La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, prorrogar al menos 60 días el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La resolución general N°17/2024 del Ministerio de Economía y la resolución general N°5482/2024 de la AFIP disponían la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares –hasta el 31 de julio próximo– para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa. Aún no se reglamentó la Ley N° 27.743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, en la que establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31 de marzo del año vigente y que también posibilitará la regularización de deudas pasibles de ejecución fiscal.
El pedido de CAME se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, con impacto sobre la capacidad de pago de las PyMEs. En este contexto, la entidad advirtió que será "difícil la regularización" de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación "extra de ahogo financiero".
La situación de las industrias
El 11 de julio pasado, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) -reunidos en el marco de la Confederación de Sindicatos de la Industria de la República Argentina (CSIRA)- presentaron los resultados de una encuesta realizada a organizaciones sindicales miembro, en el que dieron cuenta de la situación actual de la industria y de las empresas argentinas.
Según se observa en el infome final, el total de empresas con trabajadores nucleados por la entidad son 61.728 y están divididas en 18 sectores. De ellas, el 90% indicó que la situación económica de las empresas "ha empeorado" a partir de la asunción de Javier Milei a la presidencia.
Además, manifestaron su repudio al DNU 70/20, a la Ley Bases, al Pacto Fiscal y "muy particularmente" al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que, consideraron, llevan al país a una "acelerada disminución de la actividad industrial" con inmediato impacto en las Pymes. Sobre ellos, señalaron, "se proyecta una regresiva primarización extractivista de nuestros recursos naturales. Sin industrialización para la producción en origen, sin desarrollo de las cadenas de valor ni trabajo calificado".
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