Tarjetas, alquileres, prepagas: se multiplicaron los reclamos por el impacto de la desregulación en la economía familiar

Desde hace ocho meses está vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que desregula un sinnúmero de actividades del comercio, los servicios y la industria en todo el país. A su vez, en el tiempo se sumó la derogación de más de 70 regulaciones en materia de precios y control de prestaciones. ¿Cómo impactaron estos cambios en la población? Según diferentes relevamientos a los que accedió este medio los reclamos de las y los consumidores crecieron un 20% respecto de hace un año atrás en las principales jurisdicciones del país, siendo los pagos de tarjetas de crédito, servicios de internet y telefonía, prepagas y alquileres, los que lideran el ranking de consultas.

Al respecto, la proclamada "autorregulación el mercado" muestra un impacto directo en usuarios o consumidores que, con bolsillos cada vez más flacos, enfrentan también una problemática creciente: el sobreendeudamiento familiar y la imposibilidad de hacer frente a esos pagos, con el agravante de intereses usurarios frente a la vulnerabilidad social y la necesidad de llegar a fin de mes. 

La desregulación del turismo, las cada vez más frecuentes estafas virtuales, la pérdida de subsidios en tarifas de servicios, y el incumplimiento de contratos son otros de los principales reclamos que registraron las áreas de Defensa al Consumidor de grandes jurisdicciones como Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Rosario. A su vez mientras las empresas brinda, sobre todo, canales electrónicos o bots de consulta, la ciudadanía recurre a estas oficinas en busca de atención personalizada e información más clara. 

El golpe de la desregulación en lo cotidiano

El DNU 70/2023 vigente tiene como eje principal, según el texto oficial, dar lugar a “un programa general de desregulación de la economía” para lo que se dispone “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”. Desde su publicación a fines de diciembre pasado se eliminaron, a la par, un conjunto de normativas que bajo la órbita de la Secretaría de Comercio controlaban el abastecimiento en góndola, exigían información en rótulos de productos, obligaban a informar aumentos de cuotas en colegios, así como las tasas de interés y hasta fijaban regímenes de precios máximos en bienes esenciales.

El impacto que estos cambios tuvieron en la vida de la población pueden cuantificarse a partir de los relevamientos de los organismos encargados de atender a consumidores y usuarios y que, de acuerdo con la información disponible, evidencian un incremento en la cantidad de consultas y reclamos respecto del año anterior así como una serie de problemáticas que afectan el día a día y la subsistencia de los hogares argentinos ya sea por falta de prestación de servicios, cobros de servicios no solicitados, intereses exorbitantes, devoluciones inexistentes, sobrecargos y estafas varias. 

En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, durante el primer semestre de este año la Dirección General de Defensa al Consumidor recibió un 20,7% más de reclamos respecto al mismo período del año anterior (arriba de 8.000 en total) y los rubros más denunciados fueron tarjetas de crédito y débito, servicios de comunicación y a administradores de consorcios. Sobre las tarjetas, representaron más de 55% de los productos financieros reclamados. “La falta de prestación del servicio y el cobro de servicios no solicitados son las principales causas que denuncian los porteños”, señalaron desde la Dirección y agregaron que también crecen las denuncias por la falta de procesamiento de la baja de la tarjeta que sigue generando costos mensuales de mantenimiento y el cobro duplicado de un mismo producto. 

De igual manera, en la Provincia de Buenos Aires a inicios de julio se registraban más de 70.000 reclamos, estando en un 57% concentrados en la franja etaria de 30 y 50 años de consumidores/usuarios. Entre los diez rubros más cuestionados aparecen los servicios financieros y seguros (18% del total) y en su interior se destacaron las tarjetas de crédito (29%), paquetes de productos (21%) y seguros (16%), entre otros. 

Asimismo, en Rosario, datos de la Oficina Municipal del Consumidor dieron cuenta, para los primeros seis meses del año, de un incremento interanual del 18% en los reclamos y, como en las jurisdicciones anteriores, también se destacó el fuerte endeudamiento de la población con tarjetas de crédito que no fueron solicitadas, el desconocimiento de consumos que aparecen en el resumen, y el recargo de intereses por pagos mínimos que se encuentran respaldados por el DNU. En cuanto a billeteras virtuales, las consultas son por transferencias que no impactan en las cuentas, bloqueo de cuentas, duplicidad de pagos y demoras en los reintegros. La mayor parte de estos reclamos son de Mercado Pago/Mercado Libre. 

Esta situación refleja también la problemática que enfrentan los usuarios y usuarias cuando tienen dificultades para cumplir con sus créditos y se ven obligados a buscar nuevos préstamos para poder hacer frente a esas "viejas" deudas. "Es un ciclo preocupante de endeudamiento que afecta su estabilidad financiera y capacidad de ahorro. Ingresan en el círculo de tomar deuda para pagar deuda", señalaron desde el área. Gran parte de la población termina recurriendo a financieras informales, que no imponen restricciones a la hora de la solicitud del préstamo pero con intereses muy difíciles de cumplir. En esa línea, sobre el creciente sobreendeudamiento de las familias, Silvana Teisa secretaria de la Oficina del Consumidor, señaló a este medio que “muchas personas estaban acostumbradas a pagar el mínimo de la tarjeta, pero desde el decreto 70/2023 esa deuda se engrosa de tal manera que supera el 400% de interés. Quienes tienen esas deudas, a su vez suelen recurrir al banco y si ya no pueden por vías más formales, terminan pidiendo préstamos con intereses incalculables. Hoy la gente viene porque está inmersa en un círculo que implica endeudarse para pagar deuda”. 

