Un hombre y dos mujeres involucrados en el secuestro de 1.080 toneladas de granos de soja, maíz y trigo en el norte salteño fueron imputados por los delitos de contrabando de granos agravado, asociación ilícita y lavado de activos, y se les dispuso la prisión preventiva.
La titular del Juzgado Federal de Garantías de Orán, Ivanna Hernández, hizo lugar a la imputación presentada contra un hombre y dos mujeres a instancias del responsable de la sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, Marcos Romero, informaron hoy fuentes del Ministerio Público Federal en Salta.
La decisión se tomó en la audiencia de formalización de la investigación penal del caso, celebrada tras la detención de las personas involucradas, ocurrida el pasado 13 de diciembre.
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Los acusados utilizaban cartas de porte adulteradas para trasladar miles de toneladas de mercadería hasta Salvador Mazza, donde la cargaban en camiones más chicos, con destino a Bolivia, y así evadían sumas millonarias en impuestos.
Al presentar la acusación, la fiscalía explicó que las personas acusadas conformaban una organización que, desde febrero de 2021, se dedicaba al contrabando de granos, y la actividad era dirigida por el hombre quien, a través de una red de choferes de camiones, trasladaba miles de toneladas de granos desde provincias productoras.
A través de un sistema de postas, la mercadería llegaba primero a un depósito, en Tucumán, donde los granos eran quebrados y ocultados de acuerdo con lo indicado en cartas de porte adulteradas, las cuales eran tramitadas a nombre de una empresa que desconocía esta modalidad.
Luego, la carga seguía viaje a otros depósitos ubicados en Salvador Mazza, próximos a la frontera con Bolivia, donde los granos eran cargados en camiones de menor porte, que trasladaban la mercadería hacia el vecino país, a través de pasos ilegales que funcionaban -en su mayoría- en fincas privadas.
Los voceros detallaron que esta causa es un desprendimiento de otra investigación en la que se detectaron tres camiones con 30 toneladas de granos, en el cruce de las rutas 34 y 81, a la altura del paraje Senda Hachada.
En ese procedimiento se secuestraron las cartas de porte que utilizaba el acusado y los teléfonos celulares de los choferes, lo que disparó una minuciosa investigación supervisada por el auxiliar fiscal Rafael Lamas.
Con el resultado de las tareas de campo e inteligencia ordenadas, a pedido de la fiscalía, el martes pasado se allanaron ocho inmuebles en Salvador Mazza y Tucumán, en los cuales se detuvo a las tres personas acusadas y se secuestraron 1.080 toneladas de granos, entre soja, maíz y trigo.
Seis de los procedimientos fueron en Salvador Mazza, en el norte salteño, cinco de ellos en inmuebles que funcionaban como depósitos, mientras que el restante fue en una finca que se usaba para el paso de los camiones hacia Bolivia.
En ese contexto también se secuestraron cuatro camiones cargados con más de mil toneladas de granos y otros elementos de interés para la investigación, mientras que en Tucumán se allanaron dos domicilios, en uno de los cuales se incautó una máquina quebradora de granos.
Además, en los operativos también se incautaron 57 mil dólares, $1,6 millones y 4.280 pesos bolivianos, teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes, una camioneta y documentación relacionada con las maniobras delictivas.
Por la magnitud del caso y el avalúo de la mercadería secuestrada -que se estimó en $83 millones- la fiscalía puso el acento en la envergadura de la empresa delictiva que las personas acusadas desarrollaban, de la cual no se descarta la participación de otros implicados.
La Fiscalía destacó la labor de la Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas de Pocitos, que intervinieron en los procedimientos, y tras fundamentar su acusación solicitó la prisión preventiva de las tres personas acusadas, por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación penal, a lo que la jueza hizo lugar.
Con información de Télam
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