El proyecto de ley que senadores y senadoras del Frente de Todos para crear un fondo de emergencia, financiado con el dinero fugado del país y no declarado, para pagar los vencimientos con el Fondo Monetario tiene hace dos años destinatarios específicos. Durante los cuatro años de apertura indiscriminada de la cuenta capital que aplicó el macrismo se fugaron 86.000 millones de dólares, casi el doble del auxilio récord que recibió ese gobierno en 2018 (44.500 millones) para mantener abierta la canilla de formación de activos externos, según un informe que, con cierta celeridad, el Banco Central realizó en mayo del 2020. El listado de fugadores incluye al Grupo Clarín, Techint, Arcor y Aceitera General Deheza como personas jurídicas y a la familia Eskenazi, Claudio Belocopitt (Swiss Medical) y Gerardo Wethein, entre las personas "humanas". El foco está --y siempre estuvo-- en la fuga que fue financiada por el FMI y que ahora, tras un acuerdo para refinanciar la deuda con el organismo, el peso de ese compromiso vuelve a recaer sobre toda la población.
El documento de la autoridad monetaria se había conocido en medio de las negociaciones con los acreedores privados y, tras su difusión, se esperaba que fuera un elemento de discusión para una posición más dura del país. De hecho, en simultáneo se realizó un estudio de los movimientos que realizaron grandes fondos de inversión con guaridas fiscales, entre las que se encuentra el gigante financiero Blackrock. De este fondo se conoce el recorrido del dinero que dolarizó y sacó del país, mientras que mantuvo la posición más beligerante en la negociación con el equipo económico para reestructurar el default que dejó el gobierno de Cambiemos. Finalmente, se cerró ese capítulo y no se usó esa carta. Esto generó el primer malestar del kirchnerismo con el tratamiento que se estaba dando a la deuda contraída por la administración anterior.
Luego vino el momento de negociar con el Fondo Monetario. El listado de personas humanas y jurídicas que fugaron se hizo público, más allá del informe del Banco Central, y todo indicaba que se utilizaría para negociar (ni siquiera repudiar) de otra forma frente al organismo que había hecho el aporte de campaña a Mauricio Macri. Más allá de que se plasmara en documentos técnicos el proceso de fuga y que el propio Fondo Monetario reconociera que hubo salida de capitales especulativos, la negociación se mantuvo como si nada pasara, lo que explica la decisión del diputado Máximo Kirchner de dejar la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja. Hacía tiempo que con su entorno venía manifestando su malestar por la inacción frente a la información revelada. De hecho, la oposición se dio el lujo incluso de poner como condición que se retire toda responsabilidad del gobierno anterior del proceso de endeudamiento y fuga a cambio de que se aprobara el acuerdo con el Fondo para refinanciar los 44.500 millones de dólares que prestó a Macri.
El 10 de diciembre pasado en Plaza de Mayo, la vicepresidenta Cristina Kirchner había instalado nuevamente el tema. "A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales a dónde se han ido miles y millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la fugaron, de los se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el Fondo", fue el mensaje que le dejó al presidente Alberto Fernández. Tres meses después se anunciaba el arribo de un acuerdo con el Fondo, el cual, con algunos tintes de mejora, replica las mismas recetas y exigencias que el organismo impone en estos casos.
Tras la aprobación en el Congreso del acuerdo, desde el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta impulsan un proyecto para cumplir con la máxima que Cristina expresó a fin del año pasado, que "paguen quienes la fugaron". Desde el equipo económico veían poco probable judicializar esa fuga, máxime teniendo en cuenta que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, es una de las personas que engrosa la lista de fugadores, con 650.000 dólares enviados a Estados Unidos siendo presidente del máximo tribunal al día siguiente de las PASO, en la previa de la devaluación de shock que aplicó Macri y el posterior cepo con que cerró su gestión.
La fuga de capitales durante el gobierno de Macri
Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente ocho de cada diez dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. "El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó 100.000 millones de dólares en el período. En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades decidieron recurrir al Fondo, que desembolsó un préstamo récord de 44.500 millones", explica el informe del Banco Central. En el documento que elaboró la entidad que conduce Miguel Pesce señala que "a lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares.
La formación de activos externos de los residentes alcanzó los 41.100 millones de dólares. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, alcanzó los 45.100 millones. "La fuga de capitales presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares. Por su parte, la fuga de los 10 principales compradores explica 7945 millones", señala el BCRA. Entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas el 1 por ciento de las empresas que realizaron compras netas, adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos. En el caso de las personas humanas, tan sólo el 1 por ciento de los compradores acumuló 16.200 millones de dólares en compras netas durante el período.
En ese tándem se conoció los principales fugadores. Según un listado que dio a conocer el periodista Horacio Verbitsky, las principales empresas que fugaron capitales fueron Telefónica (1248 millones de dólares), Western Union (875 millones), American Express (855 millones), General Motors (749 millones), Shell (730 millones), Quilmes (701 millones), Telecom --perteneciente al Grupo Clarín (647 millones), Aluar (345 millones), Aceitera General Deheza (257 millones), FIAT (254 millones), Arcor (255), Siderar (222 millones) y Edenor (83 millones), en otras firmas de un centenar de nombres. Entre los personas humanas se destaca la familia Eskenazi (Grupo Petersen), donde Enrique figura con 40 millones de dólares; Matías, con 29 millones; Sebastián, 18 millones y Esteban, 7,3 millones. También figuran Claudio Belocopitt, con 21 millones de dólares y Gerardo Werthein, con 11 millones, entre otro centenar de apellidos.
El objetivo del proyecto anti-fuga
El proyecto para crear un fondo con que pagarle al Fondo contempla como sujetos "pasivos del aporte a personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país". En la iniciativa se considera bienes situados o radicados en el exterior, entre los que se incluyen tenencia de moneda nacional o extranjera, inmuebles, acciones o participaciones en sociedades y fideicomisos y hasta cripto-activos. En los considerando del proyecto se estima que existen 420.000 millones de dólares de argentinos en el exterior (sea literalmente fuera del país o en el "colchón"), de los cuales solo 80 millones están actualmente blanqueados ante el Fisco.
El aporte a ingresar por los contribuyentes sobre la totalidad de los bienes objeto de la presente ley se corresponderá con una tasa del 20 por ciento si se hace de forma voluntaria y sin intervención de al AFIP. Luego de una ventana de seis meses para esa presentación voluntaria tras la vigencia de la norma, la tasa se eleva al 35 por ciento y se incrementa el 50 por ciento si se realiza por intimación del ente recaudador. "El monto a partir del cual se considera como acreditada la colaboración del colaborador no debe ser inferior a los 15 millones de pesos "en concepto de tributos evadidos u omitidos por operación, el cual será actualizado". Habrá también un incentivo para que se denuncie a fugadores. "El incentivo será materializado por un premio de hasta el 30 por ciento del monto total efectivamente recaudado". Con este fin, se acompañó la iniciativa con otro proyecto de ley que busca modificar el secreto en el sistema financiero y fiscal.
Si se recuperara al menos una décima parte del dinero fugado, podría pagarse cash al FMI, la inversa del aporte que hizo el organismo para permitir dicha formación de activos externos.
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