La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que agrupa a las cadenas líderes Carrefour, Jumbo, Coto y Día; pidieron "compromiso" a sus proveedores para cumplir el control de precios y mantener sus niveles de servicio. "Como último escalón de la cadena, dependemos de ello para satisfacer las necesidades de nuestras clientas y clientes", señalaron a través de un comunicado.
"En la última semana, las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementación de la Resolución 1050/2021, dispuesta por el Gobierno nacional. Confiamos en que ese trabajo dé sus frutos y que, a la mayor brevedad posible, el cambio de precios resultante del mismo se vea reflejado en las góndolas", apuntaron desde ASU.
La Asociación destacó que "han garantizado el cumplimiento de los programas acordados -Precios Cuidados, Acuerdo de Carnes (Cortes Cuidados)- y, del mismo modo, se han cumplido las disposiciones normativas que con similares objetivos se han ido dictando".
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Congelamiento de precios
El Gobierno publicó el miércoles en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021 a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre, y se congelan hasta el 7 de enero próximo, los precios de unos 1.430 productos de consumo masivo en todo el territorio.
La lista comprende un diverso espectro de artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.
Varios intendentes bonaerenses explicitaron su intención de sumarse al control de la medida, como los jefes comunales de Ensenada, Mario Secco; Morón, Lucas Ghi; y Pilar, Federico Achával. “Sacarles tarjeta roja a los vivos”, prometió Secco al asegurar que ordenará a los inspectores municipales a realizar una estricta vigilancia de precios.
Ghi afirmó que los jefes comunales tienen “la obligación institucional” de controlar que se cumpla con el congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, puesto que la medida busca “que la comunidad pueda consumir a precios razonables”. Achával dijo que los municipios intentarán que se cumpla la decisión del Gobierno nacional para “lograr que esos productos estén en la góndola al precio fijado”.
También sacará inspectores a revisar las góndolas la Defensoría del Pueblo provincial, como prometió su titular, Guido Lorenzino. No será sólo para demostrar el “compromiso del Estado”, sino también para que “los ciudadanos se animen a denunciar”.
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