La falta de progresividad del sistema tributario argentino atenta contra la estabilidad macroeconómica y la propia dinámica recaudatoria. Pese a la repetición constante del latiguillo de la supuesta pesada mochila fiscal que recae sobre el sector productivo, en comparación con la situación de otros países, los impuestos vinculados con los ingresos y los beneficios de las empresas aportan en la Argentina menos de la mitad de la recaudación total y en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) respecto del promedio de las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los impuestos vinculados con los ingresos, utilidades, ganancias, patrimoniales, sobre comercio internacional y aportes y contribuciones “aportan en la Argentina el 17,5 por ciento de la recaudación total, menos que en los países de la OCDE (33,1 por ciento), de la región (26,3 por ciento) y de ingresos similares (27,5 por ciento). También tienen escasa participación los impuestos a la propiedad”, destacó un informe realizado por el centro de estudios Fundar.
El diseño tributario actual es consecuencia de las crisis económicas y sus urgencias, de una estructura económica heterogénea con amplia informalidad, de un irresuelto federalismo fiscal y de las contrastantes respuestas de los diversos gobiernos ante el aumento del gasto público. De esta manera, el sistema tributario está lejos de cumplir los principales objetivos que debe cumplir para aportar a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo, lo que plantea la necesidad de realizar cambios de estructura en dirección a una mayor equidad y eficiencia.
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Existen cuatro requisitos que se le piden a todo sistema impositivo. En primer lugar, cumplir con el objeto de su creación: recaudar los recursos que permitan financiar las actividades del Estado. En segundo lugar, se recomienda que los impuestos contribuyan a reducir la desigualdad en la sociedad. También se pide que el sistema impositivo sea eficiente (que genere los menores costos sobre la actividad económica dado su rendimiento). Por último, es deseable que sea simple, transparente y de fácil cumplimiento y control. “A estas características principales se añade la importancia de la estabilidad del sistema para generar previsibilidad y evitar posibles problemas referidos a la eficiencia y la equidad ante sucesivas reformas”, sostiene el documento realizado por los economistas Agustín Lódola, Cynthia Moskovits y Guido Zack para la Fundar.
Mochila o cartuchera
Bajo este estado de situación, las iniciativas planteadas por el gobierno libertario de Javier Milei profundizan la inequidad impositiva, reduciendo y/o eliminando la carga tributaria y la intención de subirla para los individuos. Como ya se anticipó este medio en varias oportunidades, el programa de Milei estimula la informalidad, impactando de lleno en la recaudación futura de impuestos. A la postre el Gobierno se verá arrastrado por el círculo vicioso de ajuste, recesión, menor recaudación y nuevo ajuste, para intentar –sin éxito—lograr equilibrar las cuentas fiscales.
Dentro del decreto de necesidad y urgencia lanzado en diciembre, se incluía un “alivio” sobre los aportes patronales con el objetivo de “fomentar la contratación”, una medida que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, eliminó temporalmente ante la falta de recursos fiscales en la actual situación de crisis económica. De acuerdo con el informe de Fundar, los tributos relacionados con la seguridad social aportan en Argentina (17,9 por ciento), una proporción similar a la observada en la región (17,1 por ciento), pero menor que el de los países de la OCDE (27 por ciento).
La gran diferencia se da en el régimen de trabajadores autónomos (incluido el monotributo), donde Argentina recauda menos de un tercio de lo observado en otros países de la OCDE (0,3 por ciento versus 0,9 por ciento del PIB). “Resulta necesario disminuir el peso de los impuestos sobre bienes y servicios y reforzar los que recaen sobre los ingresos y el patrimonio, buscando lograr un mayor equilibrio entre los diferentes tipos de rentas para evitar un sesgo excesivo sobre los ingresos laborales”, detalla el informe presentado el lunes a la prensa por el centro de estudios y diseño de políticas públicas que promueve una agenda de desarrollo sustentable e inclusivo para la Argentina.
En materia de política tributaria, la mayoría de los países amplió y fortaleció en los últimos años la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y disminuyó alícuotas en el impuesto a la renta (salvo Brasil y Chile, todos adoptaron el sistema dual con tasas progresivas para rentas del trabajo y uniforme para rentas del capital) para gravar las rentas de las personas ampliando su base, lo que redituó en mayor recaudación del impuesto a la renta sesgado hacia las sociedades. Siguiendo la clasificación internacional, los tributos que recaudan la Nación y las provincias pueden agruparse de la siguiente manera: 1) sobre ingresos, utilidades y ganancias de capital (que pagan los individuos y las Sociedades); 2) sobre la propiedad (patrimoniales); 3) sobre bienes o servicios (incluyendo los que se aplican sobre el comercio internacional y los ingresos brutos (IIBB) que cobran las provincias); 4) aportes y contribuciones a la seguridad social.
En el caso del impuesto a las Ganancias se da la particularidad de que aportan al Producto casi la misma proporción los individuos que las sociedades. En Argentina dentro del primer grupo encontramos al impuesto a las ganancias que pagan los individuos (2,16 por ciento), las sociedades (2,49 por ciento) y los beneficiarios del exterior (0,42 por ciento). “Además, se observa que la composición entre individuos y sociedades es muy diferente a la de los países desarrollados: mientras que en Argentina los individuos aportan el 43 por ciento del total recaudado por ganancias (rentas), en el promedio de países de la OCDE es del 73 por ciento”, destaca el informe.
Los impuestos sobre la propiedad, cuya base imponible comparten Nación y provincias, aportan el 3,8 % de la recaudación (1,1 por ciento del PIB); el valor es superior al de los países de América Latina, donde aportan el 2,3 por ciento (0,5 por ciento del PIB), pero es levemente inferior al aporte que hacen en los países de la OCDE (4,4 por ciento de la recaudación y 1,5 por ciento del PIB) y en los países de ingreso similar a la Argentina, donde agregan 4,4 por ciento del total de recursos tributarios (1,1 por ciento del PIB).
Los tributos que recaen sobre bienes o servicios aportan el 60,5 por ciento de la recaudación del Estado argentino (17,6 por ciento del PIB), cuando en América Latina la proporción es 51,6 por ciento (11,9 por ciento del PIB); en los países de ingresos similares a la Argentina, el 46,3 por ciento (11,1 por ciento del PIB); y en la OCDE no llega al tercio (32,6 por ciento).
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La informalidad de la actividad atenta contra la brecha que existe entre la recaudación potencial y la efectiva. El documento destaca que en las últimas dos décadas el Estado nacional “habría dejado de percibir por la aplicación de tratamientos tributarios diferenciales el equivalente al 19 por ciento de su gasto o, alternativamente, pudo haber gastado 19 por ciento más si el gasto tributario estimado se hubiera realizado vía subsidios directos”.
El otro componente de la brecha entre la recaudación efectiva y potencial, asociado a la informalidad, ha venido cayendo en el mundo. “Los niveles de evasión son mucho mayores entre los trabajadores independientes que realizan actividades empresariales (cuando son sujetos del impuesto y quedan fuera de un régimen simplificado)”, agrega el informe de Fundar.
Propuestas de progresividad
- El informe realizado por los economistas detalla un conjunto de propuestas para un esquema tributario progresivo.
- Unir los aportes personales con el impuesto a las ganancias sobre los asalariados en un tributo progresivo sobre los ingresos, y destinar su recaudación al sistema de seguridad social.
- Establecer un impuesto negativo a la renta —administrado por la AFIP— para los trabajadores por cuenta propia informales o de muy bajos ingresos.
- Para reducir el tratamiento discriminatorio hacia los trabajadores autónomos (vis a vis monotributistas y asalariados) se propone tomar como pago a cuenta de ganancias parte de lo pagado por IVA.
- Homogeneizar las alícuotas de contribuciones patronales.
- Jerarquizar y aumentar la progresividad del monotributo, generando mayor equidad entre trabajadores y suavizando la transición al régimen general.
- Unificar la alícuota sobre rentas no laborales (sociedades) en 35 por ciento, establecer un impuesto mínimo (calculado sobre las ventas o sobre el stock de activos) y un adicional sobre la renta de recursos naturales para gravar rentas extraordinarias.
- Ampliar y coordinar federalmente el impuesto sobre bienes personales y coordinar, con las provincias que así lo dispongan, un impuesto personal al enriquecimiento gratuito. Para ello se debe mejorar significativamente el proceso de valuación fiscal de inmuebles.
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