Luego de una batalla legislativa para obtener el quorum necesario, el Senado aprobó los cambios en el impuesto a los Bienes Personales y se convirtió en ley, por lo cual 131.000 de contribuyentes dejarán de pagar el impuesto y otros 370.000 se evitarán el mismo en 2022 por las modificaciones. Tal como sucedió en la sanción del Aporte Solidario para combatir la pandemia y en la actual controversia por la posible aplicación del impuesto a la herencia, el mismo hilo conductor guía las acciones de Juntos por el Cambio: defender los intereses de aquellos que más ostentan.
El Frente de Todos logró aprobar el proyecto con las modificaciones: propuso que 500.000 contribuyentes dejen de pagar el impuesto y una compensación fiscal a través del cobro a otras 16.000 personas con una alícuota especial. Desde Juntos por el Cambio se opusieron al espíritu progresivo de que se grave a personas con mayores ingresos y defendieron el interés de unos pocos.
"Este es un impuesto a los ricos, como ya lo hicieron. Y por supuesto, estamos en contra"
La sesión para reformar Bienes Personales la apresuró la oposición, sobre una ley que impulsó el FdT en el Senado para subir el mínimo a 6 millones de pesos. Sin embargo, el oficialismo introdujo cambios al proyecto, fijó una alícuota del 1.5% para los que tienen más de 100 millones de pesos en bienes y agregó la alícuota de 2.25% para los argentinos que tienen bienes en el exterior. Esas reformas compensatorias fueron cuestionadas por sectores de JxC.
Aunque la oposición promovió la discusión, se posicionaron en contra a los cambios propuestos para evitar una sangría fiscal, debido a la salida de contribuyentes del sistema. De hecho, Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica por la Ciudad, tuvo un sincericidio al brindar su discurso en la Cámara de Diputados la semana pasada: "Este es un impuesto a los ricos, como ya lo hicieron. Y por supuesto, estamos en contra".
Historia conocida
Cabe recordar que a fines de 2020, la bancada macrista también se había opuesto al proyecto que derivó en el Aporte Solidario para aumentar la recaudación y hacer frente a medidas de salvataje económico y sanitario. La iniciativa impulsada por el Frente de Todos, y que rechazaron radicales y macristas, estipuló el cobro de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas con fortunas superiores a los 200 millones de pesos.
El Gobierno destinó hasta la actualidad $ 180.205 millones del Aporte Solidario y Extraordinario, cifra que representa alrededor del 73% del total recaudado para hacer frente a los requerimientos por la pandemia de coronavirus. Hasta el viernes pasado, se generaron recursos para el Estado por $ 247.503 millones.
Los fondos fueron dirigidos a la asistencia directa a las familias y a la producción mediante la compra de vacunas y el fortalecimiento del sistema de Salud. El Estado invirtió también en el sostenimiento del empleo y la recuperación productiva a través de programas como el Repro y Asistencia al Trabajo Independiente de Sectores Críticos.
Lo recaudado se invirtió además en el sector educativo y el fortalecimiento de la inversión pública en áreas como la Energía y la Infraestructura Urbana.
El debate por la herencia
En el marco de un nuevo Pacto Fiscal con los gobernadores, se incluyó entre las posibilidades de fuentes de recursos provinciales y para la Ciudad de Buenos Aires la aplicación de un impuesto que, en teoría está habilitado desde 2009, pero que la potestad de su aplicación es de los gobernadores: el impuesto a la herencia. Se trata de un gravamen que da equidad y progresividad al sistema tributario.
En la Argentina, el sistema tributario contó con este impuesto hasta el año 1976, cuando al dictadura cívico-militar lo eliminó, legalizándose nuevamente en el año 2009. Pero son las provincias las que deciden o no aplicarlo.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán durante el año próximo legislar un impuesto a un aumento sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia. Las tasas no fueron explicitadas, pero se sugiere que sean crecientes a medida que aumente el monto del patrimonio que se hereda o transmite.
Aunque en ningún país lo recaudado tiene una significación cuantitativa relevante, la presencia del impuesto se basa en principios de cohesión social y de eficiencia en la administración tributaria. Los ingresos tributarios por este impuesto suelen rondar entre 0,20 y 0,50 por ciento del PIB, pese a que las alícuotas aplicadas suelen ser progresivas llegando a significar desde el 3 por ciento hasta el 90 por ciento del monto imponible, de acuerdo con el país que se trate.
En la imposición a la herencia se incluye usualmente la transmisión gratuita de bienes, entre las cuales están incluidas: las donaciones, los legados, los beneficios por fideicomiso u originados por cobro de seguros cuando quien los contrató no es el beneficiario, como así también las herencias y sus anticipos, entre otras bases imponibles. En general, puede afirmarse que es susceptible de imposición cualquier acto que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.
Por supuesto, las principales figuras de la oposición señalaron la hipotética aplicación a cuenta de las provincias como la creación directa de "nuevos impuestos", en un discurso efectista que poco tiene que ver con la práctica. En conclusión, sea la discusión que se presente, la dirigencia de Juntos por el Cambio parece haber tomado de partido en favor de los que más tienen.
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