaciones del Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados (INSSJP), con -39,5%. El gasto más importante, el de jubilaciones y pensiones, habría descendido un 32,6% real interanual, algo menos que la caída real del gasto promedio.
"Una vez más, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43% del total, equivalente a $1.682.000 millones. Le seguirían las transferencias totales a provincias, aportando el 6%, y el gasto salarial con el 5%. El 46% restante del ajuste habría sido distribuido entre los demás rubros", agregó el instituto que dirige Nadín Argañaraz.
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