En la última reunión de directorio, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó que las tarifas de los servicios de telefonía, internet y televisión sufrirán dos aumentos. En junio, el costo se incrementará un 3% en junio y un 5% durante julio.
De acuerdo con una decisión tomada en reunión por el Directorio del Ente, los servicios TIC sufrirán un incremento del 3% en el mes de junio y un 5% en el mes de julio. Asimismo, se estipula para el 1 de diciembre una nueva revisión, por lo que los precios de los servicios de julio estarán vigentes hasta el 30 de noviembre inclusive.
En consecuencia, para los servicios de telefonía móvil, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%. A partir de la revisión de diciembre de 2021, se elaborará una fórmula orientativa que "contemplará precio justo, equitativo y razonable, que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas", apuntó el comunicado oficial. Únicamente se autorizarán incrementos en los valores de los meses de abril, agosto y diciembre de cada año.
"El Enacom ratifica que, según lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, cualquier modificación de los precios de los servicios TIC (telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción) debe contar con su aprobación previa", soslayó el documento.
En este sentido, en abril de este año se notificó a las empresas prestadoras que no se habían autorizado incrementos para los meses de mayo y junio de 2021. Por ende, cualquier aumento dispuesto unilateralmente por parte de ellas deberá ser refacturado en julio, con devolución de los importes más el interés punitorio correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios a los clientes que no hayan abonado hasta tanto no se efectúe la refacturación.
Negociaciones por la PBU
Desde el 1 de enero entró en vigencia la Prestación Básica Universal (PBU) para servicios de telefonía, Internet y TV por cable, que fue dispuesta por el Gobierno a través del DNU que fijó un precio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil. La norma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables.
Ante la nula aplicación de la misma, el Gobierno le dio a estas firmas un ultimátum para que sumen a tres millones de personas de forma automática. De esta forma, se intentará dar comienzo a la masificación de la PBU.
¿Qué se acordó? Las compañías poseen la base de datos de todo el universo de posibles beneficiarios por categoría y segmentación a través del sistema prepago de carga semanal. Las empresas se comprometieron a migrar la información al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Syntys), para entrecruzar estos datos con la población objetivo. El Syntys le comunicará a las firmas el número final de potenciales usuarios para que les envíen un mensaje de texto y faciliten el acceso a la PBU.
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