El Gobierno quiere flexibilizar el despido de los empleados públicos en planta permanente

El proyecto de la "ley ómnibus" que el presidente, Javier Milei envió al Congreso el último miércoles, incluye un nuevo régimen para flexibilizar el despido de los empleados estatales en planta permanente de la administración nacional, que pone en peligro unos 124.000 empleos en el contexto de la reducción del Estado que plantea el Gobierno.

Históricamente, los empleados públicos en planta permanente, es decir, asalariados con contrato sin término, gozaron de lo que se denomina "régimen de estabilidad", ya que solo pueden ser echados de la administración pública con causal de despido y elaboración de un sumario administrativo. 

Así, se diferencian de los encuadrados en la "Ley Marco" (la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, Nº ley 25.164), cuyo contrato tiene plazo por 12 meses y debe renovarse año a año.

Sin embargo, este panorama tiende a modificarse velozmente a raíz de lo ocurrido en los últimos días. Por un lado, el martes, mediante el decreto 84/2023, Milei estableció que a todos los empleados públicos de la administración nacional comprendidos en la "ley marco" con contratación previa al 1 de enero de 2023 se les renovará el contrato solo por 90 días.

Luego, se hará una revisión general en la que las autoridades que decidan renovar los contratos deberán "fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación". Esta decisión pone en peligro la continuidad laboral de unos 71.700 empleados públicos bajo este régimen de contratación ya de por sí inestable, según las cifras que maneja ATE. Se agregan a los 7.000 que perderán su empleo desde el 1 de enero por haber sido incorporados durante 2023, según lo que también dicta el decreto.

Esta es solo una de las caras. La otra atañe directamente a los empleados en planta permanente. Por ahora no se trata de una medida concreta sino de parte del proyecto de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", la famosa "ley ómnibus" que Milei envió al Congreso el miércoles.

En su artículo 605, la "ley ómnibus" propone modificar la "Ley Marco" 25.164 para incluir el siguiente texto: "Situación de disponibilidad. Los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos que componen la Administración Pública nacional o de las funciones asignadas a ellos, previstas en esta ley, pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad, por un periodo máximo de hasta DOCE (12) meses".

Es decir, cualquier empleado en planta permanente afectado por la reducción del Estado que empezó a realizar Milei estará sujeto a ser despedido. Su única chance de evitarlo sería ser transferidos a otro puesto "en caso de que lo hubiera", detalla el proyecto de ley. Si en 12 meses eso no ocurrió, "los agentes que no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional", agrega el texto enviado al Congreso.

Más aún, los empleados de planta permanente "en situación de disponibilidad" no tendrían asegurado su salario completo, ya que el proyecto estipula que, en cambio, "serán remunerados por el Fondo de Reconversión Laboral, teniendo en cuenta la antigüedad y demás condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional".

Básicamente, de esta forma, cualquiera de los 124.000 empleados públicos bajo régimen de planta permanente, según cifras que confirmaron desde ATE a El Destape, estaría potencialmente sujeto a quedar en "situación de disponibilidad" y posteriormente ser despedido sin más, en lo que representaría un giro de 180 grados respecto al "régimen de estabilidad" del que gozan hoy.