Una reforma tributaria progresiva, clave para incidir en el precio de los alimentos

El debate de fondo debería pasar por la estructura tributaria de la Argentina y por el rol del Estado para implementar políticas públicas. Una batalla cultural permanente.

04 de abril, 2024 | 00.05

¿Quién fija el precio de los principales alimentos en la Argentina? ¿Cuáles son los eslabones que intervienen en el valor final de un paquete de harina, arroz o fideos? El gobierno de la Libertad Avanza prometió, desde su plataforma electoral, que bajaría o eliminaría un sinfín de impuestos para mejorarles la rentabilidad al conjunto de empresas concentradas que orbitan en su gabinete. ¿Bajarían de precio los alimentos en caso de eliminarse los niveles tributarios? El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), cercano a las ideas tributarias de Milei, acaba de publicar un trabajo en el que sostiene que, de abolirse toda la estructura tributaria del país, el precio de la canasta de alimentos se reduciría la mitad de su valor actual. La miseria planificada requiere de sus consultoras solidarias.

Otras preguntas son posibles: ¿qué sucede con las estructuras de concentración en la producción de alimentos? ¿Cómo juega la remarcación especulativa en el precio final de la harina? ¿Qué rol tiene la elusión fiscal en las rentabilidades de las grandes empresas? ¿Cómo se podría mejorar el consumo de la población con una política de devolución del IVA?

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Otro sistema tributario es posible: progresivo, equitativo, y clave para el desarrollo del país con la implementación de políticas públicas.

Artilugios contables

Para que los grandes empresarios del país puedan vociferar que “existe una gran presión tributaria”, deben nutrirse de los insumos fabricados desde centros de investigación o consultoras alineados ideológicamente. Ese es el caso del IARAF.

El año pasado, publicó un trabajo donde instalaba la idea de los 166 impuestos que debe soportar un empresario – informe desmentido por el CEPA; mientras que en su último paper contribuyó con la idea mileista de la eliminación total de los impuestos para abaratar el precio de los alimentos.

El Instituto analizó dos grupos de alimentos –harinas de trigo, arroz, fideos, mermeladas, envasados-, para determinar el peso de determinados impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre el precio final. Su conclusión fue taxativa: de eliminarse el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, Cargas Sociales y tasas municipales, una canasta básica podría pasar de los 50.000 a los 21.900 pesos, una diferencia del 43%.

Tan simple como ello. La vida de los trabajadores y trabajadoras que habitan cada municipio o provincia del territorio, jurisdicciones que se deben financiar vía Ingresos Brutos o tasas –además de la coparticipación federal- no aparecen en el radar del liberalismo ortodoxo.

¿Qué hizo el IARAF? Uno de los casos analizados la harina de trigo, puntualmente el paquete de un kilo de la empresa Morixé (Ignacio Noel, el mismo dueño de Sociedad Comercial del Plata). De acuerdo a su análisis, un paquete de un kilo cuyo valor de venta ronda en los 845 pesos podría descender a los 300 pesos luego de eliminarse todos los impuestos. ¿Así se fija el precio de la comida en el país?

La producción de harina se encuentra concentrada: el 4,7% de las empresas concentra el 50,4% de la producción. De este total, una sola sociedad acapara el 23,7% del mercado: Molino Cañuelas.

La molienda de trigo para pan es manejada por tres empresas que concentran el 87 % del mercado: Cañuelas, Morixe y Molinos Río de la Plata.

De acuerdo al Indec, la harina de trigo tuvo una variación del 300 por ciento entre febrero de 2024 y 2023. ¿Tanto aumentaron los impuestos para justificar el valor de este producto esencial?

La concentración sigue: la molienda de harina para fideos está acaparada por cuatro sociedades, de las cuales dos de ellas ostentan el 92 % del mercado (Molinos y Cañuelas); en lo que es la industria de fideos, el 81 % del mercado lo manejan 5 empresas: Molinos Río de la Plata cuenta con el 40 %, seguido por Canale (18 %), Marolio (10 %) y Arcor (5 %).

Una reforma tributaria es posible

El debate de fondo debería pasar por la estructura tributaria de la Argentina y por el rol del Estado para implementar políticas públicas. Una batalla cultural permanente.

Desde el centro de estudios Fundar publicaron un trabajo titulado “Hacia un sistema tributario federal armónico”. En uno de sus primeros apartados, dieron cuenta de una pregunta clave. ¿Para qué sirven los impuestos? La respuesta, también fue clave: financiar el gasto público, contribuir a la distribución de la riqueza y mejorar el desarrollo económico del país.

Este trabajo, como tantos otros, plantea el desafío de avanzar hacia una reforma tributaria integral, donde se aumente el peso de los impuestos sobre la renta, ganancias y propiedades y se reduzcan en el caso de los bienes y servicios. Es decir, que sea más progresivo (además de cambios burocráticos y de simplificación). Los que más ganan, que paguen lo que corresponda.

Dice Fundar: “Para medir la eficiencia del sistema tributario sirve conocer cuán grande es la diferencia entre lo que debería recaudarse y lo recaudado. Esto incluye tener en cuenta lo efectivamente recaudado; lo que no se recauda por exenciones impositivas (beneficios e incentivos que reducen la carga sobre ciertos consumos, ingresos, contribuyentes, actividades, etc); y lo no registrado por fraude, elusión, fallas de gestión y otras carencias”. Y concluye: “Se recauda casi la mitad de lo que podría recaudarse”.

Ante esta problematización, late una inquietud: ¿Cuál sería la predisposición de las grandes productoras de alimentos analizadas por el IARAF en mostrar sus asientos contables más íntimos para transparentar los esquemas de planificación fiscal elaborados desde los grandes estudios legales?

Mercadointernismo

Pero las cosas pueden ser diferentes; Milei avanza con su plan de miseria planificada. No le interesa que los alimentos aumenten exponencialmente de precios porque su programa apunta a la desaparición de ese mercado interno que vive y consume en el país. La licuación de los salarios, ¿solo un primer eslabón?

En política, nada debe ser inexorable. En la provincia de Buenos Aires se viene implementando un programa de transferencia indirecta de recursos con la llamada Cuenta DNI; en esta línea podría recordarse el sostenimiento de la devolución del IVA para todas las compras durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Dicha política se había implementado por Cavallo en plena crisis, cuando la bancarización de la población era casi nula. El proceso de creación formal de puestos de trabajo convirtió esa devolución del IVA vía tarjetas de débito en un dinamizador del consumo. Un instrumento de aquella época.

O más cerca en el tiempo, cuando desde el Frente de Todos, el ministro Sergio Massa implementó la devolución del IVA para compras de alimentos en grandes supermercados, a lo que luego se le sumó el envío de un proyecto de ley al Congreso. En sus fundamentos, se establecía que “la instrumentación del régimen de reintegro se está direccionando hacia quienes más necesitan de la asistencia del Estado, lo que fortalece su rol como agente promotor de una distribución más equitativa del ingreso. Los impuestos indirectos tienen un alto impacto en quienes destinan al consumo la mayor proporción de su ingreso”.

Ideas para otro país.