¿El ajuste lo paga "la casta"? Los privilegios empresarios y fiscales a salvo de la motosierra

El Presidente Electo propone un recorte del gasto por un 15% del PBI. La promesa pone el foco en trabajadores y partidas sociales, pero evita toda referencia a los contribuyentes VIP que gozan de subsidios y exenciones. Uno por uno, los sectores que parecen blindados frente al ajuste.

26 de noviembre, 2023 | 00.05

El presidente electo, Javier Milei, afirma que el ajuste lo va a pagar solamente "la casta", pero los números duros lo desmienten: para la magnitud de las cifras que propone, es imposible que el recorte no pase por algún tipo de gasto social. La alternativa, en todo caso, sería adoptar la propuesta de eliminación de gastos tributarios que el gobierno envió al Congreso junto al presupuesto 2024.

La plataforma electoral de La Libertad Avanza establecía oficialmente la propuesta de recortar el gasto público por un equivalente a "15 puntos del PBI", algo que Milei en persona reiteró durante la campaña y que el propio partido confirmó en el documento con el "Plan de Gobierno" que distribuyó en la última semana.

¿Qué implica esto? Según el último informe del Indec disponible, el PBI argentino era de 159 billones de pesos a precios corrientes al final del segundo trimestre de 2023. Por lo tanto, lo que plantea Milei es un recorte de unos 23 billones de pesos.

A su vez, el Presupuesto 2024 presentado por la administración saliente (que a todas luces no será aprobado pero sirve como la referencia más actualizada) es de 67 billones de pesos en total. Es decir, según su propuesta, el Presidente Electo planea recortar más de un tercio del gasto público para el año próximo.

¿Podría llevarlo a cabo realizando recortes únicamente a "la casta política"? La realidad es que no. En el Presupuesto 2024 elaborado por el Ministerio de Economía, los gastos de la administración gubernamental sumados, incluyendo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al cuerpo diplomático y a la administración fiscal, entre otros, son en total de solo 3,3 billones de pesos. Dos puntos del PBI. Faltan 13.

Es cierto que parte de lo que resta podría resolverse reabsorbiendo las Leliq, que hoy en día son de en total unos 16 billones de pesos, es decir, unos 10 de los 15 puntos del PBI que Milei quiere recortar. Y, en cualquier caso, un recorte inmediato a través de las Leliq requeriría de una confiscación general de depósitos, equivalente a un Plan Bonex.

"De esos 15 puntos [del PBI para recortar], 10 puntos es la renovación del stock de pasivos remunerados. Es un poco tramposo llamar ajuste a esto, por al menos dos razones. i) es ajuste por inflación; ii) es un monto que si ni siquiera se paga (se acumula en una cuenta), no es lo mismo que cortar jubilaciones", explicó en ese sentido Emiliano Libman, economista de Fundar.

Por dónde puede pasar Milei la motosierra

Aun suponiendo que se lograsen recortar las Leliq, algo improbable al corto plazo, todavía quedarían 8 billones de pesos por recortar, o 4,7 billones una vez recortado el gasto entero de la administración gubernamental nacional (lo que, obviamente, también es de por sí imposible).

En cualquiera de estos casos, una opción teórica que tendría Milei para completar los 15 puntos del PBI sería recortar los gastos en deuda pública, de 6,9 billones de pesos en total. Sin embargo, el Presidente Electo ya aclaró que "se cumplirá con todos los compromisos asumidos" por el Estado, por lo que dejar de pagar la deuda y caer en default no es una posibilidad.

La otra opción sería recortar gastos en defensa y seguridad, pero estas son dos funciones básicas que el Estado debe conservar, según lo entiende el libertario. Y, aun si las recortara, solo representan gastos por 3 billones en total para el año próximo.

La conclusión es que, descartadas estas opciones, solamente quedan otras dos categorías en las que Milei podría recortar el gasto: los "servicios sociales" y los "servicios económicos". Ambas implican tocar directamente el bolsillo de "la gente".

Los "servicios sociales" implican partidas por 45 billones de pesos en total, de los cuales el grueso, unos 35 billones de pesos, son gastos en seguridad social y planes sociales. Si Milei evitara tocar ese ítem, tendría que hacerlo en gastos en salud (por 2,5 billones de pesos) o en educación y cultura (4,8 billones de pesos).

Las demás categorías de servicios sociales (ciencia, trabajo, vivienda y agua) son demasiado pequeñas como para alcanzar por sí solas a cumplir con el recorte de los o bien 8 billones o bien 4,7 billones de pesos necesarios para llegar a los 15 puntos de PBI prometidos.

Al contrario, si eligiera no recortar nada de los "servicios sociales", Milei debería ir por los "servicios económicos", de 8,8 billones de pesos en total. En esta categoría, los únicos ítems significativos son los de energía (4,8 billones de pesos) y transporte (2,7 billones de pesos).

En resumen, Milei se enfrentará al dilema de recortar o bien subsidios en energía y transporte o bien gasto en jubilaciones, salud o educación. Y eso suponiendo que lograra resolver el recorte de las Leliq, lo que luce también improbable.

En caso contrario, si debiera resolver el recorte de los 23 billones de pesos únicamente dentro del Presupuesto, la motosierra tendrá que ser mucho menos quirúrgica y mucho más brutal.

La opción del gasto tributario

Sin embargo, el Presidente Electo tiene en verdad otra opción, que verdaderamente implicaría ajustar a los privilegiados: disminuir el gasto tributario (es decir, lo que el Estado deja de recaudar debido a diferentes exenciones impositivas) que el equipo de Massa en el Ministerio de Economía especificó en la separata anexa al Presupuesto por segundo año consecutivo.

Ese gasto tributario es de 2,34% del PBI. Por sí solo no alcanza, pero, si Milei lograra resolver la "bola de las Leliq", atendiendo a este gasto tributario podría proceder a realizar un recorte mucho más quirúrgico del gasto en áreas sociales, evitando tocar las partidas más delicadas.

El problema es que buena parte de ese gasto, por un 0,93% del PBI, está destinado a beneficios de tres sectores privilegiados, en los cuales el equipo económico saliente había recomendado poner el foco.

En primer lugar, los jueces, beneficiados con la exención del impuesto a las ganancias excepto para los nombrados tras 2017. Este ítem supone dejar de recaudar un 0,16% del PBI (equivalente a 566.877 millones de pesos).

En segundo lugar, los CEOs, que están eximidos de pagar el IVA sobre los honorarios que reciben. Este gasto tributario representa el equivalente a un 0,29% del PBI, es decir, 1,02 billones de pesos.

Y, en tercer lugar, los ruralistas, ya que los inmuebles rurales están exentos de pagar el impuesto sobre los bienes personales. Se trata de un gasto tributario equivalente al 0,48% del PBI, es decir, 1,69 billones de pesos.

Milei tiene la verdadera opción de recortar gastos destinados a los privilegiados. Si no, deberá decidirse entre ajustarle profundamente a "la gente" o incumplir su promesa de campaña. Falta poco para averigua cuál camino elegirá.

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