La narrativa construida por Javier Milei contiene un enemigo inmediato, el déficit fiscal, y uno estructural: el Estado. Pero, sus políticas tienen dos enemigos directos: uno nombrado explícitamente, las mujeres, y otro mencionado con una falsa empatía, los jubilados. Peor aún cuando sabemos que las mujeres también son jubiladas.
Hace semanas, en su visita al colegio donde cursó, el Presidente expresó que su madre no merece cobrar una jubilación por haber sido ama de casa, por haber realizado las tareas de cuidado y del hogar. Ataca a las mujeres para que no haya más moratorias (que benefician mayoritariamente a las mujeres) y condena así una de las políticas públicas más revolucionarias de la últimas décadas: la inclusión jubilatoria de millones de mujeres por parte del kirchnerismo. Utiliza como foco de ataque a las mujeres para quitar derechos al conjunto de la sociedad. Y no es de sorprender, para los anarcocapitalistas, el patriarcado sostiene las tareas reproductivas gratis, sin Estado pero a costa del sometimiento de muchas mujeres.
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La erosión del poder adquisitivo de las jubilaciones ha sido evidente desde el inicio de la gestión de Milei, alimentando críticas y preocupaciones en toda la sociedad. Mientras tanto, las mujeres, que mayoritariamente se encuentran en trabajos informales y de cuidado, se ven doblemente afectadas por las políticas de licuación de ingresos (tanto de sus trabajos como de prestaciones sociales), eliminación de paritarias, y del fin del Estado en actividades tan necesarias como los comedores comunitarios. Y cortar jubilaciones es también alimentar la brecha de género. De hecho, un estudio reciente del Banco Mundial revela que la brecha de género en el mercado laboral informal de América Latina persiste, reflejando desigualdades similares a las del sector formal. Las mujeres, sumidas en tareas de cuidado y con menos tiempo para realizar trabajos remunerados, se ven atrapadas en un "suelo pegajoso" en un contexto de caída del consumo y aumento de precios.
La realidad es contundente: las mujeres están más expuestas a la informalidad laboral, careciendo de acceso a la seguridad social. Si el estado no aparece con políticas públicas de inclusión y de igualdad, esto se acrecienta abruptamente. Según un estudio del año 2022 del Observatorio de violencia y desigualdades por razones de género del extinto Ministerio de géneros y diversidades, la tasa de informalidad laboral en las mujeres era de un 38%, un 4% mayor a la de los varones. Esta cifra respalda la observación del Banco Mundial. A lo que se agrega la segregación horizontal, representada por la abrumadora presencia femenina en sectores como el servicio doméstico (98,5%), la salud (74,6%) y la educación (73%), actividades que se encuentran asociadas a tareas de cuidado, que poseen salarios inferiores y condiciones de trabajo muchas veces con gran grado mayor de informalidad; dicha situación refuerza estas desigualdades, como también señala el estudio del Observatorio de género.
Dentro del régimen por moratorias las mujeres son beneficiarias del 73% del total. Aquí está el meollo del ataque de Milei contra las mujeres, porque mediante dicha política se realizó un reconocimiento del rol fundamental que tienen en el cuidado no solo de sus familias, sino de tareas en el sector informal no reconocidas. Incluso en la última gestión se creó el “reconocimiento de aportes por tareas de cuidado” reconociendo el mismo como un valor para la sociedad, reconociendo un año por cada hijo y modificando la ley de contrato de trabajo considerando el período de licencia de maternidad y excedencia como tiempo de trabajo para el beneficio jubilatorio. Gracias a esta política pública con perspectiva de género y derechos humanos a octubre del 2023 440 mil mujeres lograron el acceso a un beneficio jubilatorio, el 90% de estas accedió también a los planes de regularización de deuda previsional. Un estado que visibilizó las tareas de cuidado con el derecho a una jubilación quiere ser dilapidado por el gobierno actual, desconociendo el rol social del cuidado y el aporte económico que realiza a la sociedad.
Parece extraño tener que reafirmar que las mujeres que han trabajado en su hogar o fuera del mismo sin registro tienen derecho a una jubilación digna. Pero frente a la motosierra y la licuadora, nos vemos obligadas a demostrar que no vivimos de privilegios, sino que son nuestros derechos.
Al mismo tiempo, el gobierno parece ignorar los 52% de inflación acumulada del primer trimestre del año, afectando aún más el poder adquisitivo de los jubilados.
Es imperativo que el gobierno deje de crear falsas narrativas, y cambie totalmente su programa económico. Argentina tiene capacidad económica y fiscal para garantizar derechos. No compremos espejos de colores, no dejemos que nos digan que cuidar no es trabajo, no aceptemos la quita de derechos.
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