Un juzgado de primera instancia suspendió por tres meses la aplicación del aporte a las grandes fortunas para uno de los 13.000 multimillonarios abarcados. El empresario, Alejandro Scanapiecco, fue director financiero de Globant, una de las compañías beneficiadas por la ley de la economía del conocimiento.
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El fallo del Contencioso Administrativo Federal 8 hace lugar a la presión del integrante de la cúpula empresario y se opone a la ejecución de la ley nacional sancionada en el Congreso tras un extenso debate en ambas cámaras. La cautelar, catalogada por “escasos fundamentos” desde una parte del Gobierno, pondera a un empresario por sobre el interés público del cobro por única vez de una porción de los bienes del 0,2% de la población argentina.
Un juzgado de primera instancia suspendió por tres meses la aplicación del aporte a las grandes fortunas para uno de los 13.000 multimillonarios abarcados. El empresario, Alejandro Scanapiecco, fue director financiero de Globant, una de las compañías beneficiadas por la ley de la economía del conocimiento.
El fallo del Contencioso Administrativo Federal 8, al que tuvo acceso El Destape, hace lugar a la presión del integrante de la cúpula empresario y se opone a la ejecución de la ley nacional sancionada en el Congreso tras un extenso debate en ambas cámaras. La cautelar, catalogada por “escasos fundamentos” desde una parte del Gobierno, pondera a un empresario por sobre el interés público del cobro por única vez de una porción de los bienes del 0,2% de la población argentina.
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La apresurada medida cautelar que tutela la fortuna de uno de los 13 mil individuos más ricos de la Argentina suspendió por tres meses la aplicación de la norma para esta persona. Además, cuestiona la legitimidad del aporte solidario y extraordinario sin realizar un análisis completo de los intereses subyacentes en la problemática implícita de la aplicación.
Scanapiecco, quien vive en Uruguay con toda su familia, pertenece al selecto grupo de los 13.000 más opulentos de Argentina y acumuló su riqueza gracias al mercado nacional. Globant, la empresa de la que fue CFO, presta servicios de tecnología y nació en Argentina, pero mantiene sede en la guarida fiscal de Luxemburgo.
Globant incluso se beneficia del Estado a través de la ley de economía del conocimiento. Es decir, no rechaza los subsidios, pero sí el pago de obligaciones como el aporte extraordinario por única y minimiza el aporte de impuestos que, entre otras cosas, fondean los beneficios fiscales.
La ley del impuesto a las grandes fortunas, reglamentada el 30 de enero, contó con un escaso nivel de judicialización, pese a los augurios prometidos por el propio “círculo rojo”: apenas seis megá ricos presentaron amparos para oponerse al pago.
A contramano de los pronósticos realizados desde distintos estudios de abogados, apenas 6 contribuyentes con patrimonios que superan los 200 millones de pesos presentaron amparos para oponerse al pago del Aporte solidario y extraordinario.
Existen 1.200 “vivos” que aún retienen las declaraciones juradas de 2019 y no las completaron, como había adelantado El Destape. La cifra descendió desde los 2.500 iniciales cuando AFIP adelantó que presentará denuncias penales contra quienes violen su obligación ante el fisco. Para incentivar aún más el cumplimiento, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont permitió que los 13.000 multimillonarios transfieran este monto en cuotas.
Por el aporte solidario, los mega ricos deben abonar desde el 2% de su patrimonio declarado en diciembre de 2019. La alícuota se eleva a tan solo el 5% cuando cuenta con bienes radicados en el exterior. Teniendo en cuenta que con la devaluación y las ganancias extraordinarias que amasó este 0,2% de la población desde ese momento, ya recuperaron con creces el monto que deben transferirle al Estado. Más aún, la tasación ante el fisco consiste en una muy inferior a la de mercado, por lo que no deben responder por la valuación “real”.