Cuando una fábrica apaga sus hornos, toda una ciudad cruje. Signos de una época. La siderúrgica Acindar – Villa Constitución mantendrá un esquema de suspensiones de sus trabajadores por los próximos siete meses. Una de sus áreas claves, como la transformación de los minerales (reducción directa) frenará su producción durante 70 días corridos, mientras que la acería dejará de funcionar durante tres semanas.
“Estamos trabajando con un 50% de la capacidad instalada. Este año vamos a producir apenas 600.000 toneladas, cuando el año pasado fueron 1.200.000 toneladas. Nos quieren empujar a los despidos masivos y no lo vamos a permitir”, sostuvo Matías Ruffini, integrante de la comisión interna de Acindar, en diálogo con El Destape.
“Una ciudad de 50.000 habitantes depende de nosotros”. En marzo de este año, los 1000 trabajadores de la siderúrgica Acindar – Villa Constitución empezaban a sentir en carne propia el desaguisado de la política económica mileista. La baja de la producción y la caída de la principal actividad vinculada a esta empresa – la construcción – se volvían una constante. El último dato del Indec lo terminó de confirmar: la construcción se derrumbó 20 puntos porcentuales durante el primer trimestre de 2024.
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Los trabajadores y trabajadoras de Acindar padecen de manera directa las consecuencias de una recesión planificada.
“Ya hubo cortes de contratos y el inicio de los retiros voluntarios. La diferencia entre cada una de estas medidas es que la empresa empezará a elegir quiénes van a quedarse y quiénes no”, sostuvo Ruffini. La hipótesis de los delegados es que luego del proceso de suspensiones y el parate de la fábrica, “la empresa irá por los despidos directos”.
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El año pasado, sobre 1200 trabajadores, la empresa arrancó el año con 1000. Hubo una primera tanda de cortes de contratos y ahora se le sumaron los primeros 40 retiros voluntarios. Los 1000 obreros restantes fueron empujados hacia un esquema de suspensiones, negociado con la empresa.
De los próximos seis meses, la producción neta equivaldría a 60 días de trabajo como consecuencia del parate en el área de acería o la transformación de minerales, la operación de trenes, entre otras áreas.
Durante junio y julio, los trabajadores suspendidos cobrarán el 83% del salario. Otro dato exacerba la paciencia de los obreros: su paritaria venció en noviembre del año pasado. La estrategia de la UOM nacional fue dilatar la negociación con “cuartos intermedios”. En agosto, los suspendidos cobrarían el 80% de su salario y en septiembre, el 75% del salario. Pero siempre con una remuneración que no se actualiza desde noviembre.
“Los acuerdos internos que pudimos hacer ya no sirven de nada. El Gobernador de Santa Fe (Pullaro) apoyó la Ley de Bases, si ahora llegan a reinstalar el Impuesto a las Ganancias, nos van a borrar de un plumazo”, sentenció Ruffini.
Van por más
La empresa Acindar solía pertenecer al Grupo Acevedo hasta que fue vendida a la sociedad Belgo Mineira, una siderurgia del grupo belga Arbet (radicada en Brasil). La operación se concretó en 2004. Luego, se fusionó con Usinor (empresa francesa privatizada) y con Aceralia (firma española privatizada). De esta asociación nació el grupo mundial de acero Arcelor, que finalmente fue absorbido por la india Lakshmi Mittal.
“Como a la empresa india no le importa nada la Argentina, todo el costo de esta crisis lo pagamos nosotros”, enfatiza Ruffini. No son palabras al azar. Una pregunta sobrevuela Villa Constitución: ¿qué pasaría si los dueños decidieran relocalizar la producción de acero? De ahí que los trabajadores vislumbren la posibilidad de una escalada en el conflicto con despidos directos. El estado de alerta es permanente.
Este miércoles habrá una nueva reunión paritaria en la secretaría de trabajo en la Ciudad de Buenos aires; de no cerrar un acuerdo, los obreros de Acindar no descartan iniciar una serie de bloqueos en la puerta de la fábrica.
La empresa de capitales indios, radicada en Luxemburgo (paraíso fiscal), detenta junto a Techint una avanzada disciplinadora para imponer la reforma laboral –sancionada con la Ley de Bases - redactada por el mismo estudio jurídico que pertenece a Daniel Funes de Rioja (Bruchou&Funes de Rioja), el titular de la Unión Industrial Argentina (Techint).
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Caída en bloque
“La situación es gravísima”, sostuvo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss, durante el acto inaugural del evento anual del sector. Detrás del derrumbe señalado se encuentra la decisión política del oficialismo de clausurar toda la obra pública, situación que incidió en el proceso productivo de Acindar.
Según el último informe del Indec sobre la marcha de la economía, durante el primer trimestre del año la construcción registró un derrumbe del 19,7% interanual. Los puestos de trabajo destruidos llegarían a los 130.000.
En este escenario de una debacle económica planificada, el Gobierno armó un esquema de traspaso de la obra pública hacia las provincias a cambio de su acompañamiento a la ley de Bases.
En las horas previas al debate de la Ley de Bases en el Senado (cuyo trámite parlamentario se ejecutó bajo una feroz represión de fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo una serie de reuniones con mandatarios y funcionarios de las provincias de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Chaco, Chubut y Neuquén para traspasarles la realización y finalización de un conjunto de obras públicas que antes dependían de Nación.
El traspaso será sin recursos, aunque las jurisdicciones esperan “beneficiarse” con el derramen de ingresos prometido en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Paga de favores.
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