¿Y si el aporte de las grandes fortunas se convierte en impuesto?

América Latina se destaca como la región más desigual del mundo y la pandemia profundizó esa brecha social porque generó mayor cantidad de pobres, pero enriqueció aún más al 1% con mayor patrimonio. Las diferencias inherentes al capitalismo y la híper concentración en tiempos de crisis sanitaria llevaron a varios países a debatir sobre los pocos tributos que paga ese sector.

El Congreso convirtió en ley al aporte extraordinario a las grandes fortunas que recaudará más de U$S 3.700 millones por única vez. En cambio, un impuesto a los latinos ultra ricos tendría un potencial de recaudación un total de U$S 26.504 millones al año, de acuerdo a los cálculos de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

La CEPAL estimó que, desde el inicio de la pandemia, América Latina retrocedió 15 años en la lucha contra la pobreza. Hoy día son pobres 37 personas de cada 100. Esto implica, en términos acumulados, que este año termine con 45 millones de nuevos pobres. El mismo organismo multilateral proyectó que 2,7 millones de empresas cerraron desde el comienzo de la crisis del COVID-19 y que la región sufrirá una recesión del 9,1%.

La región más inequitativa en la distribución del ingreso es América Latina. El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre. El 1% de los más ricos obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado, de acuerdo al BID. La desigualdad extrema se agudizará. Hay personas y empresas que han aumentado sus ganancias durante la pandemia.

Según datos de Forbes publicados por Oxfam, los milmillonarios de la región aumentaron su riqueza en U$S 48.200 millones del 18 de marzo al 12 de julio. Este fue el periodo más estricto de aislamiento y, por tanto, en el que la mayoría de la población pasó sus peores meses.

Ante la pandemia se hizo evidente el importante rol que juega el Estado para la garantía de los derechos y la protección de la población, no solo los más vulnerables sino para la sociedad en su conjunto. La inversión de recursos para aplacar los efectos de la crisis fue determinante.

Todos los estados pusieron en marcha programas de mitigación que significaron un esfuerzo fiscal que, juntando las medidas de alivio tributario, de gasto público y de liquidez adoptadas en la región representan el 4,1% del PBI, según CEPAL.

Simultáneamente, la disminución de la actividad económica y el empleo ha reducido las recaudaciones de forma dramática. La proyección actual de los gobiernos de ingresos totales para el cierre del año 2020 se reducirá del 18,5% del PBI en 2019 al 17,0% del PBI en 2020.

En el informe “Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe”, Rosa Cañete Alonso desmintió una serie de falsedades planteadas por los voceros de los ultramillonarios en los medios para intentar convencer en contra de un impuesto a la obsena acumulación patrimonial.

Mito 1: Los impuestos a la riqueza reducirán el ahorro, la inversión y, por tanto, el crecimiento

Por el contrario, estos tributos “podrían generar eficiencias y estímulos para la inversión productiva, dado que, al gravar al patrimonio, el titular de un activo se ve compelido a aumentar la rentabilidad y el uso del mismo, de tal manera que debería reducir la existencia de activos improductivos u ociosos, si bien algunos apuntan como contracara la disminución del apetito por el riesgo”.

Los premios Nobel de economía Banerjee y Duflo (2020) en su libro Buena economía para tiempos difíciles, establecen que “no hay evidencias de que las rebajas de impuestos de Reagan o el aumento de la tasa marginal de Clinton, o las rebajas fiscales de Bush, hicieran nada por cambiar la tasa de crecimiento de largo plazo”. Plantean que parece existir consenso entre una amplia mayoría de economistas acerca de que los impuestos bajos a los contribuyentes con altos ingresos no garantizan el crecimiento económico.

Finalizan su análisis con una frase contundente, fundamentada en investigaciones recientes y con datos, para contrarrestar viejos mantras repetidos por generaciones. Establecen: “las bajadas de impuestos para los ricos no producen crecimiento económico”.

Mito 2: El capital no se le puede gravar porque se fugará

Uruguay aplica un impuesto al patrimonio desde 1967 con modificaciones y variantes en las tasas y en los montos imponibles. Siempre estuvieron grabadas las empresas, las personas físicas y sucesiones indivisas. En ninguna de sus modificaciones de tasa o base imposible se ha podido mostrar una relación con la salida de capitales del país. Uruguay ha mantenido una política abierta de entrada y salida libre de capitales. Es decir, el impuesto al patrimonio no ha sido obstáculo para la movilidad de capitales, para la inversión productiva, el crecimiento o la captación de inversión extranjera directa.

El aumento de la transparencia en el marco del sistema de intercambio automático de información financiera con fines tributarios liderado por el Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales de OCDE22 muestra que ésta no ahuyenta el capital. Aquellas excusas van perdiendo peso relativo frente al avance de normas coordinadas en materia de transparencia fiscal y de lavado de activos, con la implementación de regulaciones en el sistema financiero internacional y en las -administraciones tributarias.

Mito 3: Los impuestos a la riqueza duplican el gravamen

Un argumento sostenido por los que se oponen a la tributación de la riqueza es que el ahorro podría quedar doblemente gravado: al momento de la obtención de la renta antes de ser ahorrada por el impuesto a la renta personal, y posteriormente al acumularse en el patrimonio de la persona física, gravándose con el impuesto al patrimonio.

Esto ocurre habitualmente en el sistema tributario. El salario de una trabajadora se grava no una, ni dos veces sino muchas más. Desde su cobro hasta el consumo para la subsistencia personal y/o familiar, el salario quedará gravado por el impuesto a la renta personal, las contribuciones de seguridad social, el IVA y otros. Esto sin embargo no genera rechazos por los grandes detractores de los impuestos sobre la riqueza.