Boom de promos por la caída de ventas y la insólita excusa de Milei: ¿Se mide mal la inflación?

En medio de la aceleración inflacionaria que desencadenó la devaluación y la desregulación de sectores concentrados de la economía que aplicó el Gobierno de La Libertad Avanza en diciembre, apenas asumido el cargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los altos niveles registrados responden a una mala medición. El titular del Palacio de Hacienda tiene un buen punto a discutir pero con un diagnóstico errado. Es cierto que existen problemas en la medición, especialmente en la composición de las canastas básicas que sirven de referencia para conocer el nivel de pobreza en el país. Sin embargo, las falencias no sobreestiman la inflación, sino que, por el contrario dejan de lado indicadores que empujarían al alza las mediciones, como el caso de los costos de la vivienda y el transporte que en los últimos años ganaron peso en el bolsillo de los hogares.  

Tras reunirse con productores de consumo masivo, Caputo posteó en redes sociales que “es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”. Por su parte, el presidente Javier Milei consideró, durante una entrevista televisiva, que las promociones de venta que realizan los supermercados distorsionan el real escenario de los precios e impiden captar la real caída de la inflación. "Si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, la inflación estaría en un dígito", aseguró el mandatario. "Las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el "tres por dos" o "dos por uno". Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando. Si corrige por este efecto, la inflación está de un dígito", afirmó el Presidente.

El argumento del Gobierno sería que las mediciones oficiales no toman en cuenta las promociones de supermercados. Otro ejemplo, más extendido actualmente es cuando un comercio ofrece una promoción que consiste en adquirir una segunda unidad con un descuento del 50 por ciento. Para el Gobierno debería dividirse el costo total por la cantidad de artículos adquiridos. La principal falencia es que ese tipo de promociones obliga al consumidor a adquirir una mayor cantidad para acceder a “un menor precio”, cuando buena parte de la población redujo sus niveles de consumo frente a la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Más allá de estas nimiedades que plante el Gobierno para exculparse del descalabro de precios que generaron sus políticas, existe una discusión y distintas mediciones sobre el impacto inflacionario en los niveles de pobreza. En particular, se debate sobre los indicadores de pobreza e indigencia y la conformación de las canastas básicas que sirven de referencia para conocer las condiciones de vida. El propio titular del Indec, Marco Lavagna, había iniciado, al asumir durante el gobierno de Alberto Fernández, los trabajos previos para actualizar los rubros y la incidencia de estos en la medición de canastas, luego que la suba de precios en la energía y servicios relacionados al hogar se dispararan en el gobierno macrista y ganaran un mayor peso en el presupuesto familiar.

Otro debate es que, en un país con problemas estructurales de acceso a la vivienda –donde 8 millones de personas no son dueños de su inmueble—, las canastas no toman en cuenta, ni siquiera con apartados alternativos los costos de alquileres y su participación en el bolsillo de las familias.

Relevamientos alternativos de precios

Esta semana, en medio de la discusión paritaria del órgano estadístico nacional con el gremio ATE-Indec, los trabadores difundieron la medición interna sobre la “Canasta de Consumos Mínimos”. Este indicador que utilizan para discutir salarios arrojó en enero para una familia tipo un mínimo de ingresos para no ser pobres de 931.323 pesos. Este valor se valor se compone de 341.302 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de 590.021 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.

“Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el Indec para la medición de la pobreza, que en enero de 2024 llegó a 596.823 pesos para una familia de cuatro integrantes, sino que son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el Indec, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales”, según el documento de los trabajadores del organismo estadístico oficial en medio de las discusión salarial.

La Canasta Alimentaria utilizada internamente en el Indec comprende valores de alquileres, expensas, gas, electricidad, agua, transporte público y comunicaciones. Una segunda publicación es la Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar, que incluye servicios para la educación, textos y materiales escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes y servicios para el cuidado personal. Otro indicador es la Canasta de Bienes y Servicios Mensual, que suma indumentaria, gastos en Salud y cienes durables para el equipamiento y mantenimiento de la vivienda.

Otra medición alternativa es la Canasta Básica Alimentaria para el Adulto Mayor, que desde julio de 2021 se publica y fue elaborado en forma interdisciplinaria entre economistas del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) y del Departamento de Economía con nutricionistas del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur (UNS). La canasta total para este grupo etario contempla no solo alimentación, sino también otros capítulos de consumo. La canasta del INDEC no está pensada para cubrir los requerimientos nutricionales de los adultos mayores y tampoco contempla los patrones de consumo propios de este grupo poblacional.

