Después de 25 años de una concesión abusiva sobre el río Paraná, el Estado se hará cargo de la Hidrovía, al menos temporalmente. El Presidente le otorgó el jueves a la Administración General de Puertos SE (AGP) el manejo de esta ruta pluvial estratégica por doce meses hasta que se decida de forma definitiva cómo se administrará.
MÁS INFO
“Lo importante es que ahora el Estado determina cómo va a ser manejarse la ruta”, destacaron funcionarios del área a El Destape sobre el decreto 427/2021. A través de este acto, el Gobierno le otorgó a la AGP, la administración de la vía navegable troncal, junto con el mantenimiento de sus correspondientes servicios de dragado y balizamiento.
La hidrovía, para arrancar, contaba con un problema estructural desde el inicio de la privatización menemista. Hasta el momento, el Estado desconoce el costo técnico que guarda la concesionaria; es decir, si con los peajes que cobra la empresa le alcanza o le sobra para cubrir los gastos. “Hoy no tenés claro cuánto gasta la empresa porque no está obligado a informarlo, ni si tiene ganancias”, confió una fuente con responsabilidades en el tema. “Si hoy tenés el control operativo, vas a contar con mucha información con la que hasta el momento no se cuenta”, resaltó.
Ahora, Alberto Fernández modificó el estatuto de la AGP para facultar a la empresa del Estado a, por 12 meses, cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios en la vía navegable troncal, que es esencial para el comercio exterior argentino. Tendrá a cargo de la hidrovía el kilómetro 1238 (ascendente) del río Paraná hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de La Plata exterior.
Para ello, el mismo decreto incorpora como segundo párrafo del artículo 5° del estatuto de AGP, que el organismo “también podrá asumir la concesión de obras y la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.
El Ministerio de Transporte se encargará de la confección, suscripción y aprobación del contrato de concesión con AGP y de forma paralela, llamará a una licitación internacional definitiva. Estas suelen demorar entre seis y siete meses, de acuerdo a los tiempos promedio que maneja el Estado. El control y la transparencia de los actos la resguardarán la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación, adelantaron desde el Ejecutivo, luego de que reciban el aval de la cartera de Transporte.
En el Gobierno resaltan que la Administración de Puertos posee la capacidad técnica para planificar la ejecución de los actos y obras necesarias para la adecuada prestación de los servicios de dragado, balizamiento y control hidrológico de la vía navegable troncal. Esto asegurará la presencia estatal en lo que refiere a la infraestructura. “Es vital que el Estado decida de forma estratégica sobre la principal vía de comercio internacional que tiene Argentina”, sumaron.
Es decir, AGP se encargará durante este año de planificar y contratar para que se realicen las tareas, lo que se decidirá por licitación. Si más adelante se crea una sociedad estatal para hacerse cargo de estos trabajos o no, dependerá del Ministerio de Transporte.
Por lo pronto, el mandamás del área, Alexis Guerrera, explicó que para la segunda etapa, vencidos estos dos meses, se abordarán de manera integral los pliegos que se pondrán a consideración para la vía navegable para los próximos 15 años en una licitación internacional. En ello hay un trabajo conjunto desde el Consejo Federal de la Hidrovía, con la participación activa del Ministerio de Medio Ambiente, con las provincias vinculadas con la vía navegable y también universidades públicas. Por caso, la Universidad del Litoral aborda los aspectos más técnicos; la de Rosario, trabaja los temas ambientales; y la de San Martín analiza los aspectos técnicos.
El senador nacional Jorge Taiana defendió el decreto presidencial al celebrar que “va en defensa de los intereses nacionales”. En declaraciones a El Destape Radio, el legislador explicó que la concesión vencida, por como estaba planteada, “tenía una visión de corto plazo”. “No tenía una visión de desarrollo integral, ni de cómo se conecta la Argentina fluvial con la Argentina marítima ni como se relaciona el conjunto de la región”, esgrimió.
“Tenía lo que llamaríamos ahora una visión limitadamente extractivista. Todo estuvo bien para los grandes exportadores, para las grandes cerealeras, para los puertos privados y las compañías de puerto marítimo”, sentenció. Por esto propuso como necesario “trabajar en un desarrollo armónico y sustentable. Que tenga un cuidado ambiental que nadie estudio cuando se puso en marcha esta concesión hace 25 años”.
Cerrar sesión