De cara a la conformación del Consejo de Mayo, el gobierno de Javier Milei empieza a poner el foco en dos reformas que quedaron mayormente fuera la Ley Bases. Se trata de la reforma previsional, que elevaría la edad jubilatoria, y una segunda etapa de la reforma laboral, con el contenido no sancionado en junio en aquel texto legal.
Se trata, de hecho, de dos de los diez puntos incluidos en el Pacto de Mayo firmado por 18 gobernadores el 9 de julio pasado en Tucumán. Por un lado, el acta impulsa "una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación" (punto 8). Y, en paralelo, promueve la aprobación de "una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal".
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Ahora, el Gobierno buscará avanzar especialmente en estos dos puntos en las próxima semanas, una vez que esté conformado el Consejo de Mayo con el que espera llevar el pacto a proyectos de ley concretos. Ese órgano fue oficialmente conformado el último martes y, hasta ahora, su único integrante confirmado es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien será su presidente. En cambio, todavía falta conocer quiénes integrarán el consejo como representantes del Poder Ejecutivo (aparte de Francos), de los gobernadores, del Senado, de Diputados, de los empresarios y de los sindicatos.
En ese contexto, y ante versiones periodísticas que circularon en las últimas horas, fuentes de Casa Rosada confirmaron a El Destape que el Gobierno buscará avanzar particularmente tanto con la reforma previsional como con la laboral, aunque buscaron bajarle el tono al expresar que se trata simplemente de lo que indica el Pacto de Mayo.
Las fuentes también dieron a entender que el foco de la reforma previsional, más allá de la promoción de un sistema privado, estará puesto en la suba de la edad jubilatoria, tal como indica la consigna de "dar sustentabilidad al sistema" expresada en el pacto. Aun así, aclararon, frente a los trascendidos, que aún no está definido si la nueva edad jubilatoria promovida será de 75 años.
Se trata de una cuestión fiscal clave para el Gobierno tras la sanción de la Ley Bases. El proyecto de ley original incluía la eliminación de la moratoria previsional y su reemplazo por una "Prestación de Retiro Proporcional" con las mismas condiciones que la PUAM. En los hechos, esto implicaba elevar la edad jubilatoria para las mujeres sin aportes hasta los 65 años, además de jubilarlas con solo el 80% de una jubilación mínima. Sin embargo, este punto fue rechazado por el Senado, por lo que ni siquiera pudo volver a ser debatido en la sanción final de la Cámara de Diputados, generando a Milei una erogación de recursos no esperada inicialmente.
A esto se le podría sumar, próximamente, la reforma de la ley de movilidad jubilatoria que hoy tiene media sanción de Diputados y cuyo trámite avanza en el Senado. De ser finalmente sancionado, implicaría para el Estado un gasto adicional de entre 0,44% y 0,74% del PBI, detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aunque Milei adelantó que vetaría la ley, el Congreso podría tener los dos tercios de los votos necesarios para insistir anular el rechazo presidencial.
De forma análoga, la reforma laboral que pretendía originalmente el Gobierno quedó trunca, ya que varios de sus artículos clave fueron retirados tras charlas con la CGT para lograr el apoyo mayoritario al proyecto. Así, quedaron afuera la voluntariedad de la cuota para las obras sociales, las limitaciones del derecho a huelga de los servicios esenciales y la prohibición de bloqueos a empresas, entre otros puntos. Aunque estos ya habían sido sancionados por el mega DNU 70/2023, la judicialización de su capítulo laboral, todavía no resuelta por la Corte Suprema, los dejó en suspenso.
Desde Casa Rosada señalaron que la redacción final de estas reformas se dará recién durante las discusiones del Consejo de Mayo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó la última semana que su conformación final debería conocerse dentro de los próximos 30 días.
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