En el caso de la mediación para Bahía Blanca, jurisdicción a la que se circunscribe el relevamiento, arrojó para en la primera semana de febrero un monto mínimo de 136.631 pesos por persona. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) oscila entre 311.232 y 420.403 pesos, dependiendo de qué relevamiento de la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHO) se considere para estimar dicho parámetro.

También se trabaja en la medición de lo que gastan las familias en la provisión trabajos de cuidado no remunerado. Desde el CIPPEC impulsan este indicador, que permitiría conocer cuál es el umbral de recursos necesarios para brindar cuidado, con el fin de aliviar la carga de quienes los brindan y reducir las brechas de género. En América Latina y el Caribe, las mujeres dedican a estas tareas un tiempo tres veces mayor al que dedican los varones. 

El proyecto, que se lanza en el marco de una red de think tanks de todo el Sur Global, propone que se otorgue un valor monetario a los recursos que las familias necesitan para brindar cuidado de calidad a niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 16 años, y el trabajo que destinan a esa tarea. “Se trata de reconocer cuánto invierte cada hogar para realizarlo, teniendo en cuenta que hoy en día no existe un indicador que estime los costos de producción de esa labor”, dicen desde el CIPPEC.

También existen otros tipos de mediciones alternativas que utilizan una base propia, diferente a la del Indec. Es el caso del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), que realiza un trabajo en el que se contempla un enfoque multidimensional de la pobreza. En estos estudios no se tienen en cuenta sólo los aspectos monetarios (cuánto dinero se necesita para adquirir cierta cantidad de bienes), sino que también se contempla el acceso a la salud, el empleo, los servicios básicos y una vivienda digna.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, sostuvo hace pocos días que 2con el ajuste brutal de algo que ya andaba mal, en febrero/marzo va a ser el estallido de la pobreza”. El directivo estimó que el nivel de pobreza llegará a alrededor del 60 por ciento entre febrero y marzo, lo que implicar un total de 27 millones de personas que no accede a la canasta básica total.

La exclusión de la vivienda en el mundo

La ausencia de indicadores del peso de los alquileres y expensas en las canastas es también una falencia importante para la rigurosidad en el acceso en el costo presupuestario de los hogares. Para mediados de febrero el costo de los alquileres en CABA para un departamento de dos ambientes arrojó un alza de 311,8 por ciento interanual, de acuerdo con el relevamiento que realiza el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.

Sin embargo, no se toma en cuenta la medición de canastas. Mientras que la canasta básica total del Indec para un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años alcanzó en enero los 596.823 pesos, mientras que el valor de un inmueble en CABA de tres ambientes (necesarios para esta composición del la familia) promedia los 500.000 pesos mensuales. Esto llevaría a que ese hogar necesitaría un mínimo de ingresos superior al millón de pesos. 

La Canasta de Servicios que elabora la consultora Focus Market para una familia se ubicó en 1.297.400 pesos en enero, con fuertes aumentos de la canasta de servicios básicos (luz, gas, internet, transporte, salud, entre otros) que vienen afrontando los argentinos. Entre los los servicios que tomas en cuenta en la canasta se encuenta el alquiler (la referencia para una familia tipo es un departamento 3 ambientes). El costo de arrendamiento, según la entidad, confirma para marzo un valor de 495.323 pesos. 

Este debate no es exclusivo de la Argentina. En Estados Unidos también critican la forma en que la Oficina de Estadísticas Laborales calcula los costos de la "vivienda", que representa una parte tan importante del Índice de Precios de Consumo, superando a todo los demás rubros relevados durante casi dos años.

La vivienda representa el 36,1 por ciento del IPC y el 42 por ciento del IPC subyacente. La vivienda también representa el 60 por ciento de la inflación medida en los servicios no energéticos. Esto resulta ser bastante importante, porque la inflación estimada para la vivienda fue durante mucho tiempo extremadamente alta, mientras que la inflación para todo lo demás fue extremadamente baja.

No obstante, los ingresos necesarios para costear cómodamente una vivienda en Estados Unidos aumentaron un 80 por ciento desde 2020, superando ampliamente el incremento de los ingresos, que alcanzó al 23 por ciento durante el mismo período. Este tipo de inflación en dólares es la que podría importarse ante una eventual dolarización de la economía argentina como la que pretende el Gobierno.