La penosa deriva de la economía desde 2015 a esta parte, resulta paradójicamente la mayor chance de un acuerdo con el FMI. Y es que el país imaginado por este organismo no difiere en demasía del actual contexto, en el que las jubilaciones, luego de perder 20 puntos durante el gobierno de la alianza Cambiemos y no recuperar prácticamente nada en el actual, llevaron a que el gasto previsional, que insume el cincuenta por ciento del presupuesto nacional, haya ya sufrido el ajuste buscado. En relación a la legislación laboral, si bien es cierto que el Fondo preferiría también una mayor flexibilidad, la realidad es que los nuevos modelos de contratación (uberización), el 40 por ciento de trabajadores no registrados, y la caída de 30 puntos en el poder adquisitivo salarial desde 2015, llevando al salario argentino del tope en Latinoamérica al séptimo lugar, resulta en un mercado de trabajo lo suficientemente precarizado para seguir siendo ajustado, o desde la óptica del Fondo, necesario de ser ajustado para atraer nuevas inversiones.
Tampoco la exigencia de un menor déficit fiscal genera diferencias irrenconciliabes, pues si bien trascendió que el 3 por ciento presentado por el gobierno para el año próximo, llegando al déficit cero en 2026, resulta más generoso que el proyectado por el Fondo, que incluiría superávit en 2016, tanto este organismo como la cartera de Economía consideran que es tiempo de ir cerrando el rojo fiscal, a lo cual se suma que, en uno de sus pocos cambios con sus recetas tradicionales, el Fondo ya no sostiene que los impuestos al capital más concentrado atenten contra la inversión, por lo que el cierre podría ir efectuándose sin necesidad de efectuar un fuerte recorte en el gasto. La mayor divergencia aquí, es cuánto de este déficit será financiado con emisión monetaria, pero hay coincidencia en disminuir el rojo de los subsidios a la energía y el transporte, presupuestados para este año por 806 mil millones de pesos pero que se descuenta superará el billón, para lo cual el gobierno ya comenzó a proyectar la eliminación de su universalización y a activar la demorada “sintonía fina”, que comenzó el re-empadronamiento de las facturas de electricidad.
Es por eso que en la actualidad, la mayor divergencia para acordar un programa que le permita al país evitar un default con el FMI, o lo que es lo mismo con los 190 países que lo componen, es el control de cambios, o más precisamente el valor del dólar oficial, pues desde el FMI consideran que la brecha mayor al 100 por ciento que en la actualidad se da entre el dólar mayorista y las cotizaciones paralelas, es un factor que atenta contra la acumulación de reservas internacionales (dólares), fundamentales para que el FMI se asegure el re pago de la deuda.
Si bien nadie niega esta apreciación, el gobierno considera inviable que el cierre de la brecha se de por un salto devaluatorio, por las repercusiones que el mismo tendría sobre la pobreza y la estabilidad política. Por caso, un estudio de la consultora Analytica expuso que una devaluación del 20 por ciento supondría un traslado a los precios de los alimentos cercano al 10 por ciento en un periodo de tres a nueve meses, lo que generaría 2,1 millones de pobres nuevos, llevando la pobreza al 45,1 por ciento de la población, es decir 4,5 puntos más que en la última medición.
En rigor, una moneda nacional devaluada fue siempre una imposición del Fondo, desde el aspecto estratégico para que la industria sea competitiva por bajos salarios en lugar de la ciencia y tecnología, hasta el lado práctico de reducir la demanda de divisas. Pero lo cierto es que en la actualidad el dólar oficial se encuentra en un nivel cercano al equilibrio macroeconómico, teniendo en cuenta no solo los salarios y las jubilaciones sino el tipo de cambio multilateral, esto es el valor del dólar en comparación con nuestros principales socios comerciales, pues se encuentra, según el índice del BCRA, dentro del área de depreciación histórica, como así también en el valor promedio de la última década, teniendo como como resultado, desde hace tres años, fuertes superávits en la balanza comercial, por encima de los 10.000 millones de dólares.
Proyección
Que la actualidad de las jubilaciones y pensiones, así como salarios y modalidades de contratación del grueso de los trabajadores no desentonen con los planteos del FMI, da cuenta del resultado que tuvo la elección del 2015, es decir de la puesta en marcha de un proceso de ajuste sobre los estratos más débiles de la sociedad.
Sin mucho más que demandarle al país en estos aspectos centrales para el FMI, y con el riesgo de generar una grave crisis socioeconómica que tendría repercusiones regionales, -es necesario recordar que nuestro país es el primer socio comercial en la región de la novena economía del mundo, Brasil-, pareciera lógico que este organismo acepte flexibilizar algunos puntos de sus tradicionales Acuerdos de Facilidades Extendidas, sobre todo luego de demostrar el poder de veto que mantiene, al negarle a la Argentina dos de sus principales pedidos, extender el acuerdo de 10 a 20 años y no pagar la penalidad de sobretasa por recibir un crédito mayor al de la cuota parte que le corresponde, lo que implica pagos adicionales anuales por entre 800 y 1.200 millones de dólares.
Por el lado del gobierno, quedan ya pocas dudas que está prácticamente descartado la falta de un acuerdo con este organismo. Por un lado, el nivel de deuda que la alianza Cambiemos contrajo con el FMI, esto es pagos de capital por 18.000 millones de dólares en 2022 (7.000 millones en el primer trimestre del año que se sumarán a los 2.400 millones del Club de París), 19.000 millones en 2023, y 5.000 millones en 2024, además de los 4.700 millones de este año de los que se abonaron 2.500, exhibe el grado de sujeción que el macrismo introdujo en nuestro país con el organismo, dificultando la obtención de semejantes montos por parte de fuentes alternativas. Por el otro, la posibilidad de un default con este organismo, que ni siquiera fue encarado por Alexis Tsipras, el primer ministro griego líder del Frente de extrema izquierda Syriza durante la última crisis nacional en la que intervino el FMI, luce poco probable en un gobierno que, según quien quiera evaluarlo, no se inclina por confrontar con estamentos de poder (Vicentín, exportadores de granos, Ley de Medios) o bien no quiere exponer a la población a mayores penurias.
Mientras, el país apunta a crecer un 10 por ciento anual, con una generación de empleo privado que crece por onceavo mes consecutivo. Toda una demostración de lo que puede hacer el país sin la tutela del FMI y sus anhelos devaluadores
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