El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social expresó, a través de su comunicado, su preocupación por el dictado de recientes normas, en jurisdicciones provinciales, que violentan tanto el derecho de huelga como el de libre expresión de trabajadores y trabajadoras, El texto hace referencia al decreto que emitió el gobierno jujeño de Gerardo Morales con un nuevo “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para "garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación". La medida de Morales endurece el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas para quienes hagan uso del derecho a huelga o manifestarse.
"Concreta y más recientemente, en la Provincia de Jujuy se ha dictado el decreto 8464, que modifica una ley provincial, y bajo el pretexto de garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación de trabajadores y trabajadoras, vulnerando la libertad sindical y disponiendo el empleo de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal para criminalizar y reprimir la protesta", señala el comunicado de la cartera laboral que conduce Raquel Olmos.
El documento advierte sobre decisiones que "bajo el ropaje de conciliar derechos de distinta índole y rango", en su implementación presentan importantes desajustes con la legislación nacional e internacional sobre el derecho de huelga. "Cuestiones como la imposición de nuevos servicios esenciales, la atribución de prohibir determinado tipo de medidas o la autorización a las fuerzas de seguridad para interrumpir protestas en curso, no toleran un examen de constitucionalidad", agrega el comunicado de Trabajo.
El decreto Nº 8464, firmado por Morales, se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado en reclamo de "salarios dignos". En su artículo 1º el decreto dice que "serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos".
"Tanto la constitución nacional en su artículo 14 bis, los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales o la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio 87 sobre Libertad Sindical, no admiten la sanción de normativas como las referenciadas", contestó el Ministerio.
"Deviene un imperativo de esta cartera nacional el advertir sobre el tópico e instar a la derogación de tan inconstitucionales disposiciones normativas que ningún progreso traerán a nuestra sociedad, y que exponen al Estado Nacional a consecuencias disvaliosas en los ámbitos internacionales dónde ya se ha tomado conocimiento de tal estado de cosas", concluye el comunicado de Trabajo.
Este lunes, tanto la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y distintas organizaciones gremiales salieron a repudiar el DNU por considerar que busca "penalizar la protesta social y cercenar el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional". Además de las expresiones de repudio, la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, expresó: "Somos parte de las luchas del pueblo jujeño y nos solidarizamos convocando a una jornada nacional de protesta y movilización que se llevará a cabo en todo el país para este martes".
Los gremialistas coincidieron en señalar que "Morales promueve una reforma constitucional inconsulta y violatoria del Artículo 14 bis, ahora busca consolidar una especie de Estado de Sitio permanente, con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales".
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