La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), le envió una nota al titular del organismo tributario nacional, Carlos Castagneto, en el que manifestaron su "preocupación" por la Resolución General 5248 de AFIP, señalando que los montos establecidos para encuadrar en la obligación de ingresar el anticipo adicional (de $ 100 millones de impuesto o $ 300 millones de resultado impositivo) "no involucran a un pequeño grupo de grandes empresas, sino que afectarán a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado".
En ese marco, definieron la norma como "inconstitucional ante la vulneración de los principios de capacidad contributiva y derecho de propiedad, e innominado de razonabilidad que exige la Constitución Nacional a toda norma de carácter tributario".
Además, agregaron que el adelanto forma parte de una "utilización de recursos propios de próximos ejercicios, alterando, en la práctica, la legislación en materia presupuestaria", a causa del" efecto del proceso inflacionario".
La CAC sostuvo que desde el Gobierno "se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado", por lo que "disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo". Ante todo lo mencionado, la entidad pidió a la AFIP la suspensión de la resolución.
En la misma sintonía, la Unión Industrial Argentina manifestó su rechazo a la medida, afirmando que la resolución de la AFIP "compromete y abarca a muchas empresas medianas del sector industrial",
Según sostuvieron el "universo de empresas industriales alcanzado representa el 54% del empleo formal y el 70% de la masa salarial", mientras que "el universo de empresas alcanzadas llega a cerca del 84% del total de exportaciones".
"Un nuevo cambio en las reglas del juego del impuesto a las ganancias agudiza la incertidumbre y afecta la previsibilidad que necesita el sector productivo: sería la quinta modificación relevante del impuesto a las Ganancias de empresas en los últimos 10 años, y la segunda en un año", protestaron.
Finalmente, el Foro de Convergencia Empresarial emitió un comunicado en el que cuestionó que se vuelva a "recurrir al aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes en lugar de racionalizar el gasto público”. En ese sentido, afirmaron que la medida afecta el capital de trabajo de las empresas ya que las obliga a adelantar pagos no programados “en un contexto económico de altas tasas de interés y escasez del crédito a largo plazo”.
“Nuestro país ya experimenta una presión tributaria muy elevada que ha crecido fuertemente en las últimas décadas y afecta la competitividad de nuestra economía”, lamentaron.
El del presidente Alberto Fernández oficializó una resolución fiscal que busca el adelanto del impuesto a las ganancias de empresas beneficiadas por el contexto externo, mecanismo mediante el cual se espera recaudar unos 250.000 millones de pesos (unos 1.860 millones de dólares). El objetivo del Gobierno es fortalecer las reservas del Banco Central.
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