Los fondos de inversión muestran a Ecuador como un ejemplo para la reestructuración de la deuda externa, en contraposición al accionar argentino. El gobierno de Lenin Moreno armó un nuevo perfil de bonos en conjunto con una porción de sus acreedores, pero eso no le garantizó acumular las adhesiones suficientes para obligar al canje a la totalidad. Si bien esta nación consiguió cinco años de gracia, el resto de las condiciones son mucho menos favorables que las planteadas por Alberto Fernández.
El fondo buitre BlackRock participa de una coalición para cambiar continuamente sus demandas en la negociación de la deuda argentina. A lo largo de las negociaciones, el grupo casi que no modificó su pretensión de retorno por los títulos públicos (menos de tres centavos por dólar), mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mejoró la propuesta en 15 centavos hasta los actuales U$S 0,535 por cada U$S 1.
Estos acreedores mantienen su terquedad a la par de que denuncian que los esfuerzos argentinos no son suficientes. Una hipocresía que fue calificada como “negociación de mala fe” por Hans Humes, el presidente ejecutivo de Greylock Capital, uno de los fondos que abdicó de esa fuerza de presión para avalar la última oferta de Guzmán.
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La tarea de estos acreedores se ve facilitada cuando medios de comunicación dejan entrever su claro favoritismo por estos gigantes financieros al exigir que el Estado se achique pero a la vez repiten que no es costoso un mayor esfuerzo fiscal para la deuda.
La especulación para obtener ganancias extraordinarias llevó a BlackRock y sus pares a ejercer manipulación política y fue esa la que le valió la calificación de “buitre” por parte de Cristina Kirchner en 2014. Como descripción gráfica de hasta dónde llegaban sus pretensiones, fue acusada por la entonces presidenta de intentar "poner de rodillas a la Argentina".
La cara que muestra en las negociaciones ecuatorianas es otra. La propuesta que surgió del trabajo conjunto entre el gobierno y los fondos consiguió hasta ahora la aprobación del 53% de los tenedores de los títulos públicos elegibles. No obstante, no llega a la porción necesaria. El soberano precisa el 50% de los bonistas de cada serie o el 66% del total (excepto uno que vence en 2024, que requiere del 75%).
El Ejecutivo pro-mercado que conduce Moreno y los buitres sólo redujeron las obligaciones externas de los U$S 17.375 millones a U$S 15.900 millones. La oferta consiste en U$S 3.800 millones en 2030, U$S 8.600 millones en 2035 y U$S 3.500 millones en 2040.
Guzmán no divulgó los avales en ningún momento; sólo se sabe que fueron in crescendo desde el casi 10% obtenido en abril que había revelado El Destape hasta un porcentaje considerable. La mayor aceptación obtenida por Ecuador de todos modos no le garantiza un resultado satisfactorio, pero en caso de que lo consiga, no por eso será definitorio y garantizará estabilidad para los próximos años.
La Argentina de Macri emitió deuda a tasas ocho veces más altas que las del mercado, al punto que muchos de los bonos suscriptos con ley estadounidense superen el 6% e incluso el 8%. El canje de Guzmán pretende recortar ese interés a uno que avance progresivamente y que toque el 5% desde 2024 en una de las series, desde 2028 en otras dos y que el resto se mantenga por debajo, al menos hasta 2038 en uno de los casos. Otros dos títulos, a 2030, se mantienen al 1% hasta ese año o suben hasta el 1,75%. La última emisión, a 2041, alcanzará su pico de 4,875% en 2029.
La meta de Guzmán convertir en sustentable al perfil de vencimientos. Ecuador pretende que las tasas se reduzcan del 9,2% hasta el 5,3%, un interés para nada bajo comparado con los internacionales, lo que no garantiza al país de la latitud 0 entre en default nuevamente después de la docena de oportunidades en que así ocurrió y le saque aún más ventaja a Argentina en esta práctica.
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