El vicepresidente de Corredores Viales, Eduardo Márquez, destacó hoy que la renegociación de los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste acordados por la gestión macrista representaban para los privados “un negocio importantísimo que se armó sin licitación previa”, y advirtió que “hoy el peaje podría costar mil pesos”.
“La renovación fue un negocio importantísimo que se armó por 10 años y sin licitación previa”, indicó Márquez a Télam, al tiempo que subrayó que “la renovación del contrato que hizo (el ex presidente Mauricio) Macri les permitía a las concesionarias reclamar un aumento de tarifa a Vialidad Nacional que rondaba los $ 1.000. Hoy el peaje podría costar $ 1.000”.
Además, puntualizó que, “en el contrato, la explotación en zona de camino, como son las estaciones de servicios y paradores, paga un canon y no es económico”.
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“En el contrato que les deja Macri, los cánones no pasaban a Vialidad Nacional -como ocurre en el resto de las concesiones viales- sino a manos de la concesionaria. Ni siquiera se consideraba como parte del pago de la deuda que el Estado tenía con las concesionarias sino una utilidad más de la empresa”, subrayó el funcionario.
Como ejemplo, precisó que “una estación de servicio paga US$ 300.000 mensuales de canon”, y añadió: “Imaginen todo lo que hay en la Panamericana y en el Acceso Oeste”.
Por otra parte, Márquez destacó el dictamen de la Procuración del Tesoro donde dejó en claro que los hechos contractuales resultaron “violatorios de normas y procedimientos” aplicables para este tipo de concesiones, y remarcó que “no satisfacen el bien público”.
De acuerdo con el dictamen, los contratos resultaron “violatorios de las normas y de procedimientos aplicables, en especial porque han dado nacimiento a nuevos vínculos contractuales, sustancialmente distintos en sus elementos esenciales, a los contratos de concesión precedentes, sin que se hubiese llevado a cabo los procedimientos de concesión o concurso públicos exigidos como regla para la selección de los co-contratantes estatales”.
Además, se afirmó que los contratos “no satisfacen el fin público que la administración debió preservar en el caso, pues han tenido el efecto de otorgamiento de una serie de beneficios carentes de causa y sustento normativo a las concesionarias Ausol y GCO”, Autopistas Del Sol y Grupo Concesionario del Oeste.
Con información de Télam
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