La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es una realidad cuantificable con datos concretos: Alcanzó el 31,4% desde la asunción del presidente Javier Milei hasta hoy, según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Los sueldos que obtuvieron aumentos en ese plazo, que no fueron todos, no lograron alcanzar el índice de inflación y se produjo una gran baja en el poder de compra.
En este contexto, los contratos de alquiler que deban aplicar el incremento interanual mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), durante el mes de junio tendrán un aumento del 233,7%. Es decir, los inquilinos que pagaban $150.000 mensuales, a partir del próximo mes abonarán $500.550.
Actualmente podemos dividir a los alquileres en dos categorías con diferentes condiciones contractuales: Los que se concretaron antes de la derogación de la Ley de Alquileres y los que se realizaron después. Los primeros verán impactado el incremento anteriormente mencionado y los segundos, dependen de la voluntad de los propietarios, ya que existe el libre acuerdo entre partes que propuso el gobierno de La Libertad Avanza.
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Dentro de la posibilidad de negociación entre propietarios e inquilinos, se encuentran los plazos de tiempo que duran esos acuerdos, los costos y las condiciones de las viviendas. Según los relevamientos del portal ZonaProp, la oferta de casas fue en aumento, pero también la precariedad.
La crisis habitacional se ve agravada con el correr de los meses. No sólo sigue siendo baja la oferta de viviendas, sino que los costos son cada vez más elevados, excediendo lo que las personas pueden pagar. Otro punto a tener en cuenta, son los requisitos para acceder a un hogar de manera formal. Son muchas las familias que se endeudan para solventar los costos de ingreso.
Por otra parte, la Ley Bases continúa su tratamiento en el Senado entre diálogos extensos y negociaciones. En caso de ser aprobada y entrar en vigencia, la reforma laboral que propone podría complicar aún más la problemática del acceso a la vivienda. Esto es porque regulariza la informalidad proponiendo la figura de trabajador independiente o “colaborador” y reduciendo las multas a los empleadores por no pagar los aportes de sus empleados.
Uno de los requisitos más excluyentes impuestos por las inmobiliarias y los propietarios, son los recibos de sueldo con antigüedad en relación de dependencia en garantía por el contrato de locación. No solo a los locatarios (en caso de ser una pareja, ambos), sino también a dos personas más que oficien como garantes, para responder económicamente en caso de que no sea abonado en tiempo y forma el monto de alquiler, o algún otro costo no sea abonado, como expensas o impuestos.
La intervención del estado es necesaria para garantizar el derecho a la vivienda. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cerca del 30% de las personas usan más de la mitad de sus ingresos en pagar alquileres mensualmente. La Libertad Avanza propone una intervención que no regula, sino que elimina condiciones y permite la libre negociación entre partes en una aparente igualdad existente solo en la teoría. El inconveniente es que los propietarios pueden retirar su casa del mercado de alquiler, pero los inquilinos no pueden dejar de alquilar porque significa no tener un techo para vivir. Lo que termina demostrando otra desigualdad más en la fundante Ley Bases.
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