El Gobierno presentó anoche el proyecto de ley de Presupuesto 2022, en el cual no se contempla en las estimaciones de recursos y gastos los compromisos heredados del macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No alcanzar un acuerdo con el organismo que permita prorrogar los plazos, al menos patear los vencimientos del año próximo en torno a 20.000 millones de dólares, obligaría a una reducción de inversión en infraestructura y subsidios por 2,4 billones de pesos, lo que implicaría "un incremento tarifario incluso más elevado que el efectuado por la gestión anterior", según un comparativo que incluyó el equipo económico en la ley de leyes económicas para explicar el impacto de la deuda con el Fondo en el Presupuesto. Si se elige el camino del gasto en partidas sociales, pagarle al FMI tendría como contrapartida reducir fuertemente asignaciones, programas sociales y partidas asociadas a la Salud y Educación.
La deuda con el FMI es el principal limitante para el diseño de un Presupuesto que busque sea convalidado por el organismo en la negociación. El pago de intereses por 20.000 millones de dólares, casi la mitad del mega desembolso que recibió el macrismo (45.000 millones de dólares), implica una carga que obstaculiza una política más expansiva para la recuperación económica. "Una asignación selectiva de los gastos primarios permitirá atender con carácter prioritario las acciones en favor de la seguridad social, incluida la movilidad previsional y la asignación universal por hijo y por embarazo; la educación; la ciencia y tecnología; la inversión en infraestructura económica y social; la salud; la promoción y asistencia social; la seguridad y el sistema penal", sostiene el texto de 4851 páginas del Presupuesto.
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"Este Proyecto de Ley de Presupuesto está pensado para cuidar a Argentina, cuidar su recuperación y asegurar un crecimiento sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior", asegura. En el detalle, se incluye un apartado, que intenta explicar la decisión de realizar las proyecciones sin contar con los vencimientos con el FMI y abrir el debate parlamentario previo a un eventual acuerdo, donde se analizan dos "escenarios" a los que debería recurrir el Gobierno si debiese pagar lo acordado por Macri en 2018.
"Si este Proyecto de Presupuesto previera el pago de la totalidad de los vencimientos del principal en el marco del Acuerdo del 2018 con el Fondo Monetario Internacional, se colocaría al Estado Nacional en una grave situación por tener que incurrir en una carga de pagos insostenible de alrededor de 20.000 millones de dólares (4 por ciento del PBI) lo que obligaría a postergar prioridades de política públicas esenciales", destaca el Presupuesto. "Se pone en conocimiento de este Honorable Congreso de la Nación las devastadoras consecuencias para Argentina que conllevaría el pago de dichas obligaciones durante 2022", agrega la ley de leyes económicas.
El Gobierno decidió entonces realizar el Presupuesto sin contabilizar esa erogación, dado que "debería propiciarse una reducción significativa en partidas presupuestarias que resultan prioritarias para atender los objetivos de política", generando con "toda probabilidad una crisis social de magnitudes absolutamente desproporcionadas en relación a nuestra historia".
Los escenarios de ajuste
El Gobierno presentó escenarios de reducción del gasto primario necesarios para hacer frente al pago al Fondo por 20.000 millones de dólares en 2022 producto de "la deuda insostenible contraída por la administración anterior".
Esto implicaría para la Argentina postergar prioridades de política tales como:
a) Posibilidad 1: con respecto a éste proyecto de Ley de Presupuesto, se debería reducir la Inversión en infraestructura por 1,3 billones de pesos y los subsidios económicos por 1,1 billones. "Esto implicaría paralizar la obra pública de sectores de la economía claves para la recuperación, en simultáneo con un incremento tarifario incluso más elevado que el efectuado por la gestión anterior", asegura.
En términos concreto, conllevaría suspender leyes determinantes para el desarrollo de ciertos sectores como la Ley de Financiamiento Educativo Ley N° 26.075, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N° 27.614 y la creación del FONDEF Ley N° 27.565.
b) Posibilidad 2: Otro escenario implica reducir asignaciones, programas sociales y partidas asociadas a la Salud y Educación. "Compensar por una cuantía similar las partidas asociadas a las políticas sociales, de educación y salud, implicaría reducir el presupuesto anual de AUH/AAFF, Programas sociales como el Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, Becas PROGRESAR, REPRO II y Vacunas COVID-19, como así también todo tipo de transferencias corrientes a Provincias y Universidades", detalla el texto del Presupuesto.
Ante cualquiera de estos escenarios, no solo se ralentizará el crecimiento económico, sino que se postergarían oportunidades de trabajo. "Argentina enfrentaría un descalabro social y económico de una magnitud prácticamente impredecible. Ante un shock de tal magnitud, la imprevisibilidad sería mayúscula y por lo tanto no es factible pronosticar con un rango de validez informativo las consecuencias que hacer frente a los compromisos de deuda con el FMI asumidos por la administración anterior conllevaría en términos de caída de la actividad, del empleo, del salario real, aumento de la pobreza, de la desigualdad, y en cuanto a las oportunidades de desarrollo humano y social en nuestra Nación", concluye el apartado del Presupuesto.
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