El Gobierno planea cambiar el cobro en estaciones de servicio: cómo será a partir de ahora y por qué se perjudica a los municipios

La Secretaría de Industria y Comercio recibió a representantes de estaciones de servicios, quienes se quejaron del cobro de tasas municipales, que supuestamente no deberían tener rigor legal. Las tres versiones de un problema que traerá conflictos legales. 

20 de septiembre, 2024 | 20.59

Altos funcionarios del Ministerio de Economía y representantes de la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA) se reunieron este viernes para tratar la supuesta inclusión indebida de tasas municipales en los tickets de consumo de estaciones de servicio. La maniobra se enmarca en el combate que puso en marcha el gobierno nacional contra las intendencias del conurbano bonaerense, pero en el segmento de recarga de combustible hay un "berenjenal" por resolver. 

Los representantes de la CECHA, que agrupa a 5.296 estaciones de servicios de todo el país, expresaron su "inquietud" por el modo en que los municipios "les imponen cobrar y liquidar tasas locales en los tickets de venta de combustible". Las autoridades del Palacio de Hacienda que comanda Luis Caputo les aclararon que la resolución 267/2024 indica expresamente que solo se puede cobrar por el servicio y bien que se provee, más los impuestos nacionales que tributa todo producto. El decreto refiere a la decisión del gobierno de Javier Milei de prohibir a municipios la inclusión de impuestos en las boletas de servicios esenciales, como el caso de la luz y el gas.

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Los funcionarios y los miembros de la Confederación acordaron continuar con reuniones de seguimiento para asegurar el cumplimiento de la medida en todo el país. Una fuente cercana al Gobierno dijo a este medio que la tasa municipal "nunca se debió cobrar", amparado en la ley de defensa del consumidor. Por ese motivo, en La Libertad Avanza se comprometieron a realizar "fiscalizaciones y actuar ante denuncias".

Por el Ministerio de Economía asistieron el secretario Legal y Administrativo, José García Hamilton; el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne; el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño; y el director nacional de Defensa del Consumidor, Leonardo Lepíscopo. Por su parte, en representación de las estaciones de servicio estuvieron presentes el presidente de la Confederación, Isabelino Rodriguez; y los directivos Vicente Impieri, Carlos Gold y Guillermo Lego. 

El detrás de escena de las tasas

Fuentes del sector hidrocarburífero señalaron a El Destape que el cobro de tasas -que se aplica hace cinco años, aproximadamente- se ubican en un promedio del 2 por ciento, pero que en ciertos partidos ascienden al 4,5 por ciento. Las intendencias emiten ordenanzas municipales que inflan el costo final del servicio que ofrecen las estaciones de servicio, quienes son categorizadas como agentes de recaudación y se ven obligadas a tributar. 

El argumento en contra de esta medida es que el servicio de los estacioneros ya cuenta con el impuesto al combustible (ICL), el cual coparticipable con las provincias, que luego derraman en los municipios. En contraposición, los intendentes explican que quitar el cobro de tasa implicaría profundizar aún más el derrumbe de la recaudación que sufren, consecuencia del cierre de grifo por parte de Nación a Estados provinciales en diversas partidas y la recesión que planchó el consumo. 

La concentración del cobro de tasas se enfoca en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, donde no piensan dar marcha atrás con el impuesto adicional. Existen otras regiones donde también se aplica la tasa, como en Neuquén, Rosario o Mar del Plata. Una manera de hacer caja con un consumo que la población no puede evitar, como el combustible.

A contramano de la resolución emitida por el Gobierno, en la Secretaría de Energía la indicaron a los estacioneros que coloquen carteles de señalamiento en los surtidores para informar la estructura de costos del precio final del servicio. Es decir, que avisen a sus consumidores que una parte del pago que realizan se debe a la ordenanza municipal que las estaciones de servicio deben obedecer. La respuesta de las empresas es que las tasas que se cobran en los distintos partidos varía entre sí e incluso hay municipios que optan por no imponerla, como los casos de Esteban Echeverría, San Isidro o Tres de Febrero, por ejemplo.

La queja reside en el desbalance impositivo, que a su vez produce un conflicto de competitividad entre las mismas estaciones, donde un precio puede ser más barato que otro en función de la decisión de cobro de la tasa municipal. Entre la ordenanza local, la indicación que llega desde Energía y lo que argumentan desde Comercio, en CECHA no tienen una certeza jurídica sobre qué hacer: ¿Seguir tributando o anclarse en la última reunión con funcionarios nacionales? Los encuentros venideros serán claves para saber que determinará la próxima carga de nafta. Un round más a la batalla entre Caputo y los intendentes.