El oficialismo presentó dos proyectos de ley para que los jueces y fiscales queden incluidos en el pago a del Impuesto a las Ganancias. De prosperar, el costo fiscal por el cual se cubre la exención actual serviría para adquirir 153 millones de dosis de la vacuna producida por Oxford-Astrazeneca.
Según se desprende de las cifras oficiales, el costo para el Estado de la exención se estima en $ 41.285 millones para 2021. El costo fue de $ 22.342 millones en 2019, creció a $ 28.630 millones en 2020, y aumenta año tras año.
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De poder absorber el monto previsto para 2021, el Gobierno podría invertir en la compra de 153.475.836 vacunas de Oxford-Astrazeneca. En cambio, el cálculo para la adquisición de la Sputnik V de origen ruso alcanza las 43 millones de dosis.
Que paguen los jueces
El Poder Judicial no paga Ganancias gracias a una acordada de la Corte Suprema de 1996 y que ninguna composición del máximo tribunal del país cambió. En sus discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente, Alberto Fernández, apuntó que el poder judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.
“Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, indicó el jefe de Estado.
La ley original, sancionada en 1973, excluía del pago a los jueces y fiscales y a los legisladores. En 1996, sin embargo, el Congreso eliminó ese privilegio a través de la ley 24.631. Sin embargo, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional al argumentar que la independencia de los jueces se garantiza con la intangibilidad de sus salarios
Uno de los proyectos lo presentó Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos por Entre Ríos, y ya recibió más de 30 pedidos de diputados para sumarse como cofirmantes. El otro fue ideado por Alberto Vivero, diputado por Neuquén.
El proyecto de Casaretto plantea modificar el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias según el texto ordenado por el Decreto 824 del 2019. Allí se establecen quienes son los contribuyentes de la cuarta categoría, donde están incluidos todos los cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo y dentro del Poder Judicial solo los que ingresaron a partir del 2017, una modificación realizada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte, el proyecto de Vivero plantea modificar el artículo 79 del decreto 649 de 1997. En el inciso a se detallan los funcionarios públicos que pagan el Impuesto a las Ganancias, incluidos los del Poder Ejecutivo y el Legislativo y los judiciales nombrados post 2017. El legislador propone una redacción donde directamente se incluya al Poder Judicial y al Ministerio Público al igual que al resto.
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