En complemento, otro rubro fuertemente denunciado por la población en estos meses es el de los servicios de comunicación que agrupan a los proveedores de internet, cable y telefonía. En CABA se trata del segundo más denunciado y “la mitad de las denuncias corresponden a problemas en la prestación del servicio, le siguen la falta de información, el incumplimiento en la solicitud de la baja del servicio, la falta de entrega de las condiciones del contrato por escrito y el incumplimiento en la oferta o promoción”. 

Desde la Dirección de Defensa de las y los consumidores y usuarios de PBA, también destacaron los reclamos recibidos en torno a los servicios de comunicaciones (18%) y puntualmente los problemas en paquetes de productos (Tv Satelital + Internet + Telefonía fija) con un 58% del rubro, seguido por telefonía celular (16%) y de Internet (14%). En Rosario, se repiten las demandas por falta de servicio o corte, demoras en el pedido de portabilidad y por aumentos de precios de los planes sin previo aviso. Se suma, en el caso de servicios públicos, la falta o equivocada información que circula sobre cómo acceder a los subsidios aún vigentes ya que “mucha gente no tiene cómo acceder a la inscripción o no guardó el número de registro del 2022, una situación puntual ocurre con las y los jubilados que cobran poco más de 200.000 pesos mensuales y llegan con mucha preocupación porque pagan más de 10.000 en luz, otro tanto en gas y sumado a los aumentos del agua, no saben cómo hacer”, detallo Teisa y resaltó “la gente que más necesita un subsidio es la menos herramientas tiene para la inscripción”.

La desregulación en diferentes sectores y ámbitos de la economía también tiene impacto en materia comercial. Según las Direcciones consultadas por El Destape, se incrementaron también los reclamos en comercios de indumentaria y electrodomésticos. La Oficina rosarina recibió denuncias sobre incumplimiento de garantías de los electrodomésticos y de las ofertas, cancelaciones de compras sin causa en compras a través de páginas de internet. De igual manera, en PBA aparece en las denuncias la categoría electrodomésticos y artefactos para el hogar (7% del total) con eje en reclamos de productos de ventilación y calefacción (15%), pequeños electrodomésticos de cocina (14%) y heladeras y freezers (14%), entre otros, a lo que se suman las denuncias del rubro textil, calzado y marroquinería (5%). 

Un punto aparte lo configuran las prepagas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los servicios de salud ocupan el 6% del total de reclamos y dentro del rubro el 91% tiene que ver con la prestación de la medicina prepaga. 

“La Superintendencia de Servicios de Salud presentó este año un amparo con un fallo favorable para que las empresas de medicina prepaga devuelvan lo que cobraron de más desde diciembre a junio, algo que no se está cumpliendo y se agrega que ya están aumentando por sobre la inflación, entre un 4,5 y 5% cuando el IPC fue de 4%. En estos meses muchas personas vinieron a la oficina porque se quedaron sin cobertura, tuvieron que cambiar de plan dejando de tener la medicación para enfermedades crónicas, oncológicas, cuando obviamente no podían cortar su tratamiento”, agregó la secretaria de la Oficina del Consumidor de Rosario.

Por su parte, en estas últimas semanas se sumó el incremento de denuncias por viajes de egresados, es decir, contra las empresas de turismo estudiantil. El gobierno nacional derogó la resolución sobre el Registro de Agencias de Turismo Estudiantil, por lo que ya no están obligadas a cumplir los estándares de seguridad ni la acreditación de antecedentes penales de sus coordinadores, lo que significó que algunas empresas modificaron unilateralmente los contratos que ya tenían pautados y adicionaron pagos o quitaron servicios. “En esta época de viajes de egresados un problema puntal es la llamada cuota cero (Fondo de Turismo Estudiantil) que era el 6% del contrato básico de viaje y funcionaba como una garantía en caso de que la agencia no cumpliera con lo pactado, lo cierto es que hace diez días fue eliminada y el problema ahora es que las empresas la siguen cobrando y realmente no se sabe con qué fin” señaló Teisa.  

El derecho a la vivienda, desregulado 

El DNU 70/2023 incluyó también la derogación de la Ley nacional de Alquileres y la desregulación el mercado inmobiliario. Según las estadísticas de Defensa al Consumidor de CABA, “el tercer lugar de los rubros más denunciados lo ocupan los administradores de consorcio”. La principal problemática es la falta de acceso a la documentación del consorcio con un 18,2% del total de los casos, sumado a irregularidades como la falta de información en la liquidación de expensas.

Desde Rosario destacaron que “empezaron a aparecer consultas de quiénes son los garantes de alquileres, porque están preocupados por las noticias que muestran la grave situación de las deudas de inquilinos, entonces quieren saber cómo actuar para no quedar endeudados o cómo ayudar a ese inquilino para salir de tal situación”. Cada vez más estudiantes se agrupan para tratar de llegar a pagar un alquiler en común con precios multiplicados por tres desde el inicio del año. 

Entre las consultas centrales de inquilinos aparecen las vinculadas a la actualización del valor del alquiler sin respetar el plazo contractual, la intención del locador de interrumpir el contrato celebrado con la legislación anterior y el cobro indebido de expensas extraordinarias, así como por el cálculo erróneo del índice de actualización.