Las pequeñas y medianas empresas del sector alimentario se sumaron a la discusión entre el Gobierno y las corporaciones por la transferencia de recursos que implica el aumento de precios desmedido del rubro. De un lado están quienes esperan una mayor regulación estatal y del otro los que no quieren ser controlados bajo ningún concepto. "¡Cómo puede ser que se sigan gastando recursos estatales para hacer fiscalizaciones cuando sólo encuentran diferencias de dos o tres pesos!", se quejó Yolanda Duran presidente de la Cámara de Supermercados Chinos, en la reunión que tuvo esta semana la cadena alimentaria con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo. Las declaraciones de la dirigente empresaria, relatadas a El Destape por uno de los presentes en el encuentro, deja al descubierto la dificultad de alcanzar un acuerdo entre eslabones con intereses tan contrapuestos.
En esos dos o tres pesos por producto que Duran considere insignificantes hacen que la canasta básica haya aumentado hasta septiembre 24,7% desde principio de año, mientras la inflación promedio del mismo período fue de 22,3%. Las pymes solicitan que se reglamente ya la ley de góndolas para armonizar los precios. Las corporaciones, enroladas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), presionan, en cambio, por eliminar los precios máximos.
La presión en el plano cambiario de las últimas semanas, a través de las variantes financieras del dólar, no logró forzar una mayor devaluación de la moneda, lo que podría generar una espiral inflacionaria, afectando nuevamente el ingreso de los hogares asalariados. Sin embargo, el lobby se manifestó en maniobras especulativas, principalmente en el sector de la construcción y alimentario, con retención de stock a la espera de un "reacomodamiento" en el precio de la divisa. También están las avivadas de algunos sectores que remarcan los precios ante una fiscalización que, al menos, resulta insuficiente pese a la queja de los empresarios del sector. "A veces los quiebres de stock son problemas de cómo acomodar productos o por más demanda en determinados días", aseguró el presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja tras la reunión con los funcionarios de la cartera de Desarrollo Productivo.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
En el medio el Gobierno intenta mediar con acuerdos que no siempre se cumplen y las familias ven cómo esa tensión se dirime en las góndolas. Mientras que el IPC INDEC acumula un 22,3% de incremento acumulado en el año, la componente de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en un 26,5%. La canasta básica de alimentos se ubicó en septiembre en 19.430 pesos, equivalente a dos bonos del IFE, para poder alimentar a una familia tipo de cuatro integrantes. Los precios en octubre continuaron en alza pese a la caída del consumo, y entre los productos con mayores ajustes se detectaron la yerba, el azúcar, el arroz y los huevos, según un informe de la consultora Focus Market. Todas las estadísticas reflejan las subas de precios de un sector de primera necesidad y de particular importancia en un contexto de crisis económica producto de una pandemia.
Las variadas y contradictorias propuestas
Funes de Rioja justificó las constantes subas de precios en los productos alimenticios en la supuesta carga impositiva, con lo cual derivó la responsabilidad en los impuestos que cobra el Estado, una mirada que se condice con la de Duran. "Gran parte del problema del aumento de precios es la tremenda presión impositiva", aseguró el empresario vicepresidente de la Unión Industrial. "Desde el 20 de marzo, que nosotros hemos asumido el rol de actividad esencial, ha habido muchos problemas logísticos por las restricciones de pasos entre jurisdicciones y entre provincias”, aseguró. Sin embargo, reconoció que "teniendo en cuenta esta volatilidad cambiaria, se empieza a stockear".
El titular de la COPAL admitió también el lobby del sector para poner fin a los precios máximos y lograr sortear las restricciones impuestas para evitar los abusos de los formadores de precios. En un comunicado de la entidad ratifica su "total desacuerdo y preocupación frente a la decisión de la Secretaria de Comercio Interior de extender nuevamente por 3 meses más la política de Precios Máximos, que mantiene el congelamiento de precios desde marzo pasado, luego que se expusiera la crítica situación que enfrenta la industria de alimentos y bebidas".
"Es canallesco en el marco de una emergencia sanitara y económica por el COVID-19 y es una apropiación extraordinaria de renta que va a los sectores monopólicos y no a las pymes", aseguró a El Destape el presidente de la asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), Leo Bilanski. Entidades y organizaciones vinculadas con la producción de alimentos, de bebidas, productos de higiene y de limpieza, tanto pequeñas y medianas empresas como organizaciones de la economía popular, "han hecho llegar al Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español, el pedido concreto de una reunión para avanzar en la urgente con reglamentación completa de la Ley 27.545, conocida como la Ley de Góndolas".
"Esa reglamentación va a permitir, por un lado, que el IPC general y el de alimentos estén en sintonía y se normalicen y, por el otros, que las pymes cubran esa porción de mercado en la que están quedando afuera", destacó Bilanski. "Necesitamos que la secretaria de Comercio Interior se comprometa en este sentido y se avance como también en la puesta en marcha del observatorio para toda la cadena", agregó el dirigente pyme.
La ley sancionada permitiría que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo --a partir de ciertas condiciones en su exhibición-- en beneficio de los consumidores, además de ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas y fomentar la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena o aquellos generados a partir de cooperativas y mutuales.
“Dejar la reposición de las góndolas a manos de agencias o grandes empresas crea un peligro latente para el cumplimiento de los objetivos de la ley, potencialmente socavándolos en varias formas” mencionaron los organizadores que solicitan la reunión con la secretaria de Comercio Interior. Según trascendió en las últimas horas, por el contrario, la Secretaría estaría analizando la posibilidad de una salida gradual del descongelamiento, pero aclaran que será "sin afectar al bolsillo de los consumidores", algo que parece poco probable según las experiencia previa.
"Vamos a desactivar Precios Máximos y a reforzar Precios Cuidados. Pero lo vamos a desactivar de manera progresiva, consensuada y ordenada. Se van a deslistar de a poco los productos de Precios Máximos, y no se van a poder aplicar aumentos importantes", confirmó Comercio Interior. Desde esa dependencia señalan que en lo que va del año se realizaron 25.000 fiscalizaciones en todo el país en el control de precios y abastecimiento y se aceleraron los plazos administrativos para efectivizar las sanciones a empresas infractoras a los precios máximos y a la Ley de Defensa del Consumidor e impuso multas por más de 47 millones de pesos.
Cerrar sesión