La caída de la recaudación de los últimos cinco meses, explicada por la merma de ingresos por Derechos de Exportación y Ganancias, pegó de lleno en las provincias que recibieron menos recursos de origen nacional, incluida la coparticipación federal. Más allá de que el año pasado las provincias finalizaron con un superávit primario y fiscal, las administraciones dependen en un 70% de los recursos de origen (RON) nacional. En mayo, la caída real de los RON fue del 3,1%, cuando en abril se había registrado un descenso real –descontada la inflación – del 5%, según el análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). También fueron afectadas por el sistemático ajuste del gasto público nacional, con una caída en los recursos destinados a obras de saneamiento, vivienda y el Procrear.
Los ingresos provinciales provienen de dos fuentes principales: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos (recursos propios); y los ingresos tributarios de origen nacional. En promedio, las transferencias de origen nacional (RON) representan el 70,3% del total de ingresos de las provincias, según el análisis del CEPA.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
En el caso de Formosa, esa suerte de dependencia llega al 77,2%, en Catamarca al 78%, mientras que en La Rioja es del 75%, y en la convulsionada Jujuy, del 70%. En el otro extremo se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, donde los RON solo equivalen al 8,7% del total de sus ingresos.
“Al considerar la situación provincia por provincia, se advierte que todas -excepto Río Negro (0,1%) exhibieron un descenso en los recursos de origen nacional medidos en términos reales en mayo. El promedio fue de -2,0% y en el extremo se ubicó Buenos Aires (-5,0%)”, puede leerse en el informe del CEPA. En otras jurisdicciones como Córdoba la caída real de estas transferencias fue del 2,2%, en Misiones del 2,9% y en CABA del 3,2%.
Si se contabilizan solo las transferencias por la coparticipación federal, sólo cinco de las veinticuatro provincias exhibieron incrementos reales en mayo, cuando la caída promedio fue del 1,9%. Las que tuvieron un resultado positivo fueron las jurisdicciones patagónicas vinculadas a la producción de hidrocarburos – Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego-, con una suba de la coparticipación real del 1,6%.
MÁS INFO
En el acumulado del año, los RON dan cuenta de una caída de los recursos hacia las provincias. En enero, hubo un leve incremento del 0,1% interanual, pero en febrero se registró una caída del 3,3%. En marzo hubo un resultado positivo del 1,5% pero en abril, se volvió a registrar una retracción en los envíos directos del 5%, que se suma al 3,1% de caída real para mayo.
Explicaciones
La disminución de las transferencias hacia las provincias se explica por la caída de la recaudación. “De enero al 31 de mayo, los ingresos de la Administración Nacional acumularon una disminución en términos reales del 6,7% respecto a igual período del año anterior. Los ingresos impositivos bajaron un 12,3% en la comparación interanual”, explicaron desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los Derechos de Exportación y el Impuesto a las Ganancias dieron cuenta de caídas reales del 64,1% interanual y del 1,3%, respectivamente. Los primeros, por la caída de la cosecha como consecuencia de la sequía. Y en el caso de Ganancias, quizás incida el estancamiento de la actividad económica, como así también algunos adelantos y modificaciones normativas.
“En el caso del Impuesto a las Ganancias, mayo muestra una caída interanual ajustada por inflación del 14,6%. De esta manera, continúa la performance negativa iniciada en enero (-0,8%)”, agregaron desde el CEPA.
El ministro Sergio Massa viene ejecutando un ajuste del gasto público desde agosto del año pasado. En los últimos cuatro meses del 2022, la caída real de la inversión pública fue del 40%, según manifestó el ministro durante su participación en el congreso de AmCham. Según la OPC, el gasto público lleva once meses consecutivos de caída real.
Durante el quinto mes del año, esa merma fue del 9,1 por ciento interanual, donde volvieron a sobresalir recortes hacia las provincias. La disminución acumulada entre enero y mayo para la función “transferencias a las provincias” fue del 27% en términos reales, mientras que en los gastos de capital, las transferencias resultaron un 20% menos luego de descontarle la inflación que los recursos del año pasado.
En el caso de los recursos destinados a las jurisdicciones federales y municipios, hubo una merma del 2,7% en términos reales. “Se reducen principalmente aquellas vinculadas a obras de saneamiento (-21,0% interanual real) y vivienda (-18,2%); partidas destinadas a Fondos Fiduciarios (-63,5%), y sobresale la caída de las transferencias al Procrear (-89,1% interanual)”, indicó la OPC en su informe sobre ejecución presupuestaria.
Una cosa no quita la otra
Las explicaciones de Economía para justificar los recortes hacia las provincias radican en que durante el año pasado, la mayoría de las jurisdicciones registraron un superávit fiscal y primario.
“El consolidado de las provincias y CABA cerraron el 2022 registrando un superávit operativo de 1,6 billones de pesos (+30,8% real anual), en tanto que a nivel primario se registró un superávit de 562.590 millones de pesos, presentando una suba anual del 20,9% real. A su vez, luego del pago de intereses de deuda, el conjunto de los distritos presentó un ahorro de $ 271.750 millones con una expansión anual real del 67,1%”, indicaron desde la consultora Politikon Chaco.
“El consolidado de las 24 jurisdicciones exhibió una suba de los recursos por encima de la expansión de las erogaciones, donde los ingresos totales registraron un alza del 6,6% real”, agregaron desde la consultora.
Si bien las jurisdicciones optimizaron sus cuentas fiscales, las inversiones de capital del Estado Nacional no son del todo intercambiables por los mejores resultados locales. Por caso, el Procrear, que en mayo tuvo un fuerte recorte en términos reales, se pensó en su origen como una política pública impulsada desde Nación para que tuviese un impacto multiplicador en cada una de las jurisdicciones, no solo en la generación de empleo, sino también como eje rector de una política habitacional.