Esta semana el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) brasileño anunció esta semana que el índice de precios al consumidor en el país vecino arrojó en septiembre una nueva retracción y enlaza así su tercer mes consecutivo de deflación. Tras haber registrado la inflación máximos en tres décadas en la primera parte del 2022, empujados por los valores de la energía, la administración de Jair Bolsonaro aplicó un paquete de medidas que permitió frenar la inercia de precios.
Las medidas aprobadas por el Congreso incluyeron reducciones temporales en los impuestos sobre los combustibles, la energía eléctrica, las comunicaciones y el transporte público, un agresiva y rápida suba de tasas de interés y una mayor apertura comercial a las importaciones para generar "un shock de oferta". La contracara es una menor recuperación de la actividad económica y un elevado déficit fiscal, mientras los salarios ya perdieron (en moneda dura) casi un 20 por ciento, pese a que en lo que va de este año había logrado recuperar un 10 por ciento.
El programa de Bolsonaro con el que asumió es netamente ortodoxo, el cual incluye algunas privatizaciones que se llevaron a cabo y otras que mantiene en agenda, como la venta de Petrobras. Paradójicamente, el manejo estatal de recursos estratégicos, como el petróleo, le permitió a Bolsonaro amortiguar el incremento global de la energía que se desató con la guerra en Ucrania. También cuenta con un nivel de reservas y un banco de desarrollo que permitió adaptar las medidas contra la inflación.
"No vamos a privatizar Petrobras, los Correos, el Banco de Brasil o la Caixa Económica. El Estado volverá a ser un inductor de la economía. Y financiar el micro, pequeño y mediano emprendimiento. Si una mujer quiere construir su tienda, haremos que el crédito esté disponible", publicó en Twitter el ex presidente y candidato a un nuevo mandato Luiz Inácio Lula da Silva.
Más allá de la baja de precios de los últimos meses, el presidente se presenta a una reelección con 33 millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria severa, según datos de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (PENSSAN). En total, sumando las personas con inseguridad alimentaria media y leve, Brasil contabiliza 125 millones de personas que pueden exhibir problemas para comer a diario.
"Hay dos cuestiones respecto del tema. El primero que hizo fue bajar las naftas y, con ello, redujo el precio del transporte y tuvo un impacto sobre el resto de las variables. Eso aumenta el gasto y el déficit fiscal. El otro punto es que la dinámica de Brasil es mucho más parecida a la cuestión internacional o la de la mayoría de los países, donde hay una tendencia a la baja", explicó a El Destape el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.
La baja en el impuesto a la gasolina fue uno de los factores determinantes para la nueva caída de los precios en Brasil. De los nueve grandes rubros analizados por el IBGE, dos registraron deflación (transportes y comunicación), mientras que subieron el resto de los grupos, entre ellos alimentos y bebidas y vivienda. Entre las principales caídas, se destaca la nafta con un 15 por ciento y la energía eléctrica residencial, más de un 5 por ciento en agosto. En conjunto estos dos rubros representan hasta el 10 por ciento del consumo de las familias de Brasil.
"Ellos, además, abrieron importaciones. No hay margen para eso. Bajaron aranceles y abrieron el mercado a algunos productos", explicó a El Destape el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. Bolsonaro llevó a cero el impuesto a la importación de once productos de la canasta básica y la construcción (incluyendo el acero). También avanzó con una nueva reducción general del 10 por ciento en el Arancel Externo Común (TCE) del Mercosur, vigente hasta fin de año, el cual se centra en casi todas las importaciones brasileñas, con algunas excepciones como el sector automotriz y la caña de azúcar.
El gobierno brasileño buscó así dar un "shock de oferta" al reducir el costo de importar varios artículos, lo que ayudaría a forzar la caída de los precios de la industria nacional frente al consumidor. Frente a la queja empresaria, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Alexandre de Moraes suspendió la medida para los productos industrializados que compiten con los fabricados en la Zona Franca de Manaos.
"No hay margen para eso en la Argentina", remarca Vanoli. La autoridad monetaria brasileña cuenta con un stock de 353.664 millones de dólares en reservas internacionales que le permiten financiar esas compras. En simultáneo el Comité de Política Monetaria del Banco de Brasil elevó la tasa del 9,25 por ciento que se registraba a fin del año pasado a un 13,75 por ciento en agosto último, su nivel más alto desde 2016, luego de sucesivos retoques. En el octavo mes del 2020 la tasa era del 2 por ciento anual.
Para este año, el Banco Central brasileño se había fijado una meta de inflación del 3,5 por ciento, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales, aunque la misma no será cumplida este año. Las estimaciones privadas anticipan que Brasil cerraría el 2022 con una inflación del 7 al 8 por ciento este año. En caso de que los Estados Unidos y otras potencias confirmen el ingreso a una recesión, la eventual desaceleración de los precios de las commodities podría sustentar una caída de precios aún mayor en el gigante sudamericano.
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