Los argentinos guardan U$S 330.000 millones en el exterior. Cerca de dos tercios de ello no se encuentra declarado, lo que significa menos recaudación para el Estado, menos fondos para la asignación universal por hijo pero también menor capacidad para la asistencia al trabajo y la producción (ATP) sin ampliar el déficit fiscal. Para evitar esta evasión offshore presentaron un proyecto para que sea el Congreso el que tome cartas en el asunto e investigue.
La diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un proyecto para crear una comisión bicameral permanente de Seguimiento de la Gestión vinculada al Combate de Delitos Financieros, Evasión y Elusión Tributaria. su objetivo será indagar sobre los delitos financieros alrededor de la elusión y la evasión fiscal. Funcionará bajo la órbita del Legislativo, con cinco integrantes de cada cámara. La iniciativa apunta a mejorar las estrategias y capacidades del Estado para detectarlos.
El objetivo de esta Comisión será contribuir a proteger la integridad de los sistemas financiero y fiscal y a combatir la corrupción en el ámbito público y privado. En particular, busca “garantizar el control del estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia en las distintas etapas prevención, detección, investigación, persecución, proceso y recuperación de activos producto del delito, a través del seguimiento, la coordinación, análisis e investigación”.
En concreto, el texto al que accedió El Destape aclara que se pretende “fortalecer los marcos regulatorios enfocados en la transparencia y la rendición de cuentas tanto de los órganos gubernamentales como de las instituciones financieras y el sector privado”. De esta manera, el objetivo es reducir la elusión y la evasión fiscal internacional en el sistema tributario argentino, y combatir y sancionar prácticas y operatorias financieras en jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes.
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“El delito financiero es cada vez más sofisticado, abarca una amplia gama de faltas y acumulan cantidades importantes de dinero, entre las que se contempla la evasión fiscal, el fraude tributario, el lavado de dinero, la corrupción, la compra-venta de valores con información privilegiada y el financiamiento de actividades terroristas”, sostuvo la iniciativa.
Más dos tercios de la riqueza que los argentinos mantienen fuera del país no se encuentra declarada, lo que impacta sobre la inversión, la recaudación y agudiza la restricción externa. El Indec precisó que para el segundo trimestre los argentinos contaban con U$S 330.024 millones en el extranjero, lo que implicó un incremento de casi U$S 7.400 millones respecto a marzo.
Las pérdidas por evasión y elusión fiscal son incalculables y ponen en peligro el desarrollo y bienestar económicos y de las próximas generaciones. La ausencia de políticas tributarias adecuadas ha permitido que personas y corporaciones evadan impuestos a través de diversas estrategias, sostienen desde la oficina de Vallejos.
Una serie de megafiltraciones y denuncias pusieron en evidencia la dimensión del problema de la fuga en el mundo y la participación de argentinos en estos esquemas: Panama Papers, Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks y Luxleaks. La predilección de nacionales por guaridas fiscales tomó una escala investigativa nueva con la denuncia de la AFIP en relación por las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Ginebra en 2014.
“Se calcula que en el mundo existen más de U$S 12 billones registrados en empresas off-shore”, sostiene el proyecto. En América Latina en concreto, la CEPAL estima que la evasión y la elusión de los impuestos sobre la renta personal y de las empresas costaron más de U$S 220.000 millones en 2015; es decir, un 4,3% del PBI regional.
En Argentina se evade de pagar impuestos una suma que representa el 5,1% del PBI anual de acuerdo a las previsiones del Instituto Mundial de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Otro estudio, de la organización Tax Justice Network (TJN) indica que en 2016 Argentina perdió de recaudar U$S 21.406 millones de dólares por maniobras de evasión impositiva. Según el estudio, el monto representó nada menos que el 4,4% del producto.
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