Las nuevas medidas para los alimentos importados, un remedio que empeora la enfermedad

Como una manera de mostrarse activo frente al descalabro inflacionario, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes con empresarios supermercadistas con el objetivo de atemperar los precios que, el propio Gobierno reconoce a través de su vocero, "subieron más de lo debido". En la previa había apuntado sobre las promociones que representan un recorte de precios que, según el Gobierno, no se reflejan en las mediciones del Indec. También se habló de subas abusivas. Sin embargo, el tono de la reunión lo impuso el sector empresario, que logró se aceptara un viejo reclamo: reducir la carga impositiva. El Gobierno aceptó en ese convite la suspensión por 120 días del cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos.

La medida atenta contra la oferta, producción y empleo de las empresas nacionales, principalmente pymes. Atado de pies y manos con su propia cuerda, el Gobierno se quedó sin herramientas para evitar abusos en los precios y solo le queda acceder al reclamo de los sectores concentrados de la economía.

La eliminación, a través del decreto de necesidad y urgencia de diciembre, la administración de La Libertad Avanza desreguló los principales resortes que existían para evitar maniobras especulativas. En resumen, eliminó la Ley de Abastecimiento, que permite controlar la oferta de productos de primera necesidad, y la Ley de Góndolas, que potencia la competencia de pequeñas y medianas empresas locales y economías regionales en igualdad de condiciones que grandes monopolios. En particular, la Ley de Góndolas buscaba que los precios sean claros a la hora de comprar. La norma permitía además acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la economía popular y productos de cooperativas y mutuales. El tercer objetivo espera que exista armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la norma para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia. Su eliminación sumó músculo a los monopolios. A esto se sumó la apertura de las importaciones, las cuales ahora se potenciarán con la eliminación de impuestos a las compras externas. 

Está claro que al Gobierno no le preocupa la producción ni el empleo local. Había quedado demostrado cuando focalizó el alcance del programa de compras en cuotas (Cuota Simple) para artículos escolares que se compren en el exterior y no sobre la fabricación local. De esta manera desnaturalizó el sentido de este tipo de programas, que no solo buscaban incentivar el consumo, sino que se adquieran bienes y servicios de producción nacional. La eliminación de la Ley de Góndolas y los beneficios fiscales para la compra de artículos importados también va en sentido contrario. 

Para facilitar las importaciones de productos de la canasta básica, el Banco Central reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal y el Fisco suspende el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Entre los principales productos beneficiados se encuentran: banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoos, pañales, entre muchos otros productos. La idea que rige este accionar es que el aluvión de importados forzará una baja de precios, algo que la vasta historia argentina muestra va de la mano de la destrucción de la industria local. 

"Entendemos que la economía de a poco se va normalizando y se ha tomado la determinación de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la economía familiar en pos de poder hacer los precios más competitivos, en beneficio de las familias, de los consumidores argentinos. También con alguna quita de impuestos en los productos importados para ayudar a la corrección de precios que han subido más de lo debido, para acelerar la normalización en los precios”, justificaba el vocero presidencial Manuel Adorni. 

Precisamente, la desregulación del comercio, tanto externo como interno, son factores que explican buena parte de los abusos. No explica toda la inflación, pero sí la parte que corresponde a los abusos especulativos que denuncian sottovoce los funcionarios que atizan los precios por encima del promedio. A esto se suma la inflación importada, sin barreras por la desregulación del comercio externo. El último informe de precios mayoristas arrojó un nivel de aumento general de 316,9 por ciento interanual hasta enero. De ese promedio se destaca que los productos nacionales subieron 308 por ciento sus precios, mientras que los importados lo hicieron 415,6 por ciento.

A esto se suma la apertura para las exportaciones, que invita a competir precios internos con las cotizaciones internacionales, lo que genera -como a todo país exportador de materias primas- en la economía doméstica un incremento de los alimentos y la energía. De acuerdo con el informe del Banco Mundial que se conoció este martes, la Argentina encabeza los 10 países con la mayor inflación en alimentos. De acuerdo con el organismo, la suba interanual real (en moneda homogénea para su comparación) para Argentina fue de 42 por ciento, seguida por Zimbabwe (26 por ciento), Egipto (18 por ciento), Palestina (15 por ciento), Vietnam (12 por ciento), Malawi (10 por ciento), Haití (7 por ciento), Liberia (7 por ciento), Malta (6 por ciento) y Guinea (6 por ciento).

La eliminación de impuestos a la importación además reduce los ingresos fiscales, lo que movilizará a nuevos ajustes presupuestarios. Especialmente, teniendo en cuenta que los impuestos vinculados al comercio exterior son los únicos que evidencia un sendero positivo. En febrero, por Derechos de Importación y otros se obtuvieron 219.430 millones de pesos y una variación de 307,3 por ciento interanual, donde incidió positivamente la suba del tipo de cambio. Para el acumulado del bimestre representó ingresos al fisco por 544.101 millones de pesos, un 358 por ciento por encima de 2023.

Estos ingresos quedarán en beneficio para las empresas que importen los productos alcanzados por la medida, lo que profundizará el proceso de transferencia ingresos desde los consumidores a los monopolios, sin impacto cierto en precios en la góndola, dado que no se atacan otros costos como la logística (con aumento constante de combustibles) y energéticos. Todo esto además, subordinado a la suba en el dólar que aplica el Gobierno para mantener la competitividad exportadora, en desmedro de los ingresos en pesos de los hogares.