La utilización de la capacidad instalada en la industria durante diciembre dio cuenta del estado de crisis actual profundizada por la gestión de Javier Milei. El guarismo fue del 54,9% cuando un año atrás se había ubicado en el 63,8%. El peor resultado estuvo en la industria metalmecánica con una caída de 16 puntos porcentuales. Estos datos coinciden con el resultado del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) publicado por el Indec durante los primeros días del febrero. En diciembre, el IPI registró una caída de casi el 13% mensual y del 1,8% en el acumulado anual.
La merma de la actividad, arrastrada desde la administración del Frente de Todos, se profundiza exponencialmente con La Libertad Avanza. El ajuste fiscal, los recortes en la obra pública en todas las provincias, y la licuación de todos los salarios pegan de lleno en los niveles de consumo, la construcción, los supermercados y la venta de alimentos, entre otros sectores.
Desde el Poder Ejecutivo suelen sostener que con el ajuste por shock lograrían reducir la inflación. Miseria planificada. Con los últimos datos sobre el aumento de los precios de los alimentos, para el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza alcanzaría a 13 millones de personas, un millón más que hace un año.
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La base
“La principal incidencia negativa se observa en la industria metalmecánica excepto automotores, que presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 37,9%, inferior al registrado en diciembre de 2022 (54,6%) como consecuencia principalmente de la menor fabricación de maquinaria agropecuaria”, puede leerse en el último informe del Indec con los datos consolidados de diciembre.
A su vez, el sector vinculado a “sustancias y productos químicos” exhibió un nivel de utilización de la capacidad instalada del 58,2%, doce puntos porcentuales menos que en diciembre de 2022; la capacidad instalada de las industrias metálicas básicas registró una merma de casi 17 puntos porcentuales.
“Los productos alimenticios y bebidas exhiben un nivel de utilización de la capacidad instalada de 57,4%, inferior al registrado en diciembre del año anterior (63,9%), vinculado principalmente a la menor molienda de oleaginosas”, puede leerse en el informe del Indec.
Las propias cerealeras son quienes están reduciendo la molienda de soja. Este proceso se remonta a los últimos diez años, como consecuencia de un avance de las hectáreas sembradas con maíz y una reprimarización de las ventas de la oleaginosa impulsada por las mismas empresas que forman parte de la industria como un mecanismo para presionar para una baja generalizada de retenciones.
La Cámara Argentinas de la Mediana Empresa también le puso números al contexto que le allanó el camino a Milei.
“La producción en la industria manufacturera pyme experimentó una abrupta caída de 26,9% en diciembre, a precios constantes, y finalizó 2023 con una baja de 2,6%. En la comparación mensual, la actividad industrial también sufrió una retracción acentuada, que alcanzó al 31,7%”, aseveraron desde CAME.
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Motosierra en marcha rápida
El programa sistemático de miseria planificada de La Libertad Avanza se encuentra en ejecución, más allá del aparente freno a la ley ómnibus y el DNU.
El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró un descenso del 19,6% desestacionalizada mensual en enero y se ubicó un 29,2% por debajo del mismo período del año pasado.
Como parte de este escenario, la Cámara Argentina de la Construcción convocó “al Consejo Federal por la grave situación del sector generada por la parálisis de la obra pública que dispuso el gobierno de Javier Milei para reducir los gastos presupuestarios”. En dicho cónclave se informó sobre los 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, “que ponen en riesgo la actividad de las 1400 empresas que dan empleo a más de 500.000 trabajadores”.
Por su parte, CAME informó que las ventas minoristas pymes disminuyeron un 28,5% en comparación con enero del año anterior. La mayor retracción se detectó en Farmacias (-45,8%), seguido por Alimentos y Bebidas (-37,1%).
Todo tiene que ver con todo. El Gobierno de Milei abandonó todas las funciones del Estado vinculadas al control de las posicione dominantes, abusos de precios y favoreció de hecho un esquema de transferencia de recursos para un puñado de empresas concentradas, entre ellas las del sector salud y alimentos.
“Las ventas de alimentos tuvieron un derrumbe del 37,1% en enero respecto al año anterior a precios constantes, y registraron un retroceso del 13,2% en la comparación mensual. Fue un mes de muy poca venta, donde incluso los sectores de mayores ingresos se volcaron a productos de segundas y terceras marcas”, explicaron desde CAME.
Shock y caos organizado
El ajuste por shock se concreta a partir de la licuación en el poder adquisitivo de los salarios. Para la consultora Ecolatina, la motosierra continuará con las subas de tarifas de los servicios públicos.
“El resultado de este año será una continuidad del deterioro del poder adquisitivo a lo largo del verano, que estimamos será superior a 10% pero que además profundizará la disparidad salarial entre distintos sectores”, indicaron desde la consultora.
La caída del consumo se vuelve cada vez más uniforme entre los diferentes “estratos” sociales. Para que una familia de cuatro personas no caiga bajo la línea de pobreza se necesitaron en enero casi 600.000 pesos, un 300 por ciento más que hace un año. Lo que no se come hoy, no se recupera. Sin la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, se acrecienta la pobreza entre trabajadores.
El pan de mesa pasó de los 804 pesos el kilo en noviembre del año pasado a 1592 pesos durante enero. Es decir, un salto del 98%. El precio del arroz también aumentó un 100% (de 1020 pesos a 2046 pesos el kilo). Otro alimento que tuvo un alza exponencial fue la leche entera. En noviembre último podía conseguirse a 457 pesos el sachet de litro (Gran Buenos Aires), mientras que para enero había mutado a los 842 pesos. Una suba del 84%.
El programa sistemático de miseria planificada de Milei – Caputo (incluido Macri desde una sombra bastante visible) apunta a multiplicar la pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores para reducir el universo de un mercado interno en retirada. Una suerte de enorme transferencia de rentabilidad hacia el sector privado concentrado (exportadores de alimentos con una fuerte matriz financiera, mineras y fondos de inversión, entre otros), a costa de incrementar exponencialmente los índices de pobreza y desempleo. Una escenario de caos organizado, tal como lo definió el diputado Sergio Palazzo durante una entrevista con El Destape.
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