Todavía están frescos los ecos del acto de unidad en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata convocado por el gobernador Axel Kicillof, donde el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dieron un cierre formal al primer año del Frente de Todos en el gobierno.
El 2020 se fue formalmente, pero dejó sus secuelas. Argentina estuvo sometida durante este último año a una crisis económica en forma de pinzas, por un lado la herencia de cuatro años de neoliberalismo explícito y por otro, la hecatombe económica mundial (y sanitaria) más profunda de los últimos 100 años, producida por la aparición del coronavirus.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner recuperó en forma vertiginosa una parte central del devastado sistema de salud evitando así su colapso y sostuvo con un esfuerzo fiscal importante el ingreso de millones de argentinxs, con la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), en un contexto de caída brusca del PIB estimada en 10,2% al tercer trimestre de 2020.
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Cristina Kirchner planteó que el desafío para el 2021 será lograr que la economía vuelva a crecer, alineando los salarios y las jubilaciones con los precios de alimentos y tarifas para “que el crecimiento no se lo lleven 3 o 4 vivos”.
En 2020 -tomando la medición del INDEC- la inflación interanual de septiembre fue de 36,8%; y en el rubro de alimentos y bebidas fue del 41%, mientras que los aumentos salariales promediaron un 31,8%.
Teniendo en cuenta que el 80% de los ingresos de nuestro pueblo se explican por salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones se comprende por qué la pobreza trepó al 45%. La indigencia no superó la barrera del 10% debido al ingreso extraordinario que significó el IFE, lamentablemente interrumpido.
Recuperar el empleo y revertir la ecuación precios-salarios es imprescindible en términos de justicia social, pero también es clave como motor del crecimiento económico para el año que comienza, ya que el 70% del PIB argentino se explica por el consumo.
A la lucha sindical por mejores salarios -donde el gremio de aceiteros marcó un camino virtuoso- tenemos que sumarle el desafío de fortalecer el rol del Estado, ya no solo en su capacidad de control y regulación.
La pandemia puso al desnudo las desigualdades profundas que genera el capitalismo a escala planetaria, pero también la importancia que mantienen los Estados Nación para revertir en parte dichas situaciones.
Esta coyuntura nos tiene que permitir recuperar el control estatal sobre resortes claves de la economía.
Edenor y Edesur deben estar en manos del Estado
Un paso importante sería estatizar el sector eléctrico. Esto nos permitirá recuperar soberanía energética y tener acceso a un derecho básico que el neoliberalismo convirtió en mercancía.
El sector eléctrico argentino fue completamente rediseñado en la década de 1990, siguiendo los principios de privatización y desregulación de los servicios públicos. Hasta ese momento el sector eléctrico argentino había operado con un diseño de integración vertical en empresas tanto públicas, como privadas y cooperativas.
El nuevo régimen dividió el sistema en tres subsectores horizontales independientes: generación, transporte y distribución. Mientras el subsector de generación funciona bajo condiciones de libre competencia, los subsectores de transporte y distribución fueron organizados como servicios públicos que deben ser prestados por empresas privadas monopólicas.
Es de público conocimiento que las distribuidoras Edenor, Edesur, Edelap y Edea (por nombrar las más relevantes) han tenido ingentes ganancias, no han hecho las inversiones correspondientes, vienen prestando un pésimo servicio y tienen tarifas (en muchos casos) inaccesibles.
Revocar la concesión a estas empresas y poner el servicio bajo la órbita estatal resulta prioritario.
Empresa Estatal de Alimentos
A su vez, tenemos la oportunidad de crear una Empresa Estatal de Alimentos y Productos Básicos que distribuya y comercialice (y en algunos casos produzca), interviniendo en el mercado para romper la dramática concentración existente permitiendo al conjunto de la sociedad el acceso a precios justos de los bienes necesarios para tener una vida digna.
Existe un histórico debate sobre la concentración económica: algunos sectores sostienen que en el mercado prima la competencia. Según datos de 2016, podemos observar la concentración en la facturación (ventas): en el rubro aceites solamente 3 empresas concentran el 90,5% de la facturación. Son Aceitera General Deheza, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata.
En el mercado de gaseosas, con datos de facturación de 2016, sólo 2 empresas concentran el 98,3%. Se trata de Pepsico y Coca Cola. En el rubro de aguas minerales y aguas saborizadas, nuevamente sólo 3 empresas concentran el 89,6% de la facturación. Son ADA, Coca Cola y Pepsico. Jugos en polvo: 2 empresas, Arcor y Mondelez, ostentan el 100% de la facturación.
Azúcar: 3 empresas concentran el 85% de la facturación en 2016. Se trata de Ingenio El Tabacal, Ledesma y Valpafe.
Leche: Mastellone vende el 69,5%, y Sancor (en 2016) vendía casi el 15%.
Yogures: Danone representa el 80%. En 2016, con aún Sancor existiendo bajo esa denominación, ostentaba el 15% de la facturación.
Embutidos: Swift tiene el 83% de las ventas, y el 17% restante son los supermercados.
Harinas: Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas facturaron en 2016 el 82,1%.
Fideos: Molinos Río de la plata tiene el 79,4%. Esta concentración, como en todos los casos, se realiza agrupando facturación de distintas marcas. En lo que refiere a fideos, el casi 80% de la facturación a 2016 correspondió a las marcas Manera, Mattarazzo, Luchetti, Don Vicente y Favorita.
Mayonesa: solo 2 empresas concentran el 97,8% de las ventas. Se trata de Aceitera General Deheza (AGD) y Unilever. En mermeladas sólo Arcor posee el 70,7% de la facturación.
Caldos: el 90,6% de la facturación sólo corresponde a Unilever. Aquí vemos –como en muchos casos- la confluencia entre concentración y extranjerización. Como se observa en estos datos de 2016, existe un mercado hiperconcentrado que requiere intervenciones estatales profundas.
La famosa relación de fuerzas
Se hablará de las dificultades para llevar adelante estas medidas y de la desfavorable correlación de fuerzas. El tiempo que se avecina será de confrontación cada vez más explícita y como enseña la historia cuando a los sectores dominantes se les “habla con el corazón” o se les pone la otra mejilla el destino es poco venturoso, tornando la relación de fuerzas más desfavorable aún.
Distribuir la renta y quitarle resortes de poder a las clases propietarias es la mejor forma de fortalecer el proyecto nacional-popular y consolidar así el proceso político interrumpido en 2015 y reiniciado en 2019 por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El pueblo en la calle (con los cuidados pertinentes por la pandemia), es la garantía para sostener y profundizar los procesos de cambio y muchas veces aporta las respuestas que a veces no se encuentran en los escritorios.
Por lo menos dos siglos de historia así lo atestiguan, desde 1806 cuando el pueblo salió a la calle a enfrentar las invasiones inglesas mientras el Virrey Sobremonte huyó temeroso a Córdoba, hasta el último 17 de Octubre.
Tenemos que cambiar la”normalidad” establecida a sangre y fuego en la década de 1970 por el capitalismo en el auge de su fase neoliberal: el mercado es quien tiene que producir los bienes y servicios que estructuran la oferta y el Estado generar “el clima de negocios” necesario para garantizar la rentabilidad empresarial.
La nueva normalidad debe ser con un Estado que pueda producir y organizar los aspectos centrales de la economía para impulsar el crecimiento y distribuirlo en el conjunto del pueblo.
Los años más felices de la Argentina fueron cuando hubo más Estado, no menos.
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