En medio de las discusiones por el proyecto de ley de un aporte extraordinario a las grandes fortunas, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió por los desequilibrios impositivos de la región. En ese sentido, enfatizó sobre la idea de combatir la evasión por parte de los grandes contribuyentes en el marco de la pandemia del coronavirus.
En materia de política fiscal, el Estudio Económico 2020 del organismo indicó que los países realizaron diversos esfuerzos fiscales pata mitigar los efectos de la pandemia, que en promedio suman el 4,1% del PIB, acompañados de garantías estatales de crédito de hasta 10% del producto. En esa línea, el informe destacó: "Estos esfuerzos fiscales, además de las caídas en los ingresos públicos, han contribuido a un mayor déficit fiscal y aumentos de la deuda pública".
Asimismo, el documento sostuvo que el desafío es "mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento". Para ello se requiere "una política fiscal activa en un marco de sostenibilidad fiscal centrado en los ingresos". Y subrayó: "Es necesario que América Latina y el Caribe aumente su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PIB en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con el 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".
Frenar la evasión de impuestos
"Para esto se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados a la salud pública", sentenció el informe de la Cepal.
Respecto a este conflicto, al secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, planteó: “La política fiscal activa debe vincular el corto (de emergencia) con el mediano y largo plazo, para cambiar el modelo de desarrollo hacia la transformación productiva con sostenibilidad e igualdad”. A modo de conclusión, aseveró: “Los países deben orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica fortaleciendo la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”.
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