El Gobierno denunció a siete empresas virtuales de crédito por estafar a jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Una de las empresas se acogió a los beneficios creados por Cambiemos para comenzar a operar en tiempo récord y con sólo $ 19.000, un capital muy inferior al necesario para entregar un solo préstamo.
Mauricio Macri hizo proliferar a las compañías financieras tecnológicas y las desreguló casi por completo, al punto de que se volvió campo fértil para que broten empresas fantasmas con capital ínfimo que estafen a sus clientes e incluso a personas que nunca firmaron un contrato con ellas. De este modo, simples aplicaciones no bancarias fueron autorizadas a dar créditos a quienes no podían acceder al sistema oficial, no casualmente las personas más vulnerables. Este frenesí, que incluyó ilegalidades, pudo ser frenado en varios pero firmes pasos recién a principios de este año, cuando el Banco Central comenzó a normar el sector.
Desde la IGJ, el macrismo inventó la figura de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), que permitió a "emprendedores" fundar una empresa en 24 horas y con requisitos mínimos. El actual inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, las calificó de "las offshores argentinas" en un libro reciente, puesto que su estructura, pero principalmente la carencia de controles para su creación, parece un calco de las compañías en guaridas fiscales. Ambas son útiles para estafas y para resguardar a sus dueños ante este tipo de eventualidades.
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Así apareció Punto Click SAS, constituida en abril de 2018 por Yamile Abrahan con un capital de $ 19.000 para dar préstamos personales, un monto menos que suficiente para cubrir las actividades de ese rubro. Junto a Smart Cash, Patagonia Cred, Efectivo Urgente, Wenance SA, Wenance Credit Argentina y Wenance Inversiones AAGI les adjudicaron a jubilados y beneficiarios de la AUH contrataciones que nunca solicitaron, además de darle préstamos a personas que nunca se lo requirieron.
Según pudo averiguar El Destape, los casos incluyen consumidores que nunca habían ingresado ni tramitado el crédito, o que sólo habían averiguado y luego ya tenían descuentos en sus cuentas. Otros sí solicitaron el préstamo, pero les informaron condiciones distintas a las que finalmente les aplicaron. En algunos casos se realizaron varios débitos en el mismo mes, especialmente de jubilados, hasta llegar a vaciar sus cuentas.
La Secretaría de Comercio, a cargo de Paula Español, recibió los reclamos de los damnificados en la ventanilla única y el servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC). En colaboración con el Banco Central y la IGJ, lograron identificar las conductas abusivas.
La denuncia penal presentada por el Gobierno ante la Justicia penal nacional pide abrir una investigación por estafa, usura crediticia y violación de datos personales. Adicionalmente, se abrió un sumario por conductas fraudulentas por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de Consumidores.
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