El gobierno de Javier Milei recortó el gasto público un 30% en agosto y ajustó la inversión en partidas muy sensibles para la sociedad, como los programas dependientes de la Anses, el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Nacional de Discapacidad. En paralelo, también hubo fuertes caídas en rubros como la obra pública, la ANMAT, el Conicet y el PAMI.
De acuerdo al Centro de Economía Política (CEPA), la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional se desplomó un 30% en agosto respecto al mismo mes del año anterior. En la radiografía general se destaca el peso significativo de los servicios de deuda pública, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 14% del total de gastos. Luego se ubican otras funciones con incidencias menores, como Energía con el 9%, Educación y Cultura (5%), Promoción Social (4%), Salud con el 4%, Transporte (3%); y el resto de las aperturas con una incidencia menor al 3% de la ejecución total.
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Las claves del ajuste en agosto: por dónde pasó la motosierra de Milei
El documento remarcó que se registraron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-45%), ANMAT (-17%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-9%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-14%). También hubo caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como el programa de Promoción del Desarrollo Tecnológico y la Innovación (-53%), la Fundación Miguel Lillo (-28%), CONAE (-39%), Servicio Geológico Minero (-25%), Servicio Meteorológico Nacional (-21%). El CONICET, organismo clave del sistema científico argentino, es ajustado en casi un 13% real interanual.
También se detectaron recortes del 70% en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; y del 41% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Otro de los rubros con mayor caída se dio en la Anses, con un recorte del 21% respecto al año pasado. En detalle, el programa Potenciar Trabajo recorta un 79% de su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 75%. Además, el programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real superior al 85%.
En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sufrió un recorte del 94%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó un 89%. Otros organismos como el INTA e INTI también experimentaron caídas en su ejecución presupuestaria.
En esta misma línea regresiva, el gasto en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se derrumbó un 44%; par las pensiones no contributivas un 8%, y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI, también se desplomaron 44%. En materia educativa, se observaron fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-97% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-87%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-96%).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-40%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-75%), Atención Sanitaria en el Territorio (-97%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-86%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 71% y el 81%.
En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica. A contramano, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, ejecutó nada menos que 102 mil millones de pesos acumulado durante el año.
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