Luego de que la AFIP difundiera los datos preliminares sobre los ingresos que tuvo el Estado por el impuesto a las grandes fortunas, la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, sostuvo que ya comenzaron las tareas de fiscalización para rastrear a quienes no pagaron. Alrededor de 10.000 contribuyentes abonaron el impuesto extraordinario, cuyos fondos serán destinados al combate contra la pandemia.
Durante una entrevista radial, la titular de la AFIP precisó que “ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones de pesos en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte”. Los procedimientos canalizados a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.
En ese sentido, Marcó del Pont aseguró: “Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para defender la posición del Estado en las demandas iniciadas y, asimismo, decidimos iniciar fiscalizaciones integrales a contribuyentes que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”.
“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario asumió su compromiso y cumplió", aclaró la funcionaria. El Gobierno recaudó $ 223.000 millones que se destinarán a asistencia sanitaria, subsidios a las PYMES y a los barrios populares, como estipula la ley.
Respecto al valor de la medida, Marcó del Pont recalcó que el Aporte "es una ley muy progresiva". A su vez, destacó: "Nos adelantamos a una decisión que está en discusión en varios países. Ahora varios gobiernos, como Joe Biden en Estados Unidos, y también otros países de Europa, están yendo por este camino”.
El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $ 200 millones de pesos. La fecha para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir, el 18 de diciembre de 2020.
La ley estableció que los recursos extraordinarios generado por el Aporte solidario serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).
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