Sólo quienes cuentan con más de $ 200 millones declarados deben abonar el aporte a las grandes fortunas por única vez en sus vidas y en cómodas cuotas. Este universo se compone por las 13.000 familias más poderosas de Argentina, de acuerdo a las estimaciones oficiales. Un pequeño grupo de ellos aún se niega a cumplir con sus obligaciones, lo que fuerza al Gobierno a avanzar en una fiscalización.
Sobre los potenciales 13.000 más ricos del país, a quienes les corresponde pagar el aporte solidario y extraordinario, se habían descubierto a 2.500 que no presentaron su declaración jurada de bienes personales en 2019, año sobre el que se realiza la valuación de activos. Dado el patrimonio de dichos sujetos, que sería superior a los $ 200 millones, la AFIP sospecha de maniobras elusivas.
El organismo recaudador que dirige Mercedes Marcó del Pont había comenzado a investigar los casos donde la omisión de presentación constituye un indicio indudable de una mañosa estrategia para eludir el pago del aporte. Por eso definió iniciar denuncias penales por evasión agravada en los casos de que no paguen esta contribución.
De los 2.500 “vivos” iniciales, la mitad ya regularizó su situación e ingresaron la declaración adeudada. El Destape pudo saber que queda menos de un 10% del total que hasta el momento no completó el formulario y, entonces, intentaría no abonar el aporte extraordinario.
Como no se puede ratificar de otra forma su pertenencia a ese grupo, AFIP iniciará una fiscalización en estos 1.200 casos. Así podrá etiquetarlos correctamente y cobrarles las tasas establecidas por el Congreso de la Nación.
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Esta semana AFIP habilitó la posibilidad de cancelar el aporte a través de un régimen de facilidades de pago. Las personas alcanzadas podrán realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada hasta el 28 de abril e ingresar el saldo en cinco pagos mensuales y consecutivos. A estos casos se les aplicará una tasa de financiación, equivalente a la de los intereses resarcitorios de la agencia.
Esta llamativa decisión fue explicada desde el Gobierno. Plantearon que las cuotas facilitan la cobrabilidad del aporte solidario y extraordinario, además de que desarticulan argumentos de quienes cuestionan el aporte y reduce la litigiosidad.
Existe una diferencia, en ocasiones vasta, entre las tasaciones de mercado y las fiscales, lo que implica que quienes deben abonar el aporte extraordinario no tienen $ 200 millones sino muchas veces patrimonios con cifras que superan los nueve ceros. Se trata de la élite de la élite. Los dueños de Argentina. De ahí se explica el poder de presión mediático desmesurado con el que batallan una ley nacional debatida y aprobada por los representantes del pueblo.
El aporte solidario grava con sólo el 2% a los bienes declarados para los mega millonarios. La tasa se eleva al 5% en caso de que las tenencias se encuentren en el exterior. Se aplica no sólo a valuaciones menores a las de mercado sino que, además, desde el cierre de 2019 a marzo de 2021, la cúpula argentina ya compensó ese monto, para ellos ínfimo, con la suba del dólar y la inflación que, en muchos casos, sus propias empresas generan por dominar sus respectivos segmentos. Pese a todo esto, un grupo se niega a contribuir para compensar al resto de la sociedad.