A pesar de los vaticinios de una judicialización e impago masivo y el enorme lobby mediático, ya se recaudaron más de $ 6.000 millones por el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Más de mil multimillonarios abonaron su obligación diez días antes de su vencimiento.
El lunes ingresaron a las arcas del Estado $ 1.103,7 millones en el aporte solidario y extraordinario. Con estos recursos no tributarios de la fecha, la AFIP ya acumulan un total de $ 6.063,7 millones por este concepto, en el marco de la ley 27.605, de acuerdo a los registros recaudatorios difundidos por el Gobierno nacional.
Esto implica que más de mil mega ricos transfirieron los pagos anticipadamente. El 16 de abril recién vence el plazo para el abono, de acuerdo a la prórroga que había efectivizado el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.
Para reducir la litigiosidad e incrementar la adhesión, la AFIP incluso propuso un plan de cuotas para quienes declararon más de $ 200 millones a fines de 2019. Este consiste en el depósito del 20% del total y cinco cuotas mensuales consecutivas para cancelar el resto.
La voluntad de anticipar el desembolso se contrapone con la fuerte presión que ejerció una fracción mediática, que vaticinaba múltiples juicios contra el Estado. Hasta el momento se conocieron sólo dos presentaciones judiciales en contra de este pago, uno de las cuales perdió y no le queda otra que afrontarlo como el resto de las 13.000 familias más poderosas de Argentina.
La Justicia federal rechazó hace dos semanas un nuevo pedido de un multimillonario para suspender el pago del aporte extraordinario. El juez federal Sergio Pinto no hizo lugar a la cautelar del mega rico José Luis Prado Lardizábal, que pretendía incumplir con su obligación por única vez para financiar gastos sanitarios extraordinarios del Estado para hacerle frente a la pandemia, además de inversiones sociales y proyectos productivos.
El juez de Bell Ville, Córdoba, entendió que el objetivo de suspender el pago del aporte, como pedía la cautelar, constituiría un adelanto de la sentencia definitiva que debe analizarse una vez que se presenten todas las pruebas. Para evitar entonces un prejuzgamiento sin la documentación necesarias decidió no hacer lugar al pedido.
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Días antes, la magistrada federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre avaló el pedido de otro integrante de la cúpula económica, a quien le dio tres meses para omitir su obligación hasta que se dirima la cuestión de fondo. La cautelar, catalogada por “escasos fundamentos” desde una parte del Gobierno, pondera a un empresario por sobre el interés público del cobro por única vez de una porción de los bienes del 0,2% de la población argentina.
El único empresario que por el momento se conoce no cumplirá con su deber de contribuir para una redistribución económica será Alejandro Scanapiecco. Dirigió las finanzas de Globant, una de las compañías que, contradictoriamente a su aversión personal a los recursos fiscales, recibe asistencia del Estado como beneficiaria de la ley de la economía del conocimiento.
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