Las decisiones de negocios de unos pocos pueden afectar la salud de toda una población, pero también a la economía entera de un país. Las dilaciones, en algunos casos especulativas, en la entrega de las vacunas obligaría a mantener un umbral mínimo de distanciamiento que impactará en la recuperación económica, la cual se extenderá más de los previsto.
El equipo económico analiza re-implementar el Ingreso Familiar de Emergencias (IFE) para los hogares más afectados que aún no pudieron retomar sus actividades plenamente y obtener un ingreso y a los que caerán en caso de que se profundice la cuarentena ante una suba de casos. Sería acotado a un 20 por ciento de los casi 9 millones de familias que lo recibieron. También se piensa retomar el Programa de Asistencia al Trabajo (ATP) para los sectores más afectados, como hotelería y turismo. En este caso se discute el alcance del programa pero también las condiciones en que se entregarán, dado que se descubrieron incumplimientos de empresas que recibieron el aporte y lo fugaron en dólares.
La pandemia parece dispuesta a tensar el delgado hilo sobre el que se equilibran las variables a alinear este año. Desde el Gobierno reconocen que, de no cumplirse con los plazos de vacunación previstos y ante la inminencia de un rebrote de casos de coronavirus, habrá que salir a contener la situación social y a las pequeñas y medianas empresas. "De todos modos, no va a ser nunca el nivel de actividad de marzo y abril del año pasado", coinciden las fuentes oficiales consultadas por este medio. Ya las empresas y los comercios tienen protocolos que, por lo extraordinaria de la situación, hubo que improvisar desde cero. De todos modos, hay muchas actividades y trabajadores y trabajadoras del sector informal que ante cualquier baja en la circulación volverán a ver paralizada su situación económica.
Por el otro lado, se negocia con el Fondo Monetario un programa para reestructurar la mochila de 44.000 millones de dólares que le prestó el organismo al país y que desapareció en forma de fuga de capitales. El límite para ampliar el gasto en un año en que se pretenderá mostrar una reducción sustentable del déficit condicionará el alcance de la ayuda estatal. No hacerlo será peor. Si no se estimula el consumo y se sostiene a las pymes la caída por recaudación será el equivalente, del lado de los ingresos, a mantener un rojo presupuestario por aumento del gasto. La diferencia es que en el primer caso las familias y las empresas pueden sobrevivir.
El IFE
Con el arribo de la pandemia y una estricta cuarentena el Gobierno reorientó el gasto extraordinario hacia políticas de reactivación sin dejar desprotegidos a sectores de la población. El IFE comprendió un pago de 10.000 pesos por familia y terminó de pagarse en septiembre, alcanzando a 8.839.044 personas, el 20 por ciento de la población, de acuerdo a los números oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Según pudo confirmar El Destape, se analiza retomar este bono pero acotado a cerca de 1,6 millones de personas, equivalente a casi un 20 por ciento de los casi 9 millones de contemplados originalmente. Sería a la base más baja de la pirámide a quienes el programa que reemplaza el IFE no los alcanza, como el Potenciar Trabajo y el Potenciar Joven, que obligan a dar una contraprestación.
La intención del Gobierno es continuar con este tipo de programas, aunque se evaluará cómo acompañar a un universo más pequeño de personas que quedan por fuera de estas asistencias mencionadas. Es por ello que, probablemente, el IFE sea parte de un paquete de ayuda más amplio. Y seguramente no lleve el mismo nombre, dado que podría confundir a la población que lo recibió antes y ahora no. Especialmente con las dificultades comunicacionales que tuvo este Gobierno cuando salieron estas medidas.
Las medidas de auxilio a los hogares y a las empresas demandaron al Estado el año pasado un gasto equivalente a casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, lo que significaría más de un billón de pesos, entre el IFE, ATP y el resto del paquete contra el coronavirus.
El ATP
El Gobierno ve con preocupación la llegada de la segunda ola de contagios de COVID-19 y no descarta nuevas medidas de restricción de actividades y de circulación. Insisten: "no como en marzo y abril del año pasado". En el momento de mayor parálisis el ATP llegó a cubrir los salarios de empleados de unas 234.000 compañías, principalmente comercio e industria. En esa primera ronda del Programa ATP la ayuda salarial incluyó a 2,3 millones de empleados y empleadas en relación de dependencia.
En lo primero que se piensa ante un aumento de casos es volver a restringir actividades relacionadas con turismo y gastronomía. La industria del ocio viene sin recuperarse desde el inicio de la pandemia. En este caso se podría mantener, dentro del programa ATP, los créditos a tasa subsidiada para el pago de salarios. Desde la cartera de Trabajo aseguran que el Repro II (suma fija de 9.000 pesos por trabajador) es un equivalente del ATP. Sin embargo, en el Gabinete se discute cómo ampliar la ayuda a las pymes.
No solo se analiza el acceso sino también las condiciones y controles sobre los montos otorgados. Dado que la economía transitará con mayor flexibilización que el año pasado, a pesar de que se reduzca la circulación, la posibilidad de las empresas de aprovecharse de la ayuda para hacer pingües negocios será un factor a tener en cuenta.
La Comisión Nacional de Valores reveló que, en plena pandemia, más de 2000 empresas recibieron el ATP para pagar su nómina laboral, pero terminaron comprando dólares en la Bolsa y/o remitiendo utilidades al exterior. La AFIP ahora investiga a las 2066 empresas involucradas y se analiza un nuevo marco regulatorio en caso de tener que continuar o ampliar el programa para evitar este tipo de maniobras elusivas.
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