La Corte Suprema declaró su competencia en dos causas en las que se discute el régimen normativo establecido por la Ciudad de Buenos Aires para el impuesto sobre los ingresos brutos. Ambos fueron declarados por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras el cambio de fondos de coparticipación que realizó el gobierno nacional en 2020 con el fin de corregir el aumento que el expresidente Mauricio Macri le había otorgado durante su mandato.
Los impuestos, fijados en el Presupuesto 2021, residen en los gastos con tarjetas de crédito y un incremento al 8% de la alícuota sobre Ingresos Brutos para entidades financieras. Nación y Ciudad mantuvieron reuniones sin éxito y un grupo de 17 gobernadores expresó su preocupación de que la injerencia de la Corte Suprema no cumpla con las pautas del federalismo. La decisión de Larreta fue una réplica a al decreto de Alberto Fernández de modificar la partida y que luego fue respaldada la medida por ley en el Congreso al reducir de 3,5% a 2,32 % la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires (Macri por decreto la había aumentado en 2016 de 1,4% a 3,5%).
Cuáles son las causas
En una de estas causas, el Banco Central (BCRA) planteó la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021, la modificación al Código Fiscal y la Ley de Presupuesto 2021 mediante las cuales el gobierno porteño eliminó la exención del impuesto sobre los ingresos brutos o grava con ese impuesto determinadas actividades -operaciones de pases, reguladas por el BCRA, cuando los activos subyacentes o colaterales sean los autorizados por dicha entidad, y las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA-. La autoridad monetaria argumentó que las normas tributarias locales en cuestión afectan de forma directa y grave las finalidades y funciones que le han sido atribuidas a la entidad y alteran significativamente la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional.
Remitiendo al dictamen de la Procuración, el máximo tribunal apuntó que el BCRA es una entidad autárquica nacional que está sometido al fuero federal, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte. Por ello, declaró que la causa corresponde a su competencia originaria y resolvió correr traslado de la demanda al Gobierno porteño por el plazo de sesenta días.
En la otra causa, la Asociación Civil de Bancos Argentinos (ADEBA) y un grupo de bancos demandó al gobierno porteño para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021 y de la modificación al Código Fiscal, que ordenó la eliminación de la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos que regía para las operaciones realizadas con títulos, bonos, letras, certificados y demás instrumentos emitidos por el BCRA y, como consecuencia de ello, que los bancos debían tributar dicha gabela por las compensaciones o rendimientos generados por las operaciones ejecutadas por medio de esos instrumentos, con una alícuota del 8%.
Desde la Provincia de Buenos Aires vuelven a pedir mayor porcentaje de coparticipación
El titular de la cartera bonaerense, Pablo López, afirmó que la provincia de Buenos Aires "es la más perjudicada por un régimen de coparticipación inviable, injusto y contrario a los preceptos constitucionales". Días atrás el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se refirió a un posible fallo de la Corte Suprema en torno a los fondos destinados al traspaso de la Policía desde la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires y le solicitó al máximo tribunal que "entienda" el reclamo del resto de las provincias respecto a la distribución de recursos públicos.
"Seguimos apelando a que la Corte entienda el reclamo del resto de las provincias sobre la distribución justa de los recursos. Necesitamos la redistribución de los recursos", sostuvo el dirigente nacional. A través de sus redes sociales, el ministro detalló que la Provincia "es la que menos recursos por habitante posee y esto redunda, aún con déficit fiscal, en el menor gasto e inversión pública por habitante del país". El funcionario expresó que "si pretendemos dar un debate serio acerca de la asignación de recursos nacionales entre las 24 jurisdicciones, no debemos perder de vista esto como fondo de la cuestión".
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