La Aduana inició la semana la fiscalización masiva a unos 500 importadores que accedieron al mercado oficial de cambios mediante cautelares. Según informó el organismo a través de un comunicado. "Las empresas tendrán que justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial", detalló el organismo.
"El marco legal incluye como sanción la eliminación del registro de agentes del comercio exterior", adelantó la Aduana. A lo largo de 2021 y hasta mayo de 2022 se aprobaron más de 10.500 medidas en favor de los solicitantes. La administración del comercio que ejerció la Justicia en ese período trajo como consecuencia la salida de unos u$s1.800 millones de las reservas del Banco Central. "Las empresas beneficiadas son en su mayoría netamente importadoras, no fabrican ni generan empleo en el país y pertenecen a rubros que cuentan con producción nacional", según información consignada por el diario Ámbito Financiero.
La Aduana enviará intimaciones a unas 500 empresas que importaron mercadería al dólar oficial a través de cautelares judiciales. La acción del organismo se da luego de realizar una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias.
A los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras cosas.
Las empresas deberán presentar documentación relativa a la operación comercial, transferencias de titularidad realizadas, detalle de giros de divisas y destino dado a la mercadería. También tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes. La notificación da un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada.
A quienes la recibirán se les comunica que, en caso de incumplimiento, su inconducta “será considerada incursa en la figura prevista y penada por el artículo 994 incs. a) y b) del Código Aduanero, sin perjuicio asimismo de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 100l”. La norma en cuestión, prevé apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.
La Dirección General de Aduanas, que encabeza Guillermo Michel, impondrá medidas de control específicas en las empresas que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada.
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