El impuesto a las grandes fortunas impulsado por el gobierno de Alberto Fernández para mitigar la crisis causada por el coronavirus comenzó a recibir aprobaciones por parte de empresarios privados. Es el caso de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) que se mostró a favor de la medida aunque también reclamó un "ahorro desde el Estado".
"Si el dinero se va a invertir bien estoy de acuerdo con el aporte a las grandes fortunas", dijo el empresario. Después de varios meses de anuncios y trabajos de preparación, el proyecto finalmente ingresó al Congreso de la Nación para su debate. La iniciativa es impulsada por los diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner y Carlos Heller será tratada en la reunión de la comisión de Presupuesto con vistas a sacar dictamen la siguiente semana. El proyecto prevé un impuesto a los patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos que en Argentina alcanza a 12 mil contribuyentes.
Si bien Belocopitt se mostró a favor de la medida aprovechó para aclarar: "El aporte a las grandes fortunas genera más preocupación sobre los que el día de mañana van a tener que apostar a reactivar la economía", sostuvo. "No me parece mal que en una situación de extrema vulnerabilidad los que más tengan tengamos que aportar un poco", afirmó el empresario en declaraciones a Futurock.
En sintonía con otros empresarios, Belocopitt también pidió un aporte desde el Estado y reclamó ajustes. "También me gustaría ver un ahorro del Estado así como nosotros que más tenemos tendremos que aportar", dijo.
En qué se usará el dinero del impuesto a las grandes fortunas
Equipamiento médico, subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, becas estudiantiles, ayuda a barrios populares y programas para aumentar la oferta de gas son los destinos que tendrá lo recaudado a través del Aporte Solidario Extraordinario que se cobrará por única vez con un impuesto a las 12.000 personas más ricas del país. En el proyecto presentado esta semana se define el límite en los patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos a diciembre de 2019.
Esta semana el oficialismo ingresó al Congreso el proyecto para gravar de forma extraordinaria a un grupo de millonarios, que representaría para el Estado, según las estimaciones del Proyecto, ingresos por 300.000 millones de pesos. La medida se analizará esta semana. El impuesto tiene una escalada progresiva: impone un 2 por ciento para fortunas de 200 millones de pesos y la alícuota aumenta hasta escalonadamente hasta llegar al 3,5 por ciento para los que superan los 3000 millones.
Según el proyecto, del total de ingresos, un 20 por ciento (unos 60.000 millones de pesos estimados según las declaraciones juradas del año pasado) para la compra y fabricación de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
Otro 20 por ciento se definirá en subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, "con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores", señala el texto oficial del proyecto. El mismo porcentaje estará destina al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá "reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y académica".
Se destinará también un 15 por ciento (unos 45.000 millones de pesos estimados) en ayuda a los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) "para fortalecer dicho proceso, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de sus habitantes".
Un 25 por ciento (75.000 millones de pesos) tendrán como destino programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, "a través de Integración Energética Argentina. la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF". "Integración Energética Argentina deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen", destaca el proyecto.